Garz¨®n en la diana

El Partido Popular ha prescindido del respeto a las instituciones en su intento de buscar una respuesta pol¨ªtica al sumario sobre corrupci¨®n en Madrid y Valencia que instruye el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garz¨®n, y que en breve pasar¨¢ a los respectivos Tribunales Superiores por la presunta implicaci¨®n de personas aforadas. Los populares tienen todo el derecho a discrepar de las resoluciones del magistrado y a hacer valer sus puntos de vista por las v¨ªas establecidas en las normas procesales, pero ¨¦stas no incluyen una querella por prevaricaci¨®n como instrumento de chantaje. Porque eso es, exactamente, lo que ha pretendido el PP al exigir que Garz¨®n se inhibiera de la causa antes del pasado lunes.

Si los populares estiman que el juez ha prevaricado al instruir los casos de corrupci¨®n que les afectan, su obligaci¨®n es ir a los tribunales y presentar una querella sin vincular esta iniciativa a ning¨²n plazo. Otra cosa es que prospere: como bien saben los dirigentes del PP, corresponde al instructor la decisi¨®n ¨²ltima sobre el momento procesal para inhibirse y la jurisprudencia ha reconocido, incluso, la posibilidad de que pueda seguir investigando aunque haya dado traslado del sumario al tribunal superior. Cualquier presi¨®n pol¨ªtica sobre los jueces, como la llevada a cabo durante los ¨²ltimos d¨ªas por el PP sobre Garz¨®n, supone un atentado contra el equilibrio y la colaboraci¨®n que deben regir las relaciones entre poderes del Estado.

Ese mismo mensaje es el que ha hecho llegar con excesiva timidez y generalidad en los argumentos la comisi¨®n permanente del Consejo General del Poder Judicial a su vicepresidente, Fernando de Rosa, quien aval¨® en unas declaraciones p¨²blicas la exigencia de que Garz¨®n se inhibiese cuanto antes, adem¨¢s de esparcir la sospecha de la prevaricaci¨®n. Aunque m¨¢s tarde matiz¨® en un escrito que las hab¨ªa realizado a t¨ªtulo personal (sorprende que un vicepresidente del Poder Judicial pueda realizar declaraciones "a t¨ªtulo personal" en un canal de televisi¨®n), el pleno del ¨®rgano de gobierno de los jueces podr¨ªa volver sobre el asunto en su pr¨®xima reuni¨®n. El protagonismo asumido por De Rosa, ex consejero de Justicia de la Generalitat valenciana bajo un Gobierno del PP, demuestra que las acusaciones de los populares contra Garz¨®n no responden a la voluntad de reforzar el Estado de derecho evitando las pasarelas personales entre poderes, sino al simple oportunismo: cuanto dicen del magistrado de la Audiencia Nacional y su antigua relaci¨®n con los socialistas resultar¨ªa de estricta aplicaci¨®n a De Rosa, aunque referida a los populares.

Cargar desde un partido contra el juez que instruye un sumario por corrupci¨®n no puede formar parte del abanico de respuestas aceptables en un Estado de derecho. No s¨®lo es incompatible con el respeto a la independencia judicial; es, adem¨¢s, un error pol¨ªtico que se acaba pagando tarde o temprano.