Caama?o ante los jueces de la huelga

Francisco Caama?o, sustituto de Mariano Fern¨¢ndez Bermejo al frente del Ministerio de Justicia, tiene ante s¨ª una gran oportunidad para enderezar un conflicto que no ha hecho sino envenenarse en los ¨²ltimos tiempos. Porque lo m¨¢s sugestivo de la reciente huelga de jueces es examinar el colectivo que la ha hecho, y que podr¨ªa repetirla. En contraste con algunos magistrados que, dejando a un lado si tienen o no derecho de huelga, consideran que ¨¦sta no es la medida m¨¢s sensata para mejorar la justicia, una importante cantidad de jueces ha visto con claridad que la huelga es el camino. Son los jueces de la huelga.

Un lector de EL PA?S se?al¨® certeramente que s¨®lo si los jueces hacen una huelga larga -un a?o, suger¨ªa Juan Carlos Garc¨ªa Gonz¨¢lez, desde Burgos- podr¨ªamos darnos cuenta, porque, "en otro caso, s¨®lo pensaremos -dec¨ªa- que hacen lo mismo que cuando no est¨¢n en huelga". Y una lectora, Izaskun Fern¨¢ndez Uribe, desde Girona (EL PA?S, 19-2-2009), describi¨® a los jueces, "salvo escasas y honrosas excepciones", como "seres supremos, casi deidades", que hacen objeto a los ciudadanos de "su indiferencia y menosprecio". Por ello rechazaba que uno de los l¨ªderes de la huelga hubiera mencionado "el hartazgo de los jueces" como motivo de la misma, cuando "el hartazgo en lo concerniente a la justicia es nuestro".

Hay que regular la responsabilidad de los jueces, adem¨¢s de dotarles de m¨¢s medios para su tarea

La gran mayor¨ªa de los jueces son poco autocr¨ªticos y proliferan entre ellos los arbitrarios y arrogantes, a veces tan enamorados de su poder jurisdiccional que olvidan su funci¨®n de encontrar soluciones jur¨ªdicas y legales a los conflictos sociales que se les plantean. Formados mediante una oposici¨®n memor¨ªstica que no les entrena en la aplicaci¨®n del derecho a problemas humanos, nuestros jueces disfrutan de una alta dosis de impunidad y de una muy escasa disciplina de trabajo. Mientras que las partes de un proceso, cuando incumplen los plazos pierden el pleito, los jueces basta con que adviertan en la resoluci¨®n que no los han podido cumplir, dada la "sobrecarga de trabajo", con lo que se absuelven ellos mismos.

El juez espa?ol no ofrece, desde luego, el perfil del trabajador por cuenta ajena que, en un momento dado, acude a la herramienta colectiva de la huelga. La propia esquizofrenia de un empresario bipolar -el Ministerio de Justicia, que le paga, y el Consejo General del Poder Judicial, que le gobierna (?)- refuerza ese bajo perfil. Adem¨¢s, la escasa incidencia de su ausencia, un d¨ªa, del puesto de trabajo, les configura como unos huelguistas singulares, poco conflictivos y relativamente c¨®modos, como se comprob¨® el 18 de febrero, a pesar de todo lo dicho y escrito sobre el terrible impacto de que se suspenda la tutela judicial efectiva y un poder del Estado acuda a esa medida. La propia judicatura ha sido siempre reacia al ejercicio del derecho de huelga. De ah¨ª que sus dos asociaciones m¨¢s veteranas -la mayoritaria y conservadora Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (APM) y la progresista Jueces para la Democracia (JpD)- dejaran el experimento en manos de las dos m¨¢s noveles -la Asociaci¨®n Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente-, aunque el protagonismo mayor lo asumieron, asambleariamente, ?qui¨¦n lo iba a decir!, los jueces no asociados. A la vista del ¨¦xito estad¨ªstico del paro, es previsible que, para el 26 de junio, si la negociaci¨®n no ha prosperado, la APM trate de tomar el tim¨®n de la huelga, en la que ser¨¢ m¨¢s dif¨ªcil que participe JpD, por criterios de responsabilidad. Es curioso c¨®mo la izquierda judicial, que siempre tuvo claro su derecho a la huelga -aunque con importantes limitaciones, se ejerce en Francia, Portugal e Italia, sin que conculque la democracia ni la divisi¨®n de poderes en esos pa¨ªses-, es m¨¢s reticente y moderada sobre la oportunidad actual de una huelga de jueces, parad¨®jicamente jaleada desde la derecha medi¨¢tica. En el proceso constituyente fue la derecha quien m¨¢s se opuso a la acci¨®n pol¨ªtica, sindical y asociativa de los jueces, para, seg¨²n argument¨®, "no da?ar su prestigio". La izquierda y los nacionalistas consiguieron que se aceptara al menos el derecho de los jueces a la "asociaci¨®n profesional".

Actualmente, ante la configuraci¨®n constitucional de la huelga como un derecho fundamental de los trabajadores, ser¨ªa bueno que el legislador, ?30 a?os despu¨¦s!, diera un paso al frente para precisar el ejercicio de ese derecho y establecer por ley, como exige la Constituci¨®n, "las garant¨ªas precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad", incluidas, en su caso, las prestaciones judiciales. Con huelga o sin huelga, es necesario modernizar la Administraci¨®n de Justicia, dotarla de recursos personales y materiales y, para que la inversi¨®n no sea in¨²til, organizar todos esos medios de forma coordinada e inteligente. El Gobierno debe ocuparse, adem¨¢s, de garantizar, en fr¨ªo -sin casos Mari Luz de por medio-, la responsabilidad de los jueces, cuyo r¨¦gimen disciplinario est¨¢ obsoleto. En su programa electoral para 2004, el PSOE prometi¨® regular de modo especial "la exigencia de responsabilidad de los jueces y funcionarios judiciales, por retrasos injustificados, error judicial culposo y mal funcionamiento de la justicia".

Tal promesa, incumplida, desapareci¨® del programa electoral del 2008. En cambio, a esos jueces escasamente responsables no les ha temblado el pulso para declararle una huelga al Gobierno. Ahora el flamante ministro Caama?o puede empezar de nuevo a lidiar con la doble exigencia.