Los barones del PP salen en tromba contra el pacto de infraestructuras
S¨¢nchez-Camacho evita desmarcarse de las cr¨ªticas de Aguirre, Arenas y Herrera
Que se cumpla lo que fija una ley org¨¢nica como es el Estatuto y que el Gobierno central y la Generalitat lleguen a un acuerdo para desarrollar infraestructuras no gusta al Partido Popular. Los barones territoriales del PP salieron ayer en tromba contra el pacto del martes entre la ministra de Administraciones P¨²blicas, Elena Salgado, y el consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura, que significa una inversi¨®n extra de 800 millones en infraestructuras de acuerdo con el Estatuto catal¨¢n. Eso se a?ade a los 4.006 millones ya incluidos en los presupuestos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, acus¨® ayer al presidente del Gobierno, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, de "arreglar por la puerta de atr¨¢s" los problemas de algunos espa?oles "en detrimento" de los madrile?os.
Esta "puerta de atr¨¢s" es el cumplimiento estricto de la disposici¨®n adicional tercera del Estatuto. ?Y c¨®mo se aplica? Los d¨¦ficit en infraestructuras se calculan cada a?o desde 2007. As¨ª, el Gobierno central realiza esta suerte de liquidaci¨®n analizando el grado de cumplimiento de las inversiones acordadas. S¨®lo en 2007 quedaron 500 millones de euros quedaron sin asignar. A esta cifra hay que sumarle la cantidad que dej¨® de gastarse en 2008, que a¨²n no ha sido calculada. Con los 800 millones extra pactados, Gobierno y Generalitat esperan enjugar parte de este d¨¦ficit de inversi¨®n. Casi todas las partidas son para obras concretas que se ejecutar¨¢n o, al menos, se iniciar¨¢n en 2009.
Pero al PP este sistema le parece casi una perversi¨®n, pese a que todos sus dirigentes, cuando visitan Catalu?a, insisten en la necesidad de invertir m¨¢s en infraestructuras. Pero una cosa es su discurso en Catalu?a y la otra el que practican sus dirigentes territoriales en otras comunidades.
Tambi¨¦n se expres¨® seg¨²n su supuesto agravio regional el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, que dijo que el acuerdo con Catalu?a es una "ofensa" para Andaluc¨ªa. Otro destacado bar¨®n territorial del PP, el presidente de la Junta de Castilla y Le¨®n, Juan Vicente Herrera, sostuvo que el pacto es "alarmante". El vicepresidente primero de la Generalitat valenciana, Vicente Rambla, calific¨® de actuaci¨®n "sectaria e insultante" el acuerdo con Catalu?a
La presidenta del PP en Catalu?a, Alicia S¨¢nchez-Camacho, al ser preguntada ayer por este peri¨®dico al respecto de todas estas declaraciones, evit¨® contestar, y mucho menos quiso calificarlas. S¨¢nchez-Camacho se limit¨®, por escrito, a culpar al presidente del Gobierno. "El problema de fondo es que Zapatero no ha arreglado el modelo de financiaci¨®n y los presidente auton¨®micos se sienten despreciados y piden recursos para sus comunidades", indic¨®. S¨¢nchez-Camacho considera "un error haber vinculado financiaci¨®n y Estatuto" porque ha generado un retraso de tres a?os.
Por su parte, CiU denunci¨® que el Gobierno central ha acumulado un impago de 2.700 millones de euros de inversi¨®n en infraestructuras que, seg¨²n los nacionalistas, deber¨ªa haber recibido Catalu?a desde 2007 para cumplir el Estatuto. Oriol Pujol dijo que se trata de una "negociaci¨®n de trileros". Seg¨²n las cifras de CiU, la cantidad adicional no deber¨ªa ser de 800 millones, sino de 2.813 millones. Estas cifras fueron desmentidas ayer por la Generalitat.
IU tambi¨¦n critica
El coordinador general de Izquierda Unida (IU) en Andaluc¨ªa, Diego Valderas, tambi¨¦n acus¨® ayer al presidente del Gobierno, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, de "discriminar" el Estatuto de Andaluc¨ªa y de dar a Catalu?a "lo que niega a los andaluces". El l¨ªder comunista andaluz denunci¨® lo que entiende como posici¨®n "privilegiada" del Estatuto catal¨¢n. Su hom¨®logo en Catalu?a, Jordi Miralles, indic¨® que la Generalitat recibe "lo que es justo y que dice el Estatuto".
Sin entrar en pol¨¦micas, Miralles apunt¨® que "no existe ning¨²n enfrentamiento entre territorios, sino que lo que pasa es que no se cumple una ley [Estatuto] que Zapatero lleva tiempo retrasando".
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