La Junta podr¨¢ demoler edificaciones ilegales en un mes y sin sentencia

La Junta podr¨¢ echar abajo en s¨®lo un mes, y sin que medie sentencia judicial, las edificaciones "manifiestamente ilegalizables", es decir, aquellas que nunca van a ser recogidas por un plan urban¨ªstico al levantarse sobre suelos protegidos o con alto valor patrimonial y ecol¨®gico. El consejero de Vivienda y Ordenaci¨®n del Territorio, Juan Espadas, aprovech¨® ayer su comparecencia parlamentaria para anunciar que su departamento ultima un nuevo reglamento de disciplina urban¨ªstica con un procedimiento de demolici¨®n sumaria, que ya ha sido ampliamente debatido con la FAMP y recoge la mayor parte de las sugerencias de la Fiscal¨ªa y el Defensor del Pueblo.

Se trata de una medida que contempla la LOUA (Ley de Ordenaci¨®n Urban¨ªstica de Andaluc¨ªa) que hasta ahora no hab¨ªa sido desarrollada. Fuentes de la consejer¨ªa explicaron que se persigue disuadir de que se construya, por ejemplo, en parques naturales, zonas de dominio o cauces de r¨ªos. Y que pasen a?os hasta que un juez ordene el derribo, mientras proliferan alrededor nuevas edificaciones. Cuando un afectado acuda a un tribunal y ¨¦ste le d¨¦ la raz¨®n, la norma prev¨¦ responsabilidad patrimonial y una indemnizaci¨®n.

Inspecci¨®n ha tramitado 18.000 diligencias en 535 municipios

En un debate en el que la portavoz del PP, Esperanza O?a, arremeti¨® duramente contra el Gobierno andaluz y el PSOE por "fomentar la corrupci¨®n", Espadas llam¨® a la responsabilidad para evitar la alarma social y asegur¨® que la Administraci¨®n andaluza ha puesto todos los medios a sus alcance para velar por la legalidad urban¨ªstica. Prueba de ello, dijo, es que desde 2005 la Direcci¨®n General de Inspecci¨®n ha tramitado 17.649 actuaciones en 535 de los 700 que tiene Andaluc¨ªa, casi el 70%, y fundamentalmente por construcciones en suelo no urbanizable. "Pero no es conveniente sacar conclusiones apresuradas y sin matices porque as¨ª se hace mucho da?o a esta tierra", coment¨®. De las casi 18.000 actuaciones, 3.826 fueron denuncias tramitadas, el 36% procedentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o agentes de Medio Ambiente, y el 64% restante de particulares o colectivos ciudadanos.

"?D¨®nde est¨¢ la inactividad?", pregunt¨® Espadas, quien hizo un relato pormenorizado de los muchos y variados casos a los que tiene que hacer frente su departamento. "La Junta ha tomado suficientes medidas de ¨¢mbito planificador y de la justicia, independientemente de qui¨¦n gobierne en los municipios", asever¨® el consejero, quien record¨® a O?a, alcaldesa de Fuengirola, que en 2006 impidi¨® a una funcionaria de la Junta inspeccionar en su ayuntamiento con el argumento de que "la actividad urban¨ªstica era competencia de Fuengirola".

Despu¨¦s de semanas en las que los dirigentes de PP y PSOE han intercambiado de manera fren¨¦tica en los medios de comunicaci¨®n acusaciones de todo tipo, O?a hab¨ªa atribuido a la Junta dejaci¨®n por llevar "demasiado tiempo permitiendo y fomentando la corrupci¨®n". "Corrupci¨®n que acabar¨¢ en Andaluc¨ªa con Manuel Chaves, de la misma forma que lo hizo con el que fuera presidente del Gobierno, Felipe Gonz¨¢lez", dijo. Tambi¨¦n hizo "c¨®mplice" al consejero de los casos de corrupci¨®n que han sido detectados porque hay art¨ªculos en la ley que le permiten intervenir y no lo hace.

La respuesta a la popular se la dio el socialista Jos¨¦ Caballos. Denunci¨® la "demagogia barata" del PP, cuya propuesta en relaci¨®n con el control del urbanismo en Andaluc¨ªa, precis¨®, no se conoce a¨²n. "No vale venir al Parlamento a generalizar las sospechas de corrupci¨®n porque ustedes tengan problemas con presidentes y vicepresidentes de comunidades aut¨®nomas", record¨®, en alusi¨®n a la red corrupta de Francisco Correa. Se pregunt¨®: "?Lecciones de qu¨¦?", y a rengl¨®n seguido sac¨® a colaci¨®n el "parip¨¦ vergonzoso" de la comisi¨®n de investigaci¨®n de Madrid sobre los supuestos espionajes.