"?Que dimitan o se suiciden!"

"Mat¨®n de patio de colegio". Con este titular se despachaba Breakingviews.com, una de las webs m¨¢s influyentes del mundo financiero, contra Barack Obama por su actitud timorata en el caso de las primas millonarias que han recibido ejecutivos de American Internacional Group (AIG), la aseguradora que ha tenido que ser salvada de la quiebra con una inyecci¨®n de dinero p¨²blico de 173.000 millones de d¨®lares (126.000 millones de euros).

Cuando hace una semana se destap¨® el esc¨¢ndalo, el presidente de EE UU se puso al frente de la manifestaci¨®n y prometi¨® que bloquear¨ªa los pagos o har¨ªa devolver el dinero a los directivos. Pronto desde la propia Administraci¨®n se advirti¨® que no era tan sencillo, porque se trataba de unos contratos firmados y nadie puede saltarse la legalidad.

La 'ley anticodicia' grava con una tasa del 90% las primas de los ejecutivos

El monto total de los bonos de AIG ascienden a 215 millones de d¨®lares

La aseguradora dio al fiscal los nombres de los beneficiados por orden judicial

Obama conoci¨® el esc¨¢ndalo un d¨ªa antes de que se hicieran los pagos

Los directivos hicieron efectivas sus primas el 13 de marzo y a Obama no le bast¨® su recriminaci¨®n te¨®rica hacia los directivos, muy en su l¨ªnea con alguno de sus discursos clamando por una nueva era para Am¨¦rica. Esa era se ha transformado en ira, en ira del pueblo. El ciudadano de Main Street, como popularmente se conoce en EE UU al hombre de a pie, clama contra unos ejecutivos que siendo generosamente recompensados con un dinero que, al fin y al cabo, ha salido de sus maltrechos bolsillos, v¨ªa impuestos, para salvar AIG y otras tantas empresas financieras, tras ser desvalijadas por la avaricia de los villanos de Wall Street.

Para calmar el clamor popular y frenar la primera crisis de popularidad de Obama, el Partido Dem¨®crata ha tenido que dar un golpe de mano legislativo. Ha forzado la aprobaci¨®n de una ley -conocida ya como la ley anticodicia- que grava con un impuesto del 90% las primas otorgadas a ejecutivos de empresas que hayan recibido m¨¢s de 5.000 millones de d¨®lares (3.660 millones de euros). Se trata de una resoluci¨®n con car¨¢cter retroactivo, expresamente dise?ada para los ejecutivos de AIG, por lo que tendr¨¢ problemas para pasar el filtro del Tribunal Constitucional en un sistema tan garantista -sobre todo para los que m¨¢s tienen- como el estadounidense.

Puede que esta ley sea oportunista, pero tambi¨¦n es ejemplarizante. Estados Unidos enfrenta este a?o el mayor d¨¦ficit de su historia (1,2 billones de d¨®lares) para apuntalar el sistema financiero, un esfuerzo que recaer¨¢ sobre los contribuyentes, que no ver¨ªan con buenos ojos que se despilfarre el dinero p¨²blico en prebendas para los ejecutivos.

Hab¨ªa que hacer algo y r¨¢pido porque los republicanos se estaban adue?ando de esa bandera de indignaci¨®n popular. "AIG significa arrogancia, incompetencia y avaricia" ("arrogance, incompetente and greed"), dec¨ªa el republicano Paul Hodes jugando con las siglas de la firma. El senador Charles Grassley, tambi¨¦n republicano, exigi¨® a los beneficiarios una soluci¨®n a la japonesa: "Que dimitan o se suiciden". Los directivos han recibido correos electr¨®nicos con amenazas de muerte, incluyendo una que ped¨ªa que ellos y sus familias sean estrangulados con una cuerda de piano, seg¨²n desvel¨® el consejero delegado de AIG, Edward Liddy, en su declaraci¨®n ante el Comit¨¦ de Servicios Financieros de la C¨¢mara de Representantes.

La furia tiene su explicaci¨®n. Del contribuyente han salido los 173.000 millones de d¨®lares que tanto la Administraci¨®n de Bush como la de Obama, y la Reserva Federal, han inyectado en la aseguradora para impedir su quiebra. AIG ha recibido m¨¢s dinero p¨²blico que cualquier otra entidad, incluyendo los bancos como Citigroup o Merrill Lynch. Ese enorme man¨¢ no ha impedido que 418 directivos y empleados recibieran hace una semana 218 millones en forma de primas (en principio se pensaba que eran 165 millones de d¨®lares, pero ayer se supo que la cantidad era mayor).

Tan irritante como ese dinero es el hecho de que se pagara como prima de retenci¨®n, es decir, para evitar que los ejecutivos se fueran de la firma a la competencia, lo que no ha impedido que 52 de ellos dejaran la compa?¨ªa, llev¨¢ndose cheques por 33,6 millones de d¨®lares. O que quienes han recibido esos bonus formen parte de la divisi¨®n de productos financieros, que report¨® unos n¨²meros rojos de 40.000 millones de d¨®lares en 2008, convirti¨¦ndose en la mayor fuente de p¨¦rdidas de la aseguradora.

Para m¨¢s laceraci¨®n del contribuyente, ese "toma el dinero y corre" es, por ahora, an¨®nimo, porque la compa?¨ªa se ha negado a facilitar la lista de beneficiarios, pese a que el Estado, merced a las inyecciones de dinero p¨²blico, es el m¨¢ximo accionista con el 80% del capital. El fiscal general de Nueva York, Andrew M. Cuomo, que ha abierto una investigaci¨®n, consigui¨® con requerimiento judicial la lista con los ¨²nicos datos que se han hecho p¨²blicos: 73 ejecutivos recibieron m¨¢s de un mill¨®n de d¨®lares; la prima m¨¢s alta fue de 6,4 millones de d¨®lares; otras seis eran de cuatro millones de d¨®lares; a 15 directivos les otorgaron m¨¢s de dos millones; y otros 51 ejecutivos se llevaron entre uno y dos millones. La ley aprobada prev¨¦ que se aplique la retenci¨®n del 90% solamente a los empleados que ganen m¨¢s de 250.000 d¨®lares.

Edward Liddy, el m¨¢ximo responsable de la aseguradora, se ha convertido en el blanco de todas las cr¨ªticas. En su comparencia ante el Congreso, y rodeado de pancartas de activistas en las que le¨ªan lindezas como "delincuentes" o "devolved el dinero, chorizos", reconoci¨® que algunos de los pagos a los directivos eran de "mal gusto", pero defendi¨® su legalidad e incluso su idoneidad, apelando a las leyes de la competencia y a que los incentivos mejoraban la buena marcha de la compa?¨ªa, que en 2008 bati¨® todos los r¨¦cords de p¨¦rdidas (99.000 millones de d¨®lares).

Presionado por los congresistas, Liddy apenas hizo una concesi¨®n: pedir¨¢ a los directivos que han cobrado m¨¢s de 100.000 d¨®lares que devuelvan la mitad de las bonificaciones. Pero ha denegado la petici¨®n de entregar la lista de los beneficiarios tanto al Congreso y al Gobierno, que le puso en el cargo en septiembre del a?o pasado cuando sali¨® en rescate de la aseguradora.

Algunos datos se han filtrado a la prensa. El plan de bonus fue presentado para su aprobaci¨®n ante el Consejo de Administraci¨®n de la unidad de Productos Financieros en marzo de 2008 por William Dooley, un ejecutivo que se hizo cargo de la divisi¨®n cuando las p¨¦rdidas de ¨¦sta se dispararon hasta los 5.300 millones de d¨®lares trimestrales. Pese a la constancia de ese desastre financiero, el Consejo de Administraci¨®n de la matriz, informado del plan, no lo par¨®, y ni siquiera lo someti¨® a votaci¨®n.

Y no lo hizo porque, en realidad las primas de la unidad financiera eran s¨®lo la punta del iceberg de un gigantesco plan de incentivos de 1.000 millones de d¨®lares para 4.600 empleados, como desvel¨® Bloomberg el pasado mes de enero.

Dooley hab¨ªa sucedido al frente de la ruinosa divisi¨®n financiera a Joseph Cassano, el considerado m¨¢ximo responsable del agujero contable de AIG, que fue despedido en febrero de 2008 tras reportar unas p¨¦rdidas de 11.000 millones de d¨®lares.

Curiosamente, algunos de los ejecutivos de confianza de Cassano son los m¨¢ximos beneficiarios del plan que ha puesto en un brete a la Administraci¨®n. James Haas, Jon Liebergall y Douglas Poling, est¨¢n entre ellos. Estos tres ejecutivos han remitido una carta a Liddy para que disponga si deben o no devolver las primas. En el caso de Poling, vicepresidente de la divisi¨®n de energ¨ªa, ya habr¨ªa devuelto los 6,4 millones que recibi¨® como m¨¢ximo beneficiario del plan.

La Administraci¨®n tambi¨¦n tiene que entonar su mea culpa. El pol¨¦mico plan estaba espec¨ªficamente incluido en el contrato firmado por el Tesoro y AIG que entr¨® en vigor en noviembre pasado, merced al Programa de Rescate de Activos en Dificultades, el instrumento legal del que se ha dotado el Gobierno para inyectar fondos en empresas en dificultades.

Para m¨¢s inri, la propia AIG inform¨® hace tres meses a la Reserva Federal (Fed), el banco central estadounidense, que ejecutar¨ªa los bonus en marzo, pero ni la Fed ni el Tesoro informaron a la Casa Blanca, ni hicieron absolutamente nada por parar los pagos, seg¨²n adelant¨® The Washington Post. El secretario del Tesoro, Timothy Geithner, ha reconocido que deb¨ªa haber tenido conocimiento del hecho en raz¨®n de su cargo, pero se ha excusado se?alando que no era consciente de la elevada cuant¨ªa ni la fecha en que se iba a pagar.

Supo todo ello el pasado 10 de marzo, y convoc¨® una reuni¨®n de urgencia con su equipo, aunque decidi¨® que no se pod¨ªan modificar los contratos ya suscritos, y que la ¨²nica medida que pod¨ªan adoptar era la de deducir esos 218 millones de la pr¨®xima inyecci¨®n de fondos de 30.000 millones de d¨®lares. Una iniciativa ciertamente p¨ªrrica teniendo en cuenta que el Estado va a quedarse pr¨¢cticamente con el 100% del capital.

Geithner inform¨® el d¨ªa 12 del esc¨¢ndalo a Obama, quien s¨®lo tuvo tiempo para hacer una declaraci¨®n de intenciones. Al d¨ªa siguiente, se hicieron efectivos los pagos.

Ahora los ejecutivos y, sobre todo los de las firmas bajo paraguas p¨²blicos, miran con recelo a AIG. Entre los m¨¢s preocupados est¨¢n los de Merrill Lynch, el extinto banco de negocios adquirido por Bank of America, a costa de provocar casi la quiebra de este ¨²ltimo. Inmediatamente antes de que se hiciera efectiva la fusi¨®n en enero pasado, 700 directivos de Merrill Lynch cobraron un total de 3.500 millones de d¨®lares, evitando as¨ª el control de las autoridades, puesto que Bank of America ya hab¨ªa solicitado el rescate p¨²blico que lleg¨® con una inyecci¨®n de 45.000 millones de d¨®lares.

Las firmas hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac, rescatadas por el Estado, tambi¨¦n han comunicado a las autoridades que tienen previsto pagar primas de retenci¨®n a m¨¢ximos ejecutivos por m¨¢s de seis millones de d¨®lares. Y lo mismo sucede con antiguos directivos de Wachovia, comprada por Wells Fargo. Algunos directivos no est¨¢n tan preocupados, Vikram Pandit, el jefe de Citigroup, ha mandado convertir un piso de las oficinas en una lujosa suite con todas las comodidades, con un coste de 10 millones de d¨®lares.

No parece un gasto pol¨ªticamente correcto en un pa¨ªs, con 12,5 millones de parados, y que acaba de anunciar un plan de 75.000 millones para evitar que miles de familias se queden sin casa.