Secreto encubridor

La primera decisi¨®n del Tribunal Superior de Valencia, tras asumir la competencia en la parte del caso G¨¹rtel que le remiti¨® el juez Garz¨®n -d¨¢divas en forma de trajes al presidente Camps, al secretario del PP valenciano Ricardo Costa y a otros dos ex altos cargos de la Generalitat-, no ha sido investigar el presunto delito de cohecho, sino el origen de las informaciones que lo han puesto al descubierto.

El juez instructor designado por el tribunal valenciano quiere saber c¨®mo este peri¨®dico ha podido conocer unas conversaciones telef¨®nicas que figuran en el sumario y que ponen en evidencia la estrecha relaci¨®n de amistad y confianza entre Camps y ?lvaro P¨¦rez, El Bigotes, cabeza visible en Valencia de la trama de corrupci¨®n organizada por Francisco Correa.

Esas conversaciones deber¨¢n ser investigadas por el Tribunal Superior de Valencia y, posiblemente, tambi¨¦n por el de Madrid en lo relativo a El Bigotes, pero el juez instructor valenciano da por sentado de entrada que la supuesta filtraci¨®n se ha producido en el tribunal madrile?o, eludiendo o ignorando que este ¨²ltimo levant¨® el secreto que pesaba sobre las actuaciones sumariales el 3 de abril. Es posible, pues, que no haya habido violaci¨®n del secreto sumarial respecto a conversaciones que, al margen de su posible dimensi¨®n penal, tienen el efecto de mostrar el grado de familiaridad existente entre quien preside la Generalitat valenciana y uno de los jefes de la trama investigada, que obtuvo m¨¢s de cinco millones de euros en contratos p¨²blicos y organizaci¨®n de eventos del PP valenciano.

El Tribunal Superior de Valencia, presidido por un magistrado a quien Camps considera "m¨¢s que un amigo", parece sintonizar con la ¨²nica y m¨¢xima preocupaci¨®n del PP en el caso G¨¹rtel: impedir que lo investigado salga a la luz o, si sale, diluir las responsabilidades en un oc¨¦ano de sospechas sobre el origen de las informaciones, en una actitud que revela una voluntad de encubrir o relativizar los hechos. Dilucidar la eventual trascendencia penal de las conversaciones grabadas corresponde a los tribunales, pero no calibrar su trascendencia pol¨ªtica, que es innegable. El secreto del sumario afecta a las partes que intervienen en el proceso pero, seg¨²n reiterada doctrina del Constitucional, no a los periodistas. Si ¨¦stos conocen por medios l¨ªcitos conversaciones tan reveladoras como las de Camps y El Bigotes, ?deber¨ªan ocultarla a la opini¨®n p¨²blica? ?O no tienen acaso el deber de publicarlas?