Anticorrupci¨®n ve indicios de delito en el urbanismo de Tres Cantos

Los vecinos del municipio madrile?o de Tres Cantos (40.600 habitantes) han sido testigos de varios esc¨¢ndalos pol¨ªticos en los ¨²ltimos a?os. Dimisiones, acusaciones cruzadas, grabaciones en las que se insin¨²an corrupciones... Una ensalada de desaguisados pol¨ªticos. Por eso, probablemente, no se sorprender¨¢n cuando sepan que la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha denunciado a varias personas que ocuparon cargos en el Ayuntamiento tricantino entre 2003 y 2007. Entre ellos, la ex alcaldesa Mar¨ªa del Valle de la Poza, el ex concejal de Obras Alberto Mart¨ªnez D¨ªaz y el ex jefe de Gabinete municipal Juan Carlos Delgado Quevedo. La fiscal¨ªa especial contra la corrupci¨®n y la criminalidad organizada, que investiga el caso, tambi¨¦n ha se?alado a siete empresas salpicadas por supuestos delitos de cohecho en la tramitaci¨®n del plan general del municipio.

"Hubo una persecuci¨®n pol¨ªtica. Estoy harta", cuenta la ex alcaldesa

El Ayuntamiento dice que el asunto afecta al equipo de gobierno anterior

El fiscal present¨® en julio de 2008 la denuncia ante la Audiencia Provincial, que la traspas¨® al Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 5 de Colmenar Viejo. Un juez se ha hecho cargo del caso. Tras casi dos a?os de investigaciones, la fiscal¨ªa considera que los hechos que condujeron a la aprobaci¨®n del plan, entre 2003 y 2006, "podr¨ªan ser constitutivos de delitos continuados de cohecho, falsedad documental, fraudes de funcionarios, tr¨¢fico de influencias, negociaciones prohibidas, delito contra la Hacienda P¨²blica y blanqueo de capitales". La decisi¨®n del fiscal se produce a ra¨ªz de sendas denuncias presentadas por el PSOE local en 2006.

Tanto Mar¨ªa del Valle de la Poza como Alberto Mart¨ªnez D¨ªaz pertenec¨ªan al partido independiente Tres Cantos Unido (TCU), del que fueron expulsados en marzo de 2007, tras una guerra pol¨ªtica que acab¨® con la desintegraci¨®n del partido. Juan Carlos Delgado, tambi¨¦n denunciado, era la mano derecha de la alcaldesa.

El relato comienza el 7 de mayo de 2003, cuando el Gobierno regional da el visto bueno al nuevo plan urban¨ªstico, que contemplaba inicialmente 4.500 nuevas viviendas. El Ayuntamiento, gobernado por una coalici¨®n formada por el PP y TCU, decide contratar a una empresa privada para gestionar el futuro urbanismo del municipio, es decir, llevar a cabo las expropiaciones y la adquisici¨®n de terrenos donde iba a crecer la ciudad. Y ah¨ª se oscurece el asunto. Unos d¨ªas antes de la adjudicaci¨®n del concurso de gesti¨®n del plan urban¨ªstico a la constructora FCC, en octubre de 2004, el edil popular Antonio Reino presenta su dimisi¨®n. Se marcha revelando sospechas de corrupci¨®n. En unas conversaciones grabadas a este concejal y publicadas por EL PA?S se le escucha diciendo: "Lo que sospecho es que en esto tiene que estar [Ricardo] Romero de Tejada [ex secretario general del PP regional]. (...) Huele que da pena; todo el mundo se va a forrar y yo no". Reino reconoci¨® posteriormente que estas palabras fueron fruto de un calent¨®n y rest¨® importancia a sus afirmaciones. Desde entonces la sospecha ha marcado el plan urbano de Tres Cantos. Un portavoz de FCC rechaza comentar la situaci¨®n: "Recurrimos la sentencia que anula el convenio urban¨ªstico". Sobre lo dem¨¢s no hay comentarios.

La sentencia a la que se refiere este portavoz es la que invalida el acuerdo entre el Ayuntamiento y FCC para gestionar el plan urban¨ªstico. Un juez anul¨® hace dos semanas el contrato porque no se fij¨® el precio que la concesionaria ten¨ªa que pagar al Consistorio para ordenar la urbanizaci¨®n de 389 hect¨¢reas junto a la carretera de Colmenar (M-607)."La alcaldesa particip¨® en la votaci¨®n de cuestiones relevantes del planeamiento de Tres Cantos", seg¨²n el escrito de la fiscal¨ªa. "De dichas decisiones destaca la relativa a la monetizaci¨®n de los aprovechamientos urban¨ªsticos", un concepto casi ininteligible que consiste en la valoraci¨®n econ¨®mica de los terrenos que se ceden al municipio.

Entre las obligaciones de FCC, concesionaria de la gesti¨®n del plan urban¨ªstico, estaba la expropiaci¨®n y ordenaci¨®n de las 389 hect¨¢reas urbanizables. Un jugoso negocio por el que estaba previsto levantar 7.500 pisos, casi 3.000 m¨¢s de los aprobados inicialmente. A cambio, FCC deb¨ªa reservar un porcentaje de los terrenos para viales y calles. Tambi¨¦n ten¨ªa que ceder otro porcentaje del suelo al Consistorio para uso municipal. El convenio permit¨ªa a la empresa entregar dinero a cambio de quedarse con las parcelas municipales. Esto es la monetizaci¨®n, cuyo monto no estaba precisado en el convenio urban¨ªstico.

La fiscal¨ªa se?ala que la decisi¨®n de monetizar los terrenos "se aprob¨® por el Ayuntamiento de Tres Cantos en diciembre de 2006". Entonces gobernaba De la Poza. "No tengo nada que ver con historias de ning¨²n tipo. Aprobamos el plan en 2003 y no hubo nada", sostiene la ex alcaldesa. "Hubo una persecuci¨®n pol¨ªtica. Estoy harta y no quiero saber nada sobre eso". La ex regidora, que ha abandonado la pol¨ªtica, explica que hace dos a?os acudi¨® a la fiscal¨ªa a explicar su compra de un piso en la playa, "pagado con la hipoteca de mi casa". De la Poza rechaza cualquier acusaci¨®n y defiende la gesti¨®n de su ex compa?ero Alberto Mart¨ªnez. "Est¨¢bamos en medio de una guerra pol¨ªtica", zanja en una conversaci¨®n telef¨®nica.

El fiscal relata en su escrito de denuncia que Alberto Mart¨ªnez "ten¨ªa intereses" cuando vot¨® en el pleno municipal de julio de 2004 para otorgar la gesti¨®n del plan general urbano a un concesionario privado. Mart¨ªnez no se abstuvo. Era propietario de la mitad de una parcela afectada cuando emiti¨® su voto. El otro 50% del solar pertenec¨ªa a la empresa Oskasa, pero una sentencia reservaba derechos al Grupo Montemar, propiedad de Alberto Mart¨ªnez y su esposa. El ex edil ten¨ªa intereses por partida doble. El secretario del Ayuntamiento, Mariano D¨ªaz, inform¨® aquel d¨ªa que no exist¨ªa motivo para la abstenci¨®n del concejal. La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n tambi¨¦n denuncia a D¨ªaz. Este peri¨®dico intent¨® ayer, reiteradamente y sin ¨¦xito, contactar con Alberto Mart¨ªnez. La fiscal¨ªa ha investigado pagos de cantidades no justificadas a empresas vinculadas con Mart¨ªnez.

Otro de los denunciados es Juan Carlos Delgado Quevedo, ex jefe de Gabinete de la alcaldesa entre 2000 y 2006. Seg¨²n la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, la empresa Asesor¨ªa de Proyectos de Gesti¨®n, propiedad de Delgado, recibi¨® 787.827 euros en 2006 por parte de la sociedad Trigemer "por servicios cuya realidad no consta". La fiscal¨ªa quiere saber por qu¨¦ Trigemer factur¨® al Ayuntamiento 3.245.841 euros entre 2005 y 2007. Adem¨¢s, ha comprobado los gastos de Delgado y ha determinado que entre 2004 y 2005 realiz¨® desembolsos superiores a sus ingresos.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento tricantino, Miguel Aguado, precisa que "el PP casi siempre ha sido el responsable del Urbanismo y ha gozado de la mayor¨ªa en los gobiernos de coalici¨®n con Mar¨ªa de la Poza". El responsable socialista asegura que le resulta "dif¨ªcil entender que los dirigentes populares no supiesen nada". Y concluye: "Jos¨¦ Folgado presidi¨® la gestora del PP de Tres Cantos desde entonces y me cuesta creer que tampoco supiese nada, sobre todo cuando siendo en la actualidad alcalde toma siempre decisiones que perjudican a la ciudad y favorecen, siempre, a la constructora y a los promotores del suelo".

Un portavoz del Ayuntamiento no quiso entrar al trapo y afirm¨® que "es un asunto que tiene que ver con la anterior corporaci¨®n. Estamos atentos a lo que decida la justicia".