Un nutrido fondo de armario

Las revelaciones del sumario 275/2008 V incoado por delitos de cohecho, tr¨¢fico de influencias, fraude fiscal y blanqueo de dinero, que implica a cargos electos de la Administraci¨®n auton¨®mica y/o municipal de Madrid y Valencia bajo control popular y a la tesorer¨ªa del PP, dieron lugar a en¨¦rgicos desmentidos del l¨ªder nacional del partido y de los presidentes regionales de ambas comunidades aut¨®nomas. Pero el levantamiento parcial del secreto sumarial dictado por el juez Garz¨®n en los autos fechados el pasado 5 de marzo, equivalentes a una exposici¨®n razonada dirigida a los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y de Valencia para someter a su consideraci¨®n la eventual asunci¨®n -en todo o en parte- de la competencia de la causa, confirma el crecido caudal arrastrado por el esc¨¢ndalo.

Acicalado y juncal como un maniqu¨ª, Camps est¨¢ al margen del C¨®digo de Buena Conducta del PP

El motivo del posible despiezamiento del sumario es el privilegio procesal del fuero del que gozan cinco imputados, entre ellos Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana, y Alberto L¨®pez Viejo, ex consejero de Deportes y parlamentario de la Asamblea madrile?a. El juez Garz¨®n aclara que el departamento policial de la Unidad Central de Delincuencia Econ¨®mica y Financiera (UDEF) no ha concluido todav¨ªa el an¨¢lisis de la documentaci¨®n intervenida y que la investigaci¨®n de algunos ¨¢mbitos del proceso se halla en estado embrionario a la espera de nuevos datos. En el supuesto de que los cargos pudieran ampliarse a diputados o senadores de las Cortes Generales o a parlamentarios europeos, o de que fuese aplicable el art¨ªculo 23.3?.2 del Estatuto de Valencia sobre el territorio de comisi¨®n del delito, la competencia corresponder¨ªa al Supremo.

En cualquier caso, las imputaciones contra aforados y no aforados apuntan "a una misma din¨¢mica delictiva" capitaneada desde 1996 por Francisco Correa a trav¨¦s de una flotilla corsaria de empresas. La trama Correa se especializ¨® en la organizaci¨®n de eventos y la obtenci¨®n de concesiones y contratos: a) con el Partido Popular a nivel nacional; b) con las comunidades aut¨®nomas de Madrid y Valencia a nivel regional; y c) con los ayuntamientos madrile?os de Arganda del Rey, Boadilla del Monte, Majadahonda y Pozuelo de Alarc¨®n (tambi¨¦n otros de Castilla y Le¨®n) a nivel local. Ese cuadro delictivo no es la invenci¨®n sectaria de un juez partidista como pretende el PP (lanzado con sa?a al aniquilamiento profesional y personal de Garz¨®n) sino una documentada reconstrucci¨®n de hechos que ha superado el triple filtro de las pesquisas policiales de la UDEF, la indagaci¨®n de la Fiscal¨ªa Especial para la Represi¨®n de los Delitos Econ¨®micos y Anticorrupci¨®n y una instrucci¨®n sumarial avanzada aunque incompleta sometida a los recursos establecidos por las normas de enjuiciamiento criminal.

A nadie puede extra?ar que los diarios y emisoras situados a la cabeza de la sucia tarea de negar las evidencias del sumario y de linchar moralmente a su instructor sean los mismos medios de comunicaci¨®n que acusaron -y contin¨²an haci¨¦ndolo- a la polic¨ªa y a la Guardia Civil, a la fiscal Olga S¨¢nchez, al juez instructor Juan del Olmo y al presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier G¨®mez Berm¨²dez, de falsear la verdad sobre los autores intelectuales del 11-M. Esta recidiva paranoica de la teor¨ªa de la conspiraci¨®n sirve a los intereses del PP -al igual que ocurri¨® hace cinco a?os- aun a costa de amenazar la independencia del Poder Judicial y desestabilizar el Estado de derecho.

El PP ha echado mano de su C¨®digo ?tico hasta ahora en desuso para obtener la dimisi¨®n de varios alcaldes y para suspender de militancia a otros implicados en el caso Correa. Esas elogiables medidas marchan en paralelo, sin embargo, con el sabotaje a la Comisi¨®n de Investigaci¨®n parlamentaria sobre el espionaje realizado por la Consejer¨ªa de Interior de la Comunidad de Madrid. El presidente de la Generalitat valenciana ha quedado al margen del C¨®digo de Buena Conducta. Acicalado y juncal siempre como un maniqu¨ª de escaparate, Francisco Camps es acusado de aceptar como d¨¢diva de la delictiva trama Correa un lote de trajes a la medida por importe de 12.783 euros. Aunque el valor del regalo no sea demasiado elevado, resulta imposible eludir la investigaci¨®n penal -concluye el auto- en aras del cumplimiento del principio de legalidad; ni tampoco, cabe a?adir, el castigo adicional de los tradicionales chistes de sastres sobre fondos de armario.

?No le aplica el PP a Camps el C¨®digo ?tico por entender que todos los pol¨ªticos tienen derecho a vestirse de gorra? ?O es s¨®lo una costumbre valenciana establecida por Carlos Fabra, que resiste heroicamente en la presidencia de la Diputaci¨®n y del PP de Castell¨®n aunque est¨¦ siendo investigado judicialmente desde 2004?