Equidad y confianza

No hace mucho, con motivo de la asistencia a un curso sobre la reforma del C¨®digo Penal que ya se anuncia y sobre la que ha informado el Consejo General del Poder Judicial no muy favorablemente, reflexionaba sobre la desproporci¨®n que se da en la fijaci¨®n de las penas. Tambi¨¦n lo hac¨ªa sobre la naturalidad con la que que los delitos contra la propiedad son castigados con un rigor que resulta excesivo en comparaci¨®n con lo que sucede con otros tipos de delito sobre los que la sociedad exige una respuesta m¨¢s contundente. Esta reflexi¨®n no es nueva. La he hecho en m¨¢s de una ocasi¨®n, aunque esta reforma la haya vuelto a hacer presente.

He entendido que basta una sencilla aproximaci¨®n a la historia legislativa penal espa?ola. En concreto, a la imposici¨®n de las penas en funci¨®n de la naturaleza de los delitos. As¨ª, la comparaci¨®n entre los delitos contra la propiedad -hoy contra el patrimonio- y de otra naturaleza arroja ejemplos que no resisten un sencillo an¨¢lisis, como que la estafa pueda ser sancionada con seis a?os de prisi¨®n y el homicidio con diez.

No es este espacio un lugar que permita entrar a analizar las razones del porqu¨¦ de unas y otras. Sin profundizar, se puede decir que el C¨®digo Penal, al conceder la m¨¢xima protecci¨®n a los delitos contra la propiedad privada, contin¨²a, en cierta forma, con los principios de un Derecho de tiempos en los que la ¨¦sta estaba en manos de unos pocos. Unos pocos que decid¨ªan c¨®mo proteger sus bienes. Hoy la situaci¨®n social ha cambiado. Las reformas avanzan en este sentido y se busca una integraci¨®n penal adaptada a la legislaci¨®n europea e internacional. Sin embargo, la Justicia sigue sin sacudirse totalmente aquellos ropajes.

Unas consideraciones que se han vuelto a hacer a¨²n m¨¢s presentes con motivo de la reciente condena que un juzgado de lo Penal de Sevilla ha impuesto a un contratista de obras del Ayuntamiento de Sevilla y al secretario del Distrito Macarena. El hecho de haber autorizado el pago de facturas por unas obras y el hecho de no haberlas realizado, pese a afirmar que se hab¨ªan hecho, ha dado lugar a que se les impongan penas de tres a?os y nueve meses en el primer caso y de cuatro a?os y tres meses en el segundo. La mitad de la pena que le hubiera correspondido si, en lugar de trincar casi 6.000 euros o participar en la corruptela, hubiera matado a una persona sin concurrir circunstancias agravantes. Pues, bien, est¨¦ afiliado al PSOE este condenado -que lo est¨¢- o lo estuviera a cualquier otro grupo los hechos delictivos que se han cometido no deben merecer penas de este calado -aproximadamente, un d¨ªa de prisi¨®n por cada 3,80 euros-.

Existe una manifiesta desproporci¨®n entre unos y otras. Existe y deber¨ªa decirse, con independencia del color pol¨ªtico del condenado y con independencia del color/es pol¨ªtico/s que pudieran beneficiarse. Y eso es lo que est¨¢ haciendo el PP de Andaluc¨ªa, intentado transformar hechos tan pobres en una corrupci¨®n generalizada. Unas manifestaciones que se unen a otras como el debate sobre la cadena perpetua.

Ambas reflejan un desconocimiento y un desprecio al cambio hist¨®rico que trajo la Constituci¨®n. Un cambio que est¨¢ desarrollando una renovaci¨®n cultural y una pol¨ªtica criminal en los valores constitucionales. De ah¨ª, que tenga que pensar que actuaciones judiciales, a¨²n amparadas en la aplicaci¨®n estricta de la ley, y posicionamientos como los que est¨¢ sentado el PP de Andaluc¨ªa, no hacen real ni la equidad ni los principios que informan el cambio hist¨®rico, sino que lo salpican y lo manchan de tic de un Derecho preconstitucional y liberal ya superado.

Se dice que la equidad debe servir como criterio rectificador de la inflexibilidad de la ley para aplicar convenientemente el Derecho y hacer Justicia. Dada la desproporci¨®n de las penas impuestas en este caso, la Justicia pudiera no estar satisfecha. Tampoco la confianza en una realidad social que avanza hacia el futuro cuando un grupo pol¨ªtico que aspira a gobernar, como es el PP de Andaluc¨ªa, ignora p¨²blicamente criterios constitucionales y equidad con el prop¨®sito de imponer penas, eso s¨ª siempre que afecte a sus adversarios.