Malos perdedores

El Tribunal Superior de Euskadi ha admitido a tr¨¢mite el recurso presentado por el Gobierno central contra la orden de la Consejer¨ªa de Justicia de abrir plazo para la petici¨®n de subvenciones a las visitas a los presos vascos. Esa convocatoria, realizada esta vez con mucha antelaci¨®n respecto a las fechas habituales, se ha convertido en un s¨ªntoma de la actitud con que el Gobierno de Ibarretxe, en funciones desde las elecciones del 1 de marzo, est¨¢ abordando el periodo de transici¨®n hasta la toma de posesi¨®n del que presidir¨¢ Patxi L¨®pez.

No es seguro que el recurso prospere, dada la dificultad de revocar por v¨ªa judicial una decisi¨®n no abiertamente ilegal de un Gobierno, por m¨¢s que resulte forzado considerar que adelantar ¨¦sa en concreto fuera obligado para "garantizar el buen funcionamiento de la Administraci¨®n y el adecuado traspaso de poderes", que es como define la ley de Gobierno vasca la tarea del Ejecutivo en funciones. Pero lo que no ofrece duda es que tal iniciativa est¨¢ inspirada por una manifiesta mala fe pol¨ªtica.

El PSE, que vot¨® a favor de los Presupuestos de Ibarretxe para este a?o, hizo una salvedad expresa sobre la partida destinada a esa subvenci¨®n. Pese a ello, el recurso es, seg¨²n la poco sutil opini¨®n de la portavoz en funciones, "un intento de los socialistas de ganar puntos ante el PP". Tal vez esperaba que alguien le replicara que la iniciativa de adelantar las subvenciones era un intento de caer bien al mundo de ETA antes de abandonar el poder.

Las ayudas a los desplazamientos de familiares forman parte de la respuesta nacionalista a la pol¨ªtica de dispersi¨®n de presos de ETA seguida por el Gobierno desde hace a?os. La medida fue presentada con cierta hipocres¨ªa como puramente humanitaria, dado que estaba abierta a todos los presos vascos, y no s¨®lo a los acusados de terrorismo. Hace cuatro a?os el Tribunal Superior anul¨® una orden similar a la recurrida ahora por considerar que era un intento de contrarrestar la pol¨ªtica penitenciaria del Gobierno central. El de Vitoria respondi¨® incluyendo las ayudas en el cap¨ªtulo de asistencia social.

Esas ayudas a presos suponen un coste de 225.000 euros, cifra modesta si la comparamos con los casi 400 millones de gasto aprobados por el Gobierno de Ibarretxe desde que est¨¢ en funciones. Ser¨¢ legal, pero es un abuso de posici¨®n que constituye la otra cara de la advertencia del PNV de que no dar¨¢ "ni agua" al nuevo Gobierno.