La aplicaci¨®n de la LTH busca el pacto y no prev¨¦ la discrepancia financiera
Las tensiones entre instituciones han sido constantes pese a la hegemon¨ªa del PNV
El complicado entramado vasco descansa sobre la conocida como Ley de Territorios Hist¨®ricos, que regula las relaciones entre las instituciones forales y las comunes. Los grandes conflictos internos en Euskadi siempre se han suscitado sobre esta pol¨¦mica norma aprobada en 1983. La elaboraci¨®n y primera interpretaci¨®n de la LTH fueron el terreno en el que se gest¨® la crisis que termin¨® con la ruptura del PNV en 1986, arrastrando al funcionamiento inicial del Consejo Vasco de Finanzas, ¨®rgano creado por el art¨ªculo 28 de la norma. En su seno est¨¢n representados paritariamente el Gobierno, con tres votos, y las diputaciones forales, con un voto cada una. Para que salga adelante un acuerdo se requieren al menos cuatro votos. En caso de empate, no prospera.
En 1984 el Consejo de Finanzas tard¨® 8 reuniones en pactar las aportaciones
El IVA asimilado a la importaci¨®n bloque¨® la previsi¨®n de ingresos en 2006
En 2007, la Ley de Aportaciones se aprob¨® con la abstenci¨®n de ?lava
El 18 de octubre de 1984 el PNV logr¨® poner de acuerdo a sus tres diputados generales y al Gobierno para aprobar las aportaciones, despu¨¦s de ocho dram¨¢ticas y maratonianas reuniones previas en las que se pusieron de manifiesto las divergencias en la aplicaci¨®n de la LTH que alimentaron la crisis abierta entre el Gobierno de Garaikoetxea y el EBB de Arzalluz. En el debate ya se plante¨® la posibilidad de que el Gobierno, entonces representado por el vicelehendakari, Mario Fern¨¢ndez, tuviera un voto de calidad, una cuesti¨®n que zanj¨® el Tribunal Constitucional cuatro a?os despu¨¦s. Aquel primer enfrentamiento, que gener¨® una situaci¨®n de par¨¢lisis institucional, es lo m¨¢s parecido a lo que podr¨ªa acontecer a partir de ahora si el PNV decide utilizar las diputaciones y el CVF para hacer oposici¨®n o entorpecer la gesti¨®n del futuro Gobierno socialista apoyado por el PP.
A partir de la segunda mitad de los ochenta, coincidiendo con la cogobernaci¨®n de peneuvistas y socialistas, regres¨® la tranquilidad al Consejo Vasco de Finanzas, pese a que EA gobernaba en Guip¨²zcoa. Las tensiones se recuperaron con el fin de la armon¨ªa pol¨ªtica institucional. Es cierto que Vizcaya siempre ha sido celosa de los "suyo", pero no es menos cierto que la ocupaci¨®n del PNV de todos los ¨¢mbitos de poder neutralizaba el conflicto.
La llegada del PP a la Diputaci¨®n de ?lava sac¨® a la luz de nuevo divergencias en el reparto de los fondos p¨²blicos. Ya en 2000 se produjeron los primeros roces por la consideraci¨®n o no como recursos extraordinarios de los ingresos fiscales por la compra de Airtel por parte de Vodafone. Pero, m¨¢s all¨¢ de estas cuestiones puntuales, el PP puso en cuesti¨®n el propio reparto desde una perspectiva foralista y en 2002 ya quiso cambiar el peso de las diputaciones y del Gobierno en el reparto de los recursos: los coeficientes verticales que fija la Ley de Aportaciones. Este debate, con un cierto apoyo tambi¨¦n vizca¨ªno, volvi¨® a encontrarse en la negociaci¨®n de la actual Ley de Aportaciones (2007-2011).
Adem¨¢s, en el camino se cruz¨® el reparto del IVA de las operaciones asimiladas a la importaci¨®n (hidrocarburos, alcohol y tabaco). El Consejo Vasco de Finanzas de febrero de 2006 no fue capaz de aprobar las previsiones de reacaudaci¨®n para el ejercicio en curso por esta cuesti¨®n.
Hasta mediados de 2005, era la Hacienda del Estado la que recaudaba este IVA, para despu¨¦s realizar un reparto en funci¨®n del consumo en cada territorio vasco. La UE dictamin¨® ese mismo a?o que tales grav¨¢menes deb¨ªan ser recaudados en origen por las haciendas forales. Pero esta circunstancia introdujo una distorsi¨®n en el sistema de reparto interno de los recursos, debido a la presencia en Vizcaya de la refiner¨ªa de Petronor.
El conflicto solamente se cerr¨® al lograrse un acuerdo para Ley de Aportaciones ahora en vigor, un pacto que se alcanz¨® con la abstenci¨®n de ?lava. La ley determinaba que el Fondo de Solidaridad, dedicado a corregir los desajustes financieros, se convirtiera en un Fondo General de Ajuste, y su dotaci¨®n pasara de ser el 0,75% de los recursos distribuidos al 1% del total. Al mismo tiempo, se decidi¨® repartir el IVA en funci¨®n de los coeficientes horizontales, los que se fijan para repartir los recursos entre las tres diputaciones en funci¨®n de su PIB.
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