Euskadi ensaya la cohabitaci¨®n institucional

Si el PNV quiere incomodar al Gobierno a trav¨¦s de las diputaciones, tiene su mejor oportunidad en la reuni¨®n ordinaria de octubre del Consejo Vasco de Finanzas. Al menos as¨ª lo entiende un ex diputado de Hacienda. Aunque la mec¨¢nica de reparto de la recaudaci¨®n fiscal est¨¢ prevista en la Ley de Aportaciones vigente, el consejo de octubre fija las previsiones de recaudaci¨®n del a?o siguiente y establece el montante que en seis pagos deben entregar las haciendas forales a la auton¨®mica durante el curso siguiente. Si las diputaciones deciden votar en contra del Gobierno y hay un empate a tres votos, se producir¨ªa un vac¨ªo jur¨ªdico bastante inc¨®modo.

El Gobierno debe realizar sus presupuestos sobre estas previsiones y lo mismo las diputaciones. Cada uno deber¨ªa llevar sus respectivas cuentas a su legislativos sin una estimaci¨®n de ingresos aprobada. Las diputaciones son las que cuentan con los recursos y podr¨ªan retener los pagos si estos no se han determinado o aprobado. Pese a que la situaci¨®n ser¨ªa m¨¢s inc¨®moda para el Gobierno, tampoco es confortable para las diputaciones. Tambi¨¦n dejar¨ªa en un situaci¨®n dif¨ªcil a los municipios que no sabr¨ªan con qu¨¦ ingresos forales cuentan para el a?os siguiente.

El ?rgano de Coordinaci¨®n Tributaria es otra de esas instituciones de cooperaci¨®n interinstitucional desconocidas por el gran p¨²blico. En sus seno se pactan las reformas fiscales y su objetivo es el de armonizar los impuestos entre los tres territorios. Prepara informes y propone, pero luego son las Juntas Generales de cada territorio las que aprueban o no las medidas. Los ¨²ltimos dos a?os han visto una desarmonizaci¨®n fiscal en el tipo del Impuesto de Sociedades en Guip¨²zcoa sin que pasara nada. El riesgo que se corre es que las diputaciones prescindan del Gobierno a la hora de aplicar la pol¨ªtica fiscal, un instrumento de pol¨ªtica econ¨®mica que en Euskadi no corresponde al Ejecutivo. El PNV puede querer impulsar su propia pol¨ªtica fiscal, pero chocar¨ªa con problemas de aprobaci¨®n en las Juntas Generales, sobre todo en las de ?lava y Guip¨²zcoa. Al Gobierno le quedar¨ªa el recurso a la Ley de Armonizaci¨®n, que nunca ha sido utilizada y que los expertos consideran de aplicaci¨®n imposible.

Las diferencias en el CVF no afectar¨ªan en nada al Cupo que se paga al Estado. Este se rige por los criterios de la quinquenal Ley del Cupo, independientemente de lo que recaude o de los conflictos internos

La LTH prev¨¦ que diputaciones y Gobierno puedan llevar al Consejo Vasco de Finanzas las cuestiones financieras y econ¨®micas que consideren pertinentes. Esta puerta ha impulsado los llamados planes interinstitucionales. El pacto para la Ley de Aportaciones trajo consigo la puesta en marcha de un paquete de estas iniciativas interinstitucionales, financiadas sobre todo por el Gobierno: el Plan Marco de Apoyo Financiero a la Inversi¨®n Productiva, dotado con 700 millones de euros, 140 m¨¢s que en el anterior quinquenio; el Fondo para el Desarrollo de las Infraestructuras Sanitarias y Servicios Sociales, con un total de 400 millones, y el Fondo para el Desarrollo de Actividades de Innovaci¨®n, con 200 millones.

Hay coincidencia general en que estos planes o cualquier otro que quiera impulsar el Gobierno pueden ser vetados por las diputaciones. Tradicionalmente ha sido el Ejecutivo el que ha rentabilizado socialmente estos proyectos, que en los ¨²ltimos meses se han vendido como un recurso para paliar los efectos de la crisis. El nuevo Ejecutivo socialista se puede encontrar as¨ª sin colaboraci¨®n de las diputaciones para abordar proyectos de inversi¨®n conjuntos anticrisis.

A Ignacio Zubiri, catedr¨¢tico de Hacienda P¨²blica de la UPV, no le gustan hacer pol¨ªtica ficci¨®n. Sin embargo, ve poco probable que se produzca un gran conflicto entre diputaciones y Gobierno en el seno del Consejo Vasco de Finanzas porque su principal tarea es fijar las aportaciones y la actual ley, que prev¨¦ en su disposici¨®n final por vez primera la posibilidad de ser prorrogada, est¨¢ en vigor para el quinquenio 2007-2011. Es en esta norma donde se fijan los criterios que debe aplicar el Consejo a la hora de repartir sus fondos. La aprobaci¨®n de la nueva ley no se plantear¨ªa hasta el tercer a?o de la legislatura y la posibilidad de que se prorrogue autom¨¢ticamente en caso de que no haya acuerdo reduce la presi¨®n sobre el Gobierno. La Ley de Aportaciones, que se aprueba por el Parlamento en lectura ¨²nica y con un ¨²nico art¨ªculo que recoge el pacto previo en el seno del Consejo, fija la cantidad que del total de lo recaudado deben aportar las diputaciones al Gobierno, el llamado coeficiente vertical que ahora es el 70,04%. Tambi¨¦n establece el criterio para abordar el reparto entre las diputaciones (los coeficientes horizontales) en funci¨®n del PIB de cada territorio y garantiza los ingresos muncipales.

- Determinar la distribuci¨®n de los recursos tributarios recaudados y las aportaciones de los territorios hist¨®ricos a los presupuestos del Gobierno.

- El estudio y formulaci¨®n de propuestas al Gobierno y a las Diputaciones sobre cualquier materia relacionada con la actividad econ¨®mica, financiera y presupuestaria que precise de una actuaci¨®n coordinada.