El Estado fracasa como padre

Cuando Sara Casas vio entrar en la nave industrial en la que viv¨ªa a la trabajadora social ya supuso lo que le esperaba. "Van a retirarnos a la ni?a", recuerda que le dijo a su pareja. La conoc¨ªa. Era la misma que le hab¨ªa acompa?ado en sus seis a?os de peregrinaje por centros de protecci¨®n de Andaluc¨ªa. Sali¨® del ¨²ltimo al cumplir la mayor¨ªa de edad, y asegura que la Administraci¨®n no se volvi¨® a preocupar de ella hasta que se enteraron de que esperaba un hijo. Lo mismo que afirman haber vivido muchos de los j¨®venes criados en estos centros, que alegan que el Estado que ejerci¨® legalmente de padre durante su infancia les dej¨® en la calle y con pocos apoyos al cumplir los 18. Algunos logran encauzar su vida con ¨¦xito; otros, sobre todo los que fueron para el Estado unos hijos rebeldes, fracasan en su intento de reinsertarse en la sociedad.

El recorrido por las instituciones acaba de forma habitual en la c¨¢rcel

La Administraci¨®n niega la aptitud de educar a sus hijos a mujeres que educ¨®

El informe del Defensor del Pueblo sobre centros de menores alerta de "la escasez de recursos existentes" para los j¨®venes que cumplen 18 a?os, edad en la que deben abandonar el sistema de protecci¨®n. Seg¨²n el an¨¢lisis del Defensor, esta situaci¨®n provoca que pasen de un entorno con una estructura muy reglada a vivir libremente, lo que les deja "en cierto modo desamparados" y en peligro de "sufrir graves retrocesos en su evoluci¨®n".

Seg¨²n el informe, "en la mayor¨ªa de los centros no se lleva a cabo un seguimiento formal de los menores" cuando salen, sino que son ellos los que contin¨²an "llamando y visitando" las instalaciones. Muchas comunidades cuentan con planes espec¨ªficos para apoyarles cuando dejan los hogares del Estado. Les ofrecen ayudas econ¨®micas, pisos compartidos y tutelados y formaci¨®n para ayudarles en su reinserci¨®n social y laboral. Adem¨¢s de en la forma, los recursos de las comunidades coinciden en el fondo: s¨®lo se suman a ellos los j¨®venes que voluntariamente quieren. "Si en la adolescencia han respondido a toda la intervenci¨®n educativa de los centros, se les va preparando para que cuando salgan se integren en la red de pisos tutelados y los dem¨¢s recursos", dice Carmen Belinch¨®n, directora general de Infancia y Familias de Andaluc¨ªa, que cifra en alrededor del 80% el n¨²mero de j¨®venes que se adhieren a este plan al cumplir la mayor¨ªa de edad. Con los que no quieren ayuda, no se puede hacer nada, a?ade Belinch¨®n. "No podemos obligarles a quedarse. Ahora bien, siempre se llevan el tel¨¦fono y la direcci¨®n por lo que puedan necesitar".

Estos programas tienen especial seguimiento entre los menores extranjeros que llegaron a Espa?a sin familia y quedaron a cargo de la Administraci¨®n. Los espa?oles optan en su mayor¨ªa por intentar recuperar los v¨ªnculos familiares o buscar su emancipaci¨®n en solitario. "Lo ideal ser¨ªa que todos pasaran por pisos tutelados, pero muchos est¨¢n hartos de vivir institucionalizados y lo que quieren es salir del sistema", apunta el Defensor del Pueblo de Andaluc¨ªa, Jos¨¦ Chamizo. La realidad es que cuando abandonan el centro muchos se encuentran desorientados, con un fuerte desarraigo familiar y pocas caras conocidas en el mundo exterior.

A Sara Casas le retiraron la ni?a que tuvo tras aquel primer embarazo y los mellizos que nacieron un a?o despu¨¦s. Los tres, de cuatro y tres a?os, viven en un centro y ven a su madre dos horas a la semana. La joven, que tiene 25 y ha conseguido un contrato de trabajo por un a?o, cuenta que lo mismo que a ella le ha pasado a muchas otras de sus ex compa?eras de piso del Estado. "En cuanto se enteran de que est¨¢s con una barriga, te quitan el ni?o", asegura. La raz¨®n, como en el caso de Sara, suele ser la falta de recursos de las madres, j¨®venes que crecieron y se educaron bajo la tutela de una Administraci¨®n que luego las considera "no aptas" para cuidar de sus hijos.

No hay estad¨ªsticas que recojan cu¨¢ntos de estos j¨®venes que fueron hijos de la Administraci¨®n acaban descarrilando, pero los expertos aseguran que son muchos. Sara conoce a "demasiados" ex compa?eros que han fracasado en su intento de lograr reinsertarse en la sociedad al salir de esos hogares tutelados. "Unos acaban en la c¨¢rcel y muchos enganchados", cuenta. Su hermano peque?o est¨¢ en prisi¨®n por robo: pas¨® su primera infancia en centros de protecci¨®n, la adolescencia en los de reforma y ha empezado la vida adulta en la c¨¢rcel. Una trayectoria "desgraciadamente habitual", seg¨²n el abogado Jos¨¦ Antonio Bosch, que est¨¢ a cargo de la batalla judicial de Sara por recuperar a sus hijos.

"Muchas veces, cuando t¨² ves el entorno en el que nace un ni?o ya sabes que tiene el 99% de probabilidad de pasar por el sistema de protecci¨®n y de reforma penal. ?Qu¨¦ respuesta da el sistema a eso?", se pregunta el abogado, que, como el resto de expertos, reconoce que hay casos de chavales a los que les va bien al abandonar el centro, pero cree que son muchos menos de los que deber¨ªan. "Puede que mi experiencia sea m¨¢s negativa porque yo s¨®lo veo aquello que se pudre. Pero yo lo que veo es que un chaval cumple 18 a?os y lo ponen en la calle", apunta.

Asunci¨®n Garc¨ªa, presidenta de la Asociaci¨®n Proderechos Humanos del Menor, ha conocido a muchos j¨®venes que han crecido a caballo entre centros de protecci¨®n y familias con pocos recursos o muy desestructuradas. Y asegura que el resultado de esta combinaci¨®n a menudo es desalentadora: "Conozco a muchos ni?os que han salido de centros, tanto de desamparo como de reforma, y su futuro es mucho peor que si se hubieran quedado con su familia". "Los que crecen en esos pisos salen con un desarraigo total, no tienen a nadie. Tienen la c¨¢rcel. Muchos acaban all¨ª", se lamenta Garc¨ªa.

El panorama, seg¨²n el Defensor del Pueblo Andaluz, es menos dram¨¢tico. "Todo depende del perfil del menor. A algunos les va muy bien luego y a otros no". Pero Chamizo reconoce que los casos fallidos son "una realidad frecuente". De la misma opini¨®n es Jos¨¦ Luis Utrera, juez de familia de M¨¢laga, quien recalca que cada chaval criado en los centros que luego no consigue normalizar su vida es "un fracaso absoluto del sistema". "Si yo he tenido la tutela, yo soy el culpable. Casi habr¨ªa que indemnizar a esos j¨®venes", dice el juez.

Para casos como el de los hijos de Sara, Utrera habla de "ni?os desamparados de segunda generaci¨®n". Sus padres crecieron en centros y ellos est¨¢n abocados a lo mismo. "Empieza a haber un porcentaje elevado", advierte el juez. La diferencia entre una generaci¨®n y otra es que los padres de la primera no conoc¨ªan por dentro el sistema, mientras que los de la segunda han crecido en ¨¦l. Sara Casas cuenta que no puede evitar proyectar en sus hijos su propia experiencia, que en su caso no fue buena, y se le parte el alma cada vez que acaban sus visitas semanales. "Cuando voy a verlos los visten de pr¨ªncipes y son muy cari?osos con ellos. Pero s¨¦ que cuando me voy no es siempre as¨ª. Me lo hac¨ªan a m¨ª".