Tortura y torturadores

El presidente Obama autoriz¨® la pasada semana que se hicieran p¨²blicos cuatro memorandos redactados por la Oficina del Consejo Legal del Departamento de Justicia entre 2002 y 2005, en los que se desgranaban argumentos para avalar jur¨ªdicamente algunos m¨¦todos de interrogatorio brutales en las c¨¢rceles secretas usadas en la guerra contra el terror. La publicaci¨®n de los memorandos ha supuesto el reconocimiento oficial de que los Estados Unidos de Bush practicaron la tortura. Pero la nueva Administraci¨®n ha tratado de limitar, al mismo tiempo, las consecuencias que este reconocimiento podr¨ªa acarrear sobre los funcionarios que la llevaron a cabo. El argumento empleado por Obama, y repetido por el fiscal general del Estado, Eric Holder, es que los miembros de los servicios de inteligencia se atuvieron de buena fe a los argumentos elaborados por orden del Departamento de Justicia y, por tanto, no deben ser castigados.

Obama corre un riesgo al dar una respuesta pol¨ªtica a un problema que es tambi¨¦n, y sobre todo, jur¨ªdico. Su estrategia de revelar la existencia de torturas y, simult¨¢neamente, declararse dispuesto a proteger a quienes la llevaron a cabo obedece, sin duda, al deseo de poner fin a "un cap¨ªtulo oscuro y doloroso" de la historia reciente de EE UU, seg¨²n se expres¨® en el discurso posterior a la publicaci¨®n de los memorandos. Pero lo que probablemente no est¨¦ en su mano es hacerlo de la manera en que pretende, puesto que no es la buena o mala fe lo que juzgan los tribunales nacionales e internacionales, sino las acciones que se realizan.

Reconocidos oficialmente los malos tratos, es de prever que la justicia estadounidense acabe acogiendo las demandas de quienes los padecieron. El relator de Naciones Unidas contra la Tortura Manfred Nowak ha recordado, adem¨¢s, que el castigo de los culpables es una exigencia de la Convenci¨®n internacional para impedir esta lacra, de la que Estados Unidos forma parte. Y no habr¨ªa que descartar que las C¨¢maras establecieran alguna comisi¨®n que hiciera muy costoso, si no abiertamente imposible, proteger de la acci¨®n de la justicia a los funcionarios implicados en torturas.

El desmantelamiento de la guerra contra el terror no s¨®lo exige de Obama renunciar a sus instrumentos m¨¢s inicuos, como est¨¢ haciendo, sino tambi¨¦n lidiar con la larga estela de sus consecuencias jur¨ªdicas.