Exteriores tramita 84 casos de sustracci¨®n internacional de hijos

El C¨®digo Penal espa?ol define la sustracci¨®n de menores como "el traslado de un menor de su lugar de residencia sin consentimiento del progenitor con quien conviv¨ªa habitualmente". Eso es lo que hizo Ces¨¢reo Garc¨ªa S¨¢nchez el 6 de noviembre de 1988, cuando fue a buscar a su hija de tres a?os a Sotillo de la Adrada (?vila) para que pasara la tarde con ¨¦l y no la devolvi¨®. Fue detenido hace unas semanas en M¨¦xico; acab¨® ante la justicia espa?ola, pero qued¨® en libertad. S¨®lo se le acusa de desobediencia, porque la ley penal no se puede aplicar de forma retroactiva si perjudica al acusado, como ocurre en este caso.

Y es que hasta la reforma del C¨®digo Penal de 2002 la sustracci¨®n de menores no se consideraba delito en Espa?a. Ahora se castiga con penas de dos a cuatro a?os de c¨¢rcel, pero hasta entonces s¨®lo se penaba con una multa, que es lo que, a lo sumo, le ocurrir¨¢ a Garc¨ªa. Posiblemente as¨ª se explica que decenas de padres o madres separados espa?oles se llevaran a los hijos a la otra punta del planeta, o de la Pen¨ªnsula, sin dar ninguna explicaci¨®n al otro, que era quien ten¨ªa atribuida la custodia.

Hasta 2002 no era delito en Espa?a y se castigaba con una sanci¨®n econ¨®mica

La historia de la hija de Ces¨¢reo Garc¨ªa tiene un final feliz, aunque tard¨ªo. No es un caso ins¨®lito. El Ministerio de Asuntos Exteriores tramita en la actualidad 84 casos de sustracci¨®n internacional de menores en los que uno de los progenitores, de nacionalidad espa?ola, reclama la mediaci¨®n de la diplomacia para recuperar a sus hijos. Un portavoz ministerial explica que la mitad de estos casos presentan una soluci¨®n relativamente sencilla, pues los ni?os sustra¨ªdos residen en pa¨ªses firmantes del Convenio de La Haya de 1980, suscrito para "garantizar la restituci¨®n inmediata de los menores trasladados o retenidos de manera il¨ªcita en cualquier Estado contratante".

Si los ni?os se encuentran en alg¨²n pa¨ªs de la Uni¨®n Europea, su recuperaci¨®n resulta todav¨ªa m¨¢s r¨¢pida porque en los ¨²ltimos a?os se han aprobado reglamentos que regulan el reconocimiento y ejecuci¨®n de una sentencia en otro pa¨ªs miembro.

Si no es as¨ª, se complica m¨¢s a¨²n la resoluci¨®n, y cuando ya presenta una gran dificultad es cuando los ni?os acaban en pa¨ªses con un sistema judicial y de valores sociales que nada tienen que ver con las occidentales. Es lo que le ocurri¨® a Leticia Moracho, madrile?a de 49 a?os, que el pasado d¨ªa 22 de marzo regres¨® a Espa?a con Sara, su hija de 11 a?os, secuestrada por su padre en Irak durante dos a?os y medio.

?l era t¨¦cnico naval y se conocieron en Madrid. Siempre fueron pareja de hecho y cuando se acab¨® la relaci¨®n la justicia le atribuy¨® a ella la custodia de la peque?a. En el oto?o de 2006, el padre le pidi¨® que le dejara llevar a la hija a Irak para que conociera a su familia. Ya no la volvi¨® a ver m¨¢s.

"Con la ni?a all¨ª, false¨® toda clase de documentos para dar apariencia de legalidad", explica Moracho en conversaci¨®n telef¨®nica desde M¨¢laga, donde pasa unos d¨ªas de vacaciones. "Ahora he descubierto que, oficialmente, yo estaba casada y empadronada en Bagdad desde 1994. ?l puso como testigos a sus hermanos y col¨®", prosigue la madre, quien confiesa que ha pasado mucho miedo por el futuro de la ni?a. "Si la hubieran forzado a un matrimonio se habr¨ªa convertido en iraqu¨ª, pero llegamos a tiempo".

El pasado verano, Moracho viaj¨® a Basora y advirti¨® a la justicia y a las autoridades iraqu¨ªes del enga?o. El hombre fue condenado a 14 a?os de c¨¢rcel, pero lo que deseaba la madre era recuperar a la hija. Al final medi¨® directamente el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel ?ngel Moratinos, quien prepar¨® una reuni¨®n con los m¨¢s altos representantes de la diplomacia, el poder judicial y el Gobierno iraqu¨ª.

El ministerio se hizo cargo esta vez de todos los gastos del segundo viaje de Moracho y la polic¨ªa de Irak la protegi¨® a todas horas. "All¨ª demostr¨¦ el enga?o y fue lo peor que le pudo pasar a ¨¦l". La legislaci¨®n iraqu¨ª no concibe un matrimonio sin papeles y una hija de una pareja no casada. Despu¨¦s de devolver a la ni?a, la condena inicial le fue conmutada al padre por otra de cuatro d¨ªas. Moracho ha recuperado a su hija, pero est¨¢ en paro y ha perdido todos los ahorros que ten¨ªa, "70.000 euros y 30.000 d¨®lares", detalla.