Sobre crisis, retrasos y reforma laboral

Es un sentir ya muy extendido que el impacto de esta crisis sit¨²a a la econom¨ªa espa?ola en una nueva encrucijada que demanda reformas estructurales. Una de las m¨¢s aludidas es la reforma laboral.

El milagro espa?ol se bas¨® en la creaci¨®n de unos 7,5 millones de empleos en unos 12 a?os. La tasa de empleo aument¨® en cerca de 18 puntos porcentuales, llegando casi al 67% de la poblaci¨®n en edad laboral. Pod¨ªamos albergar la esperanza de cumplir con los objetivos de pleno empleo marcados por la Agenda de Lisboa para 2010 (70%), al haber superado de largo a un pa¨ªs como Italia, e incluso, ligeramente a Francia. Seguir creciendo supon¨ªa tener como pr¨®xima meta ilusionante intentar alcanzar incluso a los pa¨ªses con tasas de empleo superiores al 70%, como los pa¨ªses escandinavos, Reino Unido y Holanda.

El 'milagro espa?ol' se bas¨® en crear unos 7,5 millones de empleos en 12 a?os

Nuestros mayores est¨¢n entre los menos preparados para el cambio

La recesi¨®n hace ya m¨¢s que cualquier reforma por reducir la temporalidad

El fondo de inversi¨®n local es s¨®lo una pol¨ªtica pasiva de empleo

La estructura de la negociaci¨®n colectiva apenas ha cambiado

Suecia y Alemania han aprobado medidas orientadas a la 'flexi-seguridad'

Urge establecer diferencias por edades en el salario m¨ªnimo

Los primeros datos de la crisis y las predicciones a corto plazo podr¨ªan reflejar que esta ¨¦poca dorada termin¨® y que se sustent¨® en parte en un espejismo. ?Por qu¨¦ no darle la vuelta a esta visi¨®n tan pesimista? Nuestros argumentos se sustentan en que lo que hoy podemos considerar como espejismo (el sobrepeso del sector de la construcci¨®n, por ejemplo), la baja productividad de nuestra econom¨ªa y la excesiva precariedad de los empleos forman parte end¨®gena del r¨¢pido e intenso crecimiento que ha experimentado la econom¨ªa espa?ola partiendo de un considerable retraso. Que podamos llegar a conseguir el objetivo de pleno empleo-productividad y calidad-cohesi¨®n social en el largo plazo pasa por tener como referencia los pa¨ªses que los han alcanzado. Dejemos de lado lemas como "Espa?a es diferente" y "no queremos ser suecos ni holandeses", porque, en realidad, son los ¨²nicos que cumplen con estos objetivos. Para ello tenemos que reconocer y administrar nuestro retraso, para que no sea perpetuo, y paliar, en la medida de lo posible, sus efectos colaterales, m¨¢s visibles que nunca en este periodo de crisis. Ponernos mano a la obra requiere redise?ar urgentemente una mejor combinaci¨®n de los tres tipos de pol¨ªticas de empleo: la regulaci¨®n del mercado de trabajo, las pol¨ªticas activas y las pol¨ªticas pasivas. Dar este paso al frente requiere "una reforma laboral de las de verdad", ajustada a las necesidades de los nuevos tiempos, caracterizados por el cambio t¨¦cnico y la globalizaci¨®n, y con el objetivo esperanzador de vivir otra ¨¦poca dorada algo m¨¢s sostenible.

La crisis nos recuerda que seguimos siendo un pa¨ªs en transici¨®n y que los retrasos acumulados durante el siglo XX no se recuperan en dos d¨¦cadas. Hemos vivido de forma acelerada el cambio educativo, la incorporaci¨®n de la mujer al mercado de trabajo y la llegada masiva de inmigrantes, fen¨®menos interrelacionados que se iniciaron con 30 a?os de adelanto en muchos pa¨ªses de la UE-15. Hay algunos datos que confirman este retraso hasta justo antes del inicio de la crisis.

En primer lugar, despu¨¦s de Irlanda, Espa?a era el pa¨ªs de la UE-27 con mayor peso del sector de la construcci¨®n entre la poblaci¨®n en edad laboral. Por el contrario, era el segundo (s¨®lo por encima de Rumania) con el menor peso del sector educativo: 8,7%, frente al 3,6%, en 2007, respectivamente. Lo contrario que en Suecia: 4,7% en la construcci¨®n y 8% en el sector educativo.

En segundo lugar, Espa?a segu¨ªa siendo el pa¨ªs con m¨¢s empleo en ocupaciones que no requieren de calificaci¨®n: 9,9% de la poblaci¨®n en edad laboral. Por el contrario, la proporci¨®n de t¨¦cnicos y profesionales (20,7%) segu¨ªa siendo parecida a la de Grecia o Polonia, por ejemplo, y entre 10 y 15 puntos por debajo de los pa¨ªses escandinavos, Holanda o Reino Unido. Un simple c¨¢lculo indicar¨ªa que para tener una tasa de empleo y una estructura ocupacional como la holandesa, Espa?a deber¨ªa crear aproximadamente 4,7 millones de empleos de t¨¦cnicos y profesionales, y unos 4 millones se requerir¨ªan para parecernos a los suecos o daneses.

En tercer lugar, en el uso de ordenadores en los hogares, nos situamos 18 puntos por debajo de la UE-27 en el rango de edad de 55 a 64 a?os, y entre 40 y 50 puntos si nos comparamos con los pa¨ªses de referencia.

Y en ¨²ltimo lugar, en la formaci¨®n a lo largo de la vida tambi¨¦n acumulamos un retraso importante: 18 puntos porcentuales por debajo de la UE-15 y una media de 50 puntos respecto de los pa¨ªses escandinavos.

Lo ocurrido en esta ¨²ltima d¨¦cada en Espa?a con la construcci¨®n se puede explicar en parte, aunque no en exclusiva, como resultado o componente end¨®geno del crecimiento. La intensa creaci¨®n de empresas y empleo y el aumento de la actividad laboral [cerca de 5,5 millones m¨¢s de activos, de los cuales 3 son inmigrantes, es decir, nuevos residentes] han requerido una actividad intensiva de la construcci¨®n para poner en pie las infraestructuras necesarias. Tambi¨¦n ha ocurrido en Irlanda en tiempos similares, o en la mayor¨ªa de los pa¨ªses de la UE-15 en d¨¦cadas anteriores, aunque quiz¨¢ no tan acelerada. Si nos comparamos con estos pa¨ªses, el exceso de personas empleadas en este sector se podr¨ªa cifrar entre 3 y 4 puntos porcentuales de la tasa de empleo. Muchas personas han abandonado el sistema educativo atra¨ªdas por las oportunidades ofrecidas por la construcci¨®n, sin necesidad de tener formaci¨®n previa. Hacer frente a la crisis con medidas tales como el Fondo Estatal de Inversiones Locales deben considerarse s¨®lo como una pol¨ªtica pasiva, destinada a aliviar los problemas acuciantes de los desempleados de la construcci¨®n durante unas semanas, lo que dure la reparaci¨®n de miles de aceras municipales.

Parece evidente que s¨®lo se pueden gestionar los efectos colaterales mediante pol¨ªticas activas que permitan la movilidad ocupacional de estos colectivos. Los m¨¢s j¨®venes pueden volver al sistema educativo reglado llegando a ser t¨¦cnicos de apoyo o, por qu¨¦ no, titulados universitarios. Pero los dem¨¢s, con una oferta de trabajo m¨¢s inel¨¢stica, ?qu¨¦ tipo de formaci¨®n deber¨ªan adquirir?, ?est¨¢ nuestro sistema de formaci¨®n profesional preparado para facilitarles la transici¨®n una vez aparcada la crisis?

Espa?a se est¨¢ enfrentando al cambio t¨¦cnico y a la globalizaci¨®n con importantes diferencias educativas intra- e intercohortes en comparaci¨®n con los pa¨ªses con los que queremos competir. Tenemos la mayor proporci¨®n de titulados universitarios entre nuestros j¨®venes y tambi¨¦n la mayor proporci¨®n de abandono escolar en edad temprana. Adicionalmente, por el retraso en el cambio educativo y los d¨¦ficits acumulados en formaci¨®n continua, nuestros mayores est¨¢n entre los menos preparados para el cambio t¨¦cnico. El ajuste ocupacional que requiere este cambio implica que tengamos que amortizar a mayor velocidad los puestos de entrada de los salientes y crear nuevas ocupaciones para los entrantes. El cambio se presenta pues m¨¢s costoso que en otros pa¨ªses. Existen varios frenos para que se produzca este ajuste, y todos ellos pueden ser a¨²n m¨¢s importantes con el cambio demogr¨¢fico que se producir¨¢ en la pr¨®xima d¨¦cada.

Entre esos frenos destaca la a¨²n considerable oferta de j¨®venes entrantes con escaso bagaje educativo, que pueden relevar a los salientes sin que se amorticen sus puestos de trabajo. La abundancia de empleos disponibles de baja cualificaci¨®n ocupados por personas de edad avanzada, as¨ª como el bajo rendimiento del capital humano, son, a su vez, incentivos para el abandono escolar.

Otro freno es el envejecimiento demogr¨¢fico de los nativos previsto para la pr¨®xima d¨¦cada, lo que, combinado con la brecha educativa entre j¨®venes nativos e inmigrantes, reducir¨¢ el n¨²mero de titulados universitarios entrantes en m¨¢s de un mill¨®n en comparaci¨®n con la anterior y disminuir¨¢, por tanto, en igual cuant¨ªa la oferta de trabajadores para ocupaciones de t¨¦cnicos y profesionales.

Adem¨¢s, la edad media del votante mediano no s¨®lo aumentar¨¢ en las elecciones sindicales, sino tambi¨¦n en las generales, reduciendo los incentivos para llevar a cabo las reformas necesarias para el cambio t¨¦cnico. En otras palabras, se considerar¨¢ a¨²n m¨¢s rentable en t¨¦rminos electorales abordar el tema de las pensiones y jubilaciones (anticipadas) que el mileurismo.

Con este panorama, parece evidente que urge que se pongan en pr¨¢ctica medidas que permitan soltar los frenos y acelerar el cambio t¨¦cnico: invertir de forma decidida en formaci¨®n continua, intensificar la lucha contra el fracaso escolar, reducir la brecha educativa entre alumnos nativos e inmigrantes, planes para la inmigraci¨®n de t¨¦cnicos y profesionales y reformas institucionales que permitan una mejora de las condiciones laborales (salariales y no pecuniarias) de los trabajadores con educaci¨®n superior. Por otro lado, amortizar puestos de trabajo de las personas en edad laboral avanzada no deber¨ªa significar el fomento de la jubilaci¨®n anticipada. La consecuci¨®n del pleno empleo requiere que sigan activos, aunque sea a tiempo parcial o en otro tipo de empleos. De hecho, consta que gran parte de los prejubilados lo son de forma irregular.

Son ya m¨²ltiples las propuestas que est¨¢n sobre la mesa para un en¨¦simo cambio en la regulaci¨®n de los contratos. Por ejemplo, el contrato ¨²nico con indemnizaciones por despido a coste creciente. El escaso ¨¦xito de las reformas anteriores hace sospechar, en cualquier caso, que no ser¨¢ f¨¢cil aplicar la f¨®rmula definitiva mediante un acuerdo social. Adem¨¢s, en la situaci¨®n actual y con los retos que tenemos por delante, parece insostenible que se contin¨²e incentivando la contrataci¨®n indefinida a golpe de subvenciones y rebajas de las cotizaciones a la Seguridad Social, sin una evidencia clara de sus efectos indirectos (redundantes o de peso muerto y sustituci¨®n de otros colectivos no beneficiarios).

Siguiendo esos argumentos, es m¨¢s que probable que las altas tasas de temporalidad en Espa?a sean tambi¨¦n producto o efecto colateral del r¨¢pido e intenso crecimiento econ¨®mico. Por el efecto composici¨®n y con la aplicaci¨®n de medidas que permitan acelerar el cambio t¨¦cnico, la tasa de temporalidad deber¨ªa caer sustancialmente en el futuro. De hecho, si no se aumentasen m¨¢s los empleos temporales en Espa?a y tuvi¨¦semos una tasa de empleo y una estructura ocupacional algo m¨¢s parecida a la sueca, nuestras tasas de temporalidad no ser¨ªan tan dispares. En este sentido, la recesi¨®n y el redimensionamiento de la construcci¨®n est¨¢n haciendo ya m¨¢s que cualquier reforma para que se reduzca la tasa de temporalidad.

Una causa de las altas tasas de temporalidad es la proporci¨®n de empleos no cualificados que no aumentan su productividad con el paso del tiempo en la empresa, aunque s¨ª aumentan los costes por complementos de antig¨¹edad negociados en convenios colectivos. El desajuste educativo de los j¨®venes titulados favorece la temporalidad de los empleos, al aceptar puestos de trabajo de baja cualificaci¨®n de forma transitoria. El sector p¨²blico, sobre todo localmente, tambi¨¦n ha sido en parte responsable de que no cayera m¨¢s la tasa de temporalidad. Resulta parad¨®jico destinar cantidades ingentes de dinero p¨²blico para la contrataci¨®n indefinida en el sector privado, aumentando luego la temporalidad en el sector p¨²blico. Por otro lado, la mayor parte de la temporalidad y otros aspectos que inciden en la precariedad de los empleos recae en estos momentos en la poblaci¨®n inmigrante, colectivo que deber¨ªa ser referencia en cualquier tipo de reforma, al margen de planes de retorno incentivado ineficaces e ineficientes.

Es bastante incomprensible que la estructura de la negociaci¨®n colectiva no haya cambiado casi desde la ¨¦poca franquista. Entre finales de los a?os cincuenta y mediados de los setenta se fueron configurando gran parte de los ¨¢mbitos de determinaci¨®n salarial (antes, "acuerdos", y ahora, "convenios" colectivos) que han permanecido pr¨¢cticamente inalterados desde entonces, resultando en una estructura esencialmente de sector provincial, que es la peor de todas desde un punto de vista de los resultados macroecon¨®micos. Nuestra estructura de la negociaci¨®n colectiva es ineficiente, al no reaccionar de forma end¨®gena ante los cambios en las estructuras de los mercados, al responder m¨¢s a un poder de negociaci¨®n local (especialmente en lo referente a salarios) que no se quiere ceder y que genera efectos externos interprovinciales.

La reforma se ha ido posponiendo y est¨¢ aparcada en un rinc¨®n. Como ya es habitual en momentos de recesi¨®n, los expertos recomendamos bien una mayor centralizaci¨®n, o, alternativamente, descentralizaci¨®n de la negociaci¨®n colectiva. Esta ¨²ltima es dif¨ªcil de implementar sin que una parte sustancial de nuestro tejido empresarial (las pymes) se enfrente a un vac¨ªo en la cobertura de la negociaci¨®n colectiva. Una mayor centralizaci¨®n se intent¨® con el acuerdo de 1999, con escaso ¨¦xito y con la intenci¨®n equivocada de centralizar la negociaci¨®n colectiva de todo tipo de condiciones laborales, excepto las salariales. En estos momentos parece m¨¢s necesario que nunca flexibilizar la aplicaci¨®n de los convenios colectivos y dise?ar un mejor mecanismo para el descuelgue de empresas que experimenten crisis espec¨ªficas severas.

Este problema se podr¨ªa resolver con una negociaci¨®n colectiva din¨¢mica en la que los sacrificios realizados hoy por una de las partes se puedan recuperar en el futuro, cuando la situaci¨®n econ¨®mica de la empresa se revierta. La Administraci¨®n podr¨ªa actuar como garante de este proceso de negociaci¨®n a largo plazo, estableciendo las reglas del descuelgue y las recuperaciones de poder adquisitivo. En cualquier caso, la negociaci¨®n colectiva de salarios y empleo de forma conjunta siempre se revela como una soluci¨®n eficiente. Por ello, y al menos de forma transitoria, tambi¨¦n ser¨ªa conveniente que desde los convenios sectoriales se permitiera el descuelgue salarial en aquellas empresas en las que se llegara a acuerdos para el mantenimiento del empleo.

Por otra parte, en la gran mayor¨ªa de los convenios, los salarios relativos se siguen manteniendo desde hace d¨¦cadas, al preocuparse s¨®lo por la indizaci¨®n salarial y haciendo que las tarifas pactadas s¨®lo sean vinculantes para trabajadores de baja o media cualificaci¨®n y, sobre todo, para los entrantes. Un aspecto importante es que se fijan por categor¨ªas profesionales, en lugar de por niveles educativos, fomentando la sobreeducaci¨®n a todos los niveles v¨ªa desplazamiento. Si los costes salariales de un titulado universitario o de una persona con formaci¨®n profesional (FP) son los mismos para trabajar de auxiliar administrativo, siempre se primar¨¢n las preferencias por el universitario, desplazando al que est¨¦ en posesi¨®n de la FP.

Tambi¨¦n deber¨ªamos cuestionar el rol del salario m¨ªnimo interprofesional (SMI) en la determinaci¨®n de los salarios, y en este sentido se entiende la preocupaci¨®n de los empresarios por los efectos contagio que pueda generar en la estructura salarial el hecho de que se duplique o triplique en escaso periodo de tiempo, acerc¨¢ndose o superando a las tarifas m¨ªnimas de muchos convenios. Urge un mecanismo que impida estos efectos, y en Francia existe desde hace tiempo. En cualquier caso, el SMI espa?ol es el ¨²nico de la OCDE que no se diferencia por edades. Si se prev¨¦ seguir aumentando el SMI de forma brusca, tambi¨¦n urge reestablecer la diferencia por edades, para que no incentiven el abandono escolar, ni la formaci¨®n que puedan recibir los j¨®venes en las empresas.

Varios pa¨ªses, entre ellos Suevo Suecia y Alemania, han llevado a cabo un decretazo, orientados por la tan denostada flexi-seguridad. ?ste es a¨²n un debate pendiente, pero m¨¢s necesario que nunca en Espa?a. El objetivo no es otro que las prestaciones por desempleo est¨¦n asociadas con incentivos a la movilidad laboral y ocupacional, adaptadas a nuestras circunstancias y con el apoyo de unas pol¨ªticas activas m¨¢s eficaces.

Evidentemente, como en otras ocasiones, la crisis se aprovechar¨¢ para enmascarar procesos de despido masivos a trav¨¦s de prejubilaciones (caracterizadas por un tr¨¢nsito a trav¨¦s del desempleo), muchas veces pensadas con objeto de garantizar las rentas de este colectivo, aunque a costa de perderlos indefinidamente. De fondo, que la relaci¨®n entre el sistema de prestaciones de desempleo y el sistema de pensiones no est¨¢ bien resuelta, ya que actualmente el primero est¨¢ dise?ado para facilitar el tr¨¢nsito a la jubilaci¨®n, y no la reincorporaci¨®n al mercado de trabajo. En realidad, en una ¨¦poca marcada por el envejecimiento, hay muchas reformas del sistema de prestaciones, de pensiones, o de ambos en conjunto, que permitir¨ªan no perder un activo tan valioso, como separar el cobro de la pensi¨®n de la decisi¨®n de dejar el mercado laboral. Esto permitir¨ªa, por un lado, garantizar la renta de los trabajadores expulsados y, por otro, les permitir¨ªa, en cuanto la situaci¨®n mejore, aceptar nuevamente trabajos, quiz¨¢ a tiempo parcial.

Probablemente haya llegado el momento de sopesar la posibilidad de privatizar parte de la gesti¨®n de las pol¨ªticas p¨²blicas, en especial la de intermediaci¨®n. Los Servicios P¨²blicos de Empleo, demasiado anclados en sus mercados de trabajo locales, no se han demostrado precisamente eficaces en funci¨®n de la recolocaci¨®n en la etapa anterior, cuando el n¨²mero de parados era la mitad de lo que se prev¨¦ a lo largo de este a?o. Tambi¨¦n se debe dar un paso decisivo en la evaluaci¨®n continua de las pol¨ªticas activas para conseguir que sean m¨¢s eficaces. El dinero ya no llegar¨¢ de Bruselas, y los contribuyentes exigir¨¢n cuentas.

Desde hace ya demasiado tiempo se consider¨® que el sistema de formaci¨®n tendr¨ªa que tener dos ingredientes b¨¢sicos. En primer lugar, articular toda la formaci¨®n (la reglada, incluyendo FP y universitaria, la formaci¨®n continua y ocupacional) para cubrir las necesidades del mercado de trabajo en el corto, medio y largo plazo. Para ello es necesario el reconocimiento previo de las competencias de la poblaci¨®n con experiencia laboral. En segundo lugar, la homologaci¨®n de todos los sistemas de formaci¨®n europeos y no s¨®lo el universitario. Urge, evidentemente, acelerar este proceso y resulta incomprensible que se est¨¦ retrasando tanto.

La incorporaci¨®n de inmigrantes de distintos niveles formativos para cubrir nuestras necesidades de t¨¦cnicos y profesionales tambi¨¦n requiere del reconocimiento r¨¢pido y ¨¢gil de sus competencias profesionales.

En conclusi¨®n, despu¨¦s de todo lo que se ha hecho, que no es poco, quiz¨¢ sea el momento de aceptar un paso atr¨¢s, para retomar fuerzas y continuar con uno, dos, o tres pasos adelante. Para ello, una reforma laboral integral es m¨¢s que necesaria.

Volviendo a ser pesimistas es f¨¢cil considerar que se tardar¨¢ mucho m¨¢s en implementar estas reformas que en ver sus efectos. Sospechamos que habr¨¢ una gran resistencia de los agentes sociales: no benefician a su votante mediano en el corto plazo. Adem¨¢s, tambi¨¦n se requiere una participaci¨®n activa y r¨¢pida de los funcionarios y de los pol¨ªticos en el ¨¢mbito de las comunidades aut¨®nomas. El Gobierno, sin mayor¨ªa absoluta, tambi¨¦n constituye un freno: est¨¢ en mala disposici¨®n para atreverse a cuestionar la legitimidad representativa de los agentes sociales, tal como se hizo en la "¨²ltima reforma de verdad" en los a?os 1993-1994. La experiencia fue nefasta en t¨¦rminos electorales. La oposici¨®n tampoco parece estar por la labor, para ello deber¨ªa cambiar su estrategia de conflicto pol¨ªtico permanente. En definitiva, dadas las reglas del juego, todos los agentes que deben actuar para que se implementen las reformas s¨®lo obtendr¨ªan p¨¦rdidas en el corto plazo, y ¨¦ste constituye el mayor freno para el cambio.

Florentino Felgueroso es profesor de la Universidad de Oviedo y director de la c¨¢tedra Fedea-Santander. Sergi Jim¨¦nez es profesor de la Universitat Pompeu Fabra y director de la c¨¢tedra Fedea-La Caixa.