Los dependientes tardan entre 8 y 15 meses en tramitar las ayudas

Los retrasos que est¨¢n soportando los ciudadanos para recibir las ayudas previstas por la Ley de Dependencia son tan acusados en algunos casos que miles de ancianos est¨¢n muriendo en toda Espa?a esperando lo prometido. La Asociaci¨®n Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales calcula que se tarda entre 8 y 15 meses desde que se eval¨²a al ciudadano hasta que se le efect¨²a su informe, cuando no deber¨ªa superar los seis. Y una encuesta de la Organizaci¨®n de Consumidores y Usuarios (OCU) cifra en ocho meses el tiempo medio de espera hasta que se notifica el grado de discapacidad. Y esta notificaci¨®n no garantiza a¨²n que se perciba la ayuda. Pueden pasar todav¨ªa unos cuantos meses m¨¢s. La OCU ha remitido su informe al Defensor del Pueblo.

Se est¨¢n formando plataformas para canalizar las quejas mediante abogados

Madrid ha dividido los tr¨¢mites en dos partes, lo que aumenta el retraso

Aunque no todas las comunidades est¨¢n haciendo igual los deberes (v¨¦ase gr¨¢fico). Castilla y Le¨®n, Andaluc¨ªa, Arag¨®n y Pa¨ªs Vasco sacan un notable, seg¨²n el Observatorio de la Asociaci¨®n de Directores Sociales; y Murcia, Madrid, Comunidad Valenciana y Canarias suspenden estrepitosamente.

En mayo de 2007, pronto har¨¢ dos a?os, evaluaron el estado de Julia Arenas, una octogenaria madrile?a: "Alzh¨¦imer evolucionando desde 1998, siendo dependiente para todo y haciendo vida cama-sill¨®n. Sin relaci¨®n con el medio", dec¨ªa su informe. En noviembre del a?o pasado la administraci¨®n madrile?a solicit¨® su cuenta bancaria. Despu¨¦s, volvi¨® el silencio. A su hija, Mar¨ªa Jes¨²s, se le acabaron las vacaciones hace a?os, no sale de casa y abandon¨® el trabajo. Su madre apenas pronuncia ya monos¨ªlabos. "Ponerle la ropa es como vestir a un mu?eco de trapo", resume.

Algunas comunidades se pusieron pronto manos a la obra y redactaron sus propias normativas en las que se detalla el procedimiento para poner en marcha la ley. Otras todav¨ªa no lo han detallado, o lo acaban de hacer. Y algunas han dise?ado ¨®rdenes que lo complican todo y dejan a los ciudadanos en total desamparo.

En Alicante, el S¨ªndic de Greuges (Defensor del Pueblo) solicit¨® ayuda ante las quejas recibidas. Pidi¨® al Colegio de Abogados que asesorara a los afectados y se ha creado un turno de oficio s¨®lo para ello. Han atendido m¨¢s de 70 casos desde hace algo m¨¢s de un mes. "Les asesoramos gratuitamente dos d¨ªas a la semana y les hacemos los recursos previos a la v¨ªa judicial, son muy complicados y si no los hacen bien, no les servir¨ªan para demandar por lo contencioso administrativo", explica la coordinadora de este turno de oficio en el Colegio de Abogados, Lydia Garc¨ªa Olcina. Porque en la Comunidad Valenciana hay que reclamar por lo contencioso administrativo, "un proceso largo y costoso, que obliga a desplazarse a Valencia y tener abogado y procurador", a?ade Garc¨ªa.

En la Comunidad Valenciana, como en la madrile?a, una orden decret¨® silencio administrativo negativo. Eso quiere decir, en contra del procedimiento habitual, que si la Administraci¨®n no responde, el ciudadano no puede hacer nada, ha de volver a empezar con los tr¨¢mites. El abogado Jos¨¦ Aus¨ªn opina que algunas comunidades han legislado de forma "perversa e intencionada". ?l representa a la plataforma de afectados que se ha organizado en Alcorc¨®n. "En Madrid han dividido el procedimiento en dos partes, una para comunicar al ciudadano su grado de dependencia y otra para prescribirle la ayuda. Y se conceden seis meses para cada cosa. Pero es que, adem¨¢s, en medio de ambos plazos pueden tardar lo que quieran. Ni siquiera sabemos a qu¨¦ tenemos que recurrir con ese silencio administrativo", a?ade Aus¨ªn.

Alcorc¨®n es s¨®lo un ejemplo, tambi¨¦n para desmontar algunas cifras oficiales. "?C¨®mo va a ser verdad que Madrid s¨®lo tiene 36.222 solicitudes, si yo he tramitado ya expedientes que van por el n¨²mero 50.000?", dice una trabajadora social del Ayuntamiento. Y si las solicitudes son m¨¢s de las que se cuentan, el atasco debe ser mayor del que se declara.

Son tambi¨¦n muchas (v¨¦ase gr¨¢fico) las comunidades que no han transferido dinero a sus ayuntamientos para que pongan en marcha el proceso. Por tanto, los servicios sociales que ya exist¨ªan est¨¢n sobrepasados. "Y los modelos en que la comunidad ha centralizado todo el proceso, desde la solicitud hasta la prestaci¨®n de la ayuda, est¨¢n funcionando m¨¢s lenta y desorganizadamente", dice el informe de los agentes sociales. ?ste es otro de los 10 criterios que la Asociaci¨®n de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha tenido en cuenta para hacer su evaluaci¨®n de la Ley de Dependencia por comunidades, habida cuenta de la opacidad de los datos que se publican, algo que trae de cabeza tambi¨¦n al Gobierno.

Casi la mitad de las prestaciones que se est¨¢n dando no se especifican. Por tanto, es imposible saber si se les ha concedido una plaza en una residencia, un centro de d¨ªa, una ayuda a domicilio o, simplemente, nada todav¨ªa. Pero los trabajadores sociales saben que en muchos casos las ayudas que se conceden est¨¢n "orientadas" a los servicios de que disponen y, como no son muchos, estas ayudas se est¨¢n desequilibrando hacia la prestaci¨®n econ¨®mica para que el familiar siga cuidando del dependiente, algo que la ley establece como excepcional. Pero, si no hay recursos, ofrecen dinero. "Madrid le da la vuelta a eso, y les dicen que si renuncian al recurso les dan el dinero. Esto es como un cheque para llevar a la gente a residencias privadas", se queja el abogado Aus¨ªn.

Esperando siguen Antonio y su madre, en Murcia. ?l ya sin trabajo y ella sujeta a un andador para dar no m¨¢s de cuatro pasos. Y Antonio Mart¨ªn y su hijo, Joaqu¨ªn, en Alcorc¨®n. Al chico le renovaron su grado de discapacidad sin ir siquiera a visitarlo. Protestaron y alguien se acerc¨® a casa. Ahora, el muchacho, con artrogriposis, est¨¢ atado al ox¨ªgeno y vive bajo la mirada de su madre. "Me dijeron que si la ayuda no llegaba era cosa del Gobierno. Si es as¨ª, ?por qu¨¦ en Ciudad Real s¨ª las dan, o en Andaluc¨ªa?", se pregunta, harto, Antonio. Todos desesperan. Miles de ancianos est¨¢n muriendo sin que llegue la carta.