Poder elegir sobre el aborto

Se?ora presidenta:

El principal objetivo de la Asociaci¨®n de Planificaci¨®n Familiar de Madrid es la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. ?stos han sido reconocidos como parte de los derechos humanos proclamados por la ONU, y reconocidos por el Estado espa?ol en los acuerdos internacionales y en nuestras leyes fundamentales.

Entre ellos queremos destacar el derecho a decidir sobre los hijos que se desean y el momento de tenerlos. El Estado, a trav¨¦s de los organismos sanitarios p¨²blicos, debe garantizar este derecho en su m¨¢ximo nivel.

Nuestra asociaci¨®n considera que en la Comunidad de Madrid no se han dedicado los esfuerzos suficientes que garanticen estos derechos b¨¢sicos, sobre todo en lo referente a la planificaci¨®n familiar y la prevenci¨®n del embarazo no deseado, lo cual tiene repercusiones graves sobre nuestra poblaci¨®n.

Criminalizar esta pr¨¢ctica s¨®lo sirve para aumentar la angustia de la mujer

Existen grandes dificultades en el acceso a la anticoncepci¨®n

En 2007 se produjeron en nuestra Comunidad 26.432 interrupciones voluntarias del embarazo, algo m¨¢s del 25% del total de Espa?a. De ellas, 2.520 en chicas de 14 a 19 a?os. Actualmente en la Comunidad de Madrid se registra la tasa m¨¢s alta de interrupciones de embarazo del Estado espa?ol (14,68/1.000, Bolet¨ªn epidemiol¨®gico de la Comunidad, n¨²mero 14, abril de 2008), m¨¢s del doble que hace 10 a?os y por encima de la media nacional.

Seg¨²n esos datos, en los dos a?os anteriores, el 72,6% del total de las mujeres que han recurrido al aborto, no hab¨ªan acudido a ning¨²n servicio para el control de la anticoncepci¨®n; esta cifra es mayor que en a?os precedentes.

Ante ello, no cabe rasgarse las vestiduras e invocar la prohibici¨®n y la condena de los actores de estos hechos (mujeres y m¨¦dicos que los realizan) y recomendar la abstinencia. Criminalizar el aborto s¨®lo sirve para aumentar la angustia y el sufrimiento de las mujeres que deciden recurrir a practicarlo. Ser¨ªa necesario preguntarnos por qu¨¦ ocurre, qu¨¦ es lo que ha llevado a todas estas mujeres a esta situaci¨®n, c¨®mo lo han vivido y sufrido y, lo m¨¢s importante, qu¨¦ se est¨¢ haciendo para prevenir este importante problema de salud p¨²blica.

Quiero contarle la historia de una de ellas, Isabel, de 29 a?os, gestante de 18 semanas, y que desea este embarazo. En la visita del segundo trimestre le han diagnosticado que el hijo que espera sufre una malformaci¨®n incompatible con la vida, pero el hospital donde se lo han descubierto no quiere saber nada de interrumpir ese embarazo; no le dan ninguna indicaci¨®n, ni siquiera aceptan firmar el documento que acredita la malformaci¨®n para interrumpir la gestaci¨®n acogi¨¦ndose a los supuestos legales. Lo ¨²nico que le dicen es que busque en el peri¨®dico cu¨¢les son las cl¨ªnicas autorizadas para practicar esta intervenci¨®n. No hay explicaci¨®n ni apoyo. ?Se garantiza as¨ª el derecho a la interrupci¨®n de embarazo reconocido en nuestra legislaci¨®n?

Vayamos ahora al terreno de la prevenci¨®n. Existen grandes dificultades en el acceso a la anticoncepci¨®n, tanto a los m¨¦todos, como a los servicios que los proveen. Los m¨¦todos modernos son caros y no est¨¢n financiados por el sistema p¨²blico de salud. La anticoncepci¨®n de urgencia o p¨ªldora del d¨ªa despu¨¦s, que podr¨ªa evitar un gran n¨²mero de abortos, no se facilita en los servicios de urgencia, ni en muchos centros de salud y conseguirla es una empresa agotadora a la que se someten cada fin de semana muchas parejas.

Tampoco existen recursos p¨²blicos espec¨ªficos para la atenci¨®n en problemas relativos a la sexualidad ni existe una intervenci¨®n educativa adecuada en este terreno. Se han cerrado centros p¨²blicos de planificaci¨®n familiar y el Centro de Planificaci¨®n Familiar Pe?a Gorbea, de larga tradici¨®n, se ha convertido en una consulta de ginecolog¨ªa general.

El Centro Joven de Anticoncepci¨®n y Sexualidad, que atiende a j¨®venes en salud sexual y reproductiva y que gestiona nuestra asociaci¨®n, en la calle de San Vicente Ferrer, 86, atraviesa por serias dificultades econ¨®micas que ponen en peligro su continuidad.

En nuestra asociaci¨®n creemos imprescindible un plan que garantice los derechos sexuales y reproductivos de todos los madrile?os y madrile?as en condiciones de igualdad en todas las ¨¢reas sanitarias y con la dotaci¨®n econ¨®mica necesaria. En este plan debe contemplarse la mejora de la accesibilidad a todos los m¨¦todos anticonceptivos a los grupos sociales m¨¢s vulnerables en este ¨¢mbito: poblaci¨®n joven y poblaci¨®n inmigrante.

Consideramos tambi¨¦n imprescindible la puesta en marcha de un programa estrat¨¦gico en educaci¨®n sexual, dentro del curr¨ªculo escolar, dirigido no solamente a la poblaci¨®n adolescente-joven, sino tambi¨¦n al profesorado. Creemos que pueden y deben ponerse en marcha estas medidas y estamos convencidos de que ello ser¨ªa un gran avance para el bienestar de todos los madrile?os.

Concha Mart¨ªn Perpi?¨¢n es ginec¨®loga y presidenta de la Asociaci¨®n de Planificaci¨®n Familiar de Madrid