Pegas a la inmigraci¨®n

El Gobierno ha justificado la nueva Ley de Extranjer¨ªa que prepara en los cambios habidos en el escenario econ¨®mico y en su impacto sobre el mundo de la inmigraci¨®n en Europa. La convergencia legal en materia de inmigraci¨®n en el seno de la UE se ha hecho visible en uno de los puntos m¨¢s pol¨¦micos de la nueva norma: la ampliaci¨®n de 40 a 60 d¨ªas del periodo de internamiento administrativo del inmigrante sujeto a expediente de expulsi¨®n.

Pero no s¨®lo ha sido criticado este punto de la ley. Diversas instituciones y organizaciones sociales censuran otros aspectos, tanto desde el punto de vista jur¨ªdico como del social y pol¨ªtico. Y lo han debido hacer con fundamento, dada la predisposici¨®n del Gobierno a aceptar sus sugerencias, antes de que el anteproyecto de ley sea debatido en el Congreso. Desde el ministerio p¨²blico, su Consejo Fiscal ha mostrado una especial preocupaci¨®n sobre el tratamiento dado a los menores inmigrantes; tambi¨¦n el Consejo General del Poder Judicial ha hecho precisiones cr¨ªticas a aspectos jur¨ªdicos del anteproyecto. Desde el ministerio p¨²blico no se considera correcto que no se distinga entre menores y adultos en el supuesto de expulsi¨®n por condena a pena superior a un a?o de prisi¨®n. Al menor repatriado de esa forma se le privar¨ªa indebidamente de los objetivos de reinserci¨®n establecidos en una ley de igual rango como la del menor. Tambi¨¦n se observa en otros apartados de la nueva ley un tratamiento administrativo empe?ado en no hacer la necesaria distinci¨®n entre extranjeros menores, no acompa?ados o tutelados, y extranjeros adultos.

La reforma que plantea el Gobierno supone un avance sustancial en el reconocimiento de derechos -asociaci¨®n, reuni¨®n, manifestaci¨®n y sindicaci¨®n- que el Tribunal Constitucional siempre ha considerado consustanciales a la persona, no concesiones administrativas. Ello no ha impedido que el Consejo General del Poder Judicial cuestione la diferencia de trato -un procedimiento diferenciado y m¨¢s gravoso- en el acceso del inmigrante a la asistencia jur¨ªdica gratuita. El Consejo tambi¨¦n propone un cambio en el art¨ªculo 53 del proyecto, relativo a "infracciones graves", cuya ambigua redacci¨®n ha hecho que algunas organizaciones sin ¨¢nimo de lucro de ayuda a los inmigrantes se hayan sentido aludidas por una referencia a quienes acogen a inmigrantes irregulares en fraude de ley.