Cuando el dolor es espect¨¢culo y poder

"Marta del Castillo sale un d¨ªa normal". (...) "El padre se cabrea, cree que llega tarde, pero ella nunca volvi¨®, por culpa de un cobarde". (...) "Que le den condena a ese hijo de puta. Se merece una muerte lenta". (...) "Los asesinos duermen en casita, gracias a las leyes. ?Qui¨¦n pone las leyes? Dignidad les falta". "?Qu¨¦ m¨¢s da si es menor de edad? Cambiar¨ªan las leyes si su hija fuese Marta". (...) "?Cu¨¢ntos maltratadores andan sueltos? ?Cu¨¢ntos asesinos est¨¢n en la puta calle? ?Cu¨¢ntos etarras andan con normalidad? La sociedad est¨¢ llena de mierda y esto no es normal".

En su canci¨®n de p¨¦same a la joven desaparecida, el rapero gaditano David Fern¨¢ndez, alias Mowlihawk, condensa bien el explosivo estado de opini¨®n que viene gest¨¢ndose en los ¨²ltimos a?os, al calor del espanto y la indignaci¨®n acumulada ante el listado de cr¨ªmenes monstruosos. Miriam, Antonia, Desir¨¦e (las ni?as de Alc¨¤sser), Susana Ruiz, Anabel Segura, Sonia Rubio, M¨®nica Juan Roig, Eva Blanco, Mar¨ªa ?ngeles Pomares, Leticia Ba?os, Roc¨ªo Wanninkhof, Virginia Acebes, Mari Luz Cort¨¦s, Sandra Palo, Marta del Castillo..., cada uno de estos nombres es un pu?etazo directo al coraz¨®n, una sacudida emocional colectiva, una llamarada de rabia que convoca a la acci¨®n y exige resultados: que los cojan, que los castiguen, que los...

Los afectados han aprendido a pulsar los resortes de los medios y del poder

Las sociedades democr¨¢ticas gobiernan a golpe de encuestas

La telerrealidad extiende la idea de que no se persigue a los culpables

Con tanta agitaci¨®n nadie se pregunta de d¨®nde salen estos asesinos precoces

Las familias que protestan, ?est¨¢n habilitadas para definir penas?

El problema es tambi¨¦n una justicia lenta, de errores dram¨¢ticos

En una sociedad sentimental y solidaria como la espa?ola, el secuestro, violaci¨®n y asesinato de ni?as y j¨®venes desata una oleada de empat¨ªa hacia las v¨ªctimas que, de la mano del miedo, recorre las calles, se aposenta en los hogares e interpela a los poderes p¨²blicos: "?Qu¨¦ hacen la polic¨ªa, los jueces, el Gobierno?". De la misma manera que la v¨ªctima necesita aliviarse con la detenci¨®n de su agresor, tambi¨¦n la sociedad busca sosiego en el arresto del delincuente, en la neutralizaci¨®n de la amenaza y la prevenci¨®n del delito. Ha sido as¨ª desde siempre, pero lo que ha cambiado en los ¨²ltimos tiempos en nuestro pa¨ªs es el tr¨¢gico protagonismo social y pol¨ªtico asumido por los padres de las v¨ªctimas y el despliegue medi¨¢tico, principalmente televisivo, que, a menudo, transforma estos dramas en espect¨¢culo de consumo morboso. Desde las ni?as de Alc¨¤sser, las familias atacadas, v¨ªctimas ya de por vida de un quebranto irremisible, han venido ganando terreno en la esfera p¨²blica a trav¨¦s de los medios de comunicaci¨®n y de las campa?as callejeras de recogida de firmas, concentraciones y manifestaciones populares orientadas a exigir el endurecimiento de las penas.

Las familias de las ni?as asesinadas han aprendido a pulsar los resortes del poder y de los medios de comunicaci¨®n porque el instinto les dice que sacar adelante sus propuestas en una sociedad democr¨¢tica pasa por intervenir sobre la opini¨®n p¨²blica. Han ocupado buena parte del espacio p¨²blico exponiendo descarnadamente su dolor, canalizando su aflicci¨®n y su ira, recabando la solidaridad de las gentes, exigiendo el castigo debido a esos malvados, psic¨®patas y s¨¢dicos que les han destrozado la vida. En el pa¨ªs que reform¨® su C¨®digo Penal en 1995 sin que izquierdas ni derechas discreparan apenas sobre las penas asignadas a los delitos, ellas, las v¨ªctimas, se han erigido en el elemento motor de posibles cambios legislativos.

La escena se repite: tras peregrinar por media Espa?a y visitar los estudios de televisi¨®n y de la radio, los padres de las ni?as violadas y asesinadas llegan al palacio de la Moncloa con el respaldo de cientos de miles o millones de firmas ciudadanas que reclaman m¨¢s dureza y menos miramientos con los delincuentes, m¨¢s c¨¢rcel y menos permisos penitenciarios y reinserci¨®n. El presidente del Gobierno y el ministro de Interior multiplican con ellos las palabras y gestos de cari?o, escuchan atentamente sus iniciativas y les dicen que estudiar¨¢n el cumplimiento ¨ªntegro de las penas, aunque sin ocultarles que la aplicaci¨®n de algunas propuestas exigir¨ªa la reforma constitucional. "Pues que se cambie la Constituci¨®n", sentencian los padres de las asesinadas, a la salida de La Moncloa. "Que se haga un referendo popular", reiteran, tras su encuentro con el l¨ªder de la oposici¨®n. El PP se suma, aparentemente, a la causa del endurecimiento de las condenas y las campa?as prosiguen y hasta se superponen. No hay consuelo posible capaz de rellenar el pozo de amargura que deja la desaparici¨®n de una hija arrebatada de esa manera, pero las v¨ªctimas necesitan aliviarse en una pr¨¢ctica jur¨ªdica que entiendan como justicia.

El h¨¢bito de gobernar sin levantar la vista de las encuestas, caracter¨ªstico de las sociedades medi¨¢ticas y democr¨¢ticas, tiende a considerar a la opini¨®n p¨²blica como un potencial souffl¨¦ que puede ser calentado o enfriado a voluntad. Confortar a las v¨ªctimas es un gesto humano, muy necesario en el caso de estos padres desconsolados, aunque la cuesti¨®n de fondo es que est¨¢ conform¨¢ndose una poderosa corriente de opini¨®n por el cumplimiento ¨ªntegro de las penas, el endurecimiento de las condiciones carcelarias y las reformas del C¨®digo Penal y de la Constituci¨®n, en aras a la instauraci¨®n de la cadena perpetua. Discurre en espiral y se reactiva con las sacudidas emocionales colectivas que producen esos cr¨ªmenes horrendos y con las lagunas y errores judiciales, tan frecuentes. El caso de De Juana Chaos -exponente de una falta de correspondencia entre la pena impuesta y el n¨²mero y gravedad de los delitos- ha influido notablemente en el fortalecimiento de ese clima de opini¨®n. "El cuerpo pide que pague el asesino, y eso es lo que expresan las v¨ªctimas, pero hay que tener en cuenta que en sus demandas hay tambi¨¦n una parte racional. Yo estoy de acuerdo en que hay que ser m¨¢s duro con los violadores de ni?os porque demasiados de ellos reinciden. El problema est¨¢, sobre todo, en la instrumentalizaci¨®n que hacen de todo esto algunos medios de comunicaci¨®n", subraya Arturo Canalda, defensor del Menor de la Comunidad de Madrid. Voceado desde los altavoces de las caravanas de coches que recorren pueblos y ciudades y desde los plat¨®s de televisi¨®n, los estudios radiof¨®nicos y los peri¨®dicos, el mensaje de que tenemos una legislaci¨®n muy floja, timorata, de condenas ligeras y escaso cumplimiento est¨¢ calando a fondo en la sociedad. Los 2,3 millones de firmas por la condena a perpetuidad de los pederastas asesinos, recogidas por la familia de Mari Luz Cort¨¦s, la ni?a asesinada en Huelva por un pederasta reincidente que se encontraba en libertad por una cadena de fallos del sistema judicial, son muestra del alto respaldo social a estas creencias.

Da igual que los entendidos nieguen fundamento a esa percepci¨®n y que la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, advierta de que el n¨²mero de reclusos se ha incrementado notablemente -en nueve a?os ha pasado de 39.000 a 75.000-, sobre todo por las reformas ¨²ltimas del C¨®digo Penal en materia de tr¨¢fico y de violencia de g¨¦nero. Da igual, porque "la cuota de audiencia lo justifica todo y el morbo se impone sobre la ¨¦tica profesional. Se ha generado un clima de opini¨®n muy dif¨ªcil de manejar. Los programas sensacionalistas han creado el caldo de cultivo para que la gente piense que a los delincuentes no se les persigue verdaderamente en nuestro pa¨ªs", afirma Arturo Canalda. Escandalizado por lo que sus ojos y o¨ªdos constatan casi a diario, principalmente en la telebasura, cree llegado el momento de que las instancias judiciales tomen cartas en el asunto y pongan freno a tantos desmanes medi¨¢ticos contra el derecho a la intimidad y al honor perpetrados bajo la falsa coartada de la libertad de informaci¨®n y expresi¨®n. "Deben tambi¨¦n intervenir las comisiones deontol¨®gicas de las asociaciones de prensa; hay que establecer un c¨®digo de conducta, un libro blanco que, sobre todo, ponga particular ¨¦nfasis en el tratamiento informativo de los menores. Alguien tiene que poner sentido com¨²n en un asunto tan sangrante", indica.

Barato de producir y altamente rentable en t¨¦rminos de audiencia e ingresos, el morbo audiovisual apenas genera reproche profesional en nuestro pa¨ªs. De hecho, periodistas caracterizados en el ejercicio de ese g¨¦nero imparten clases en la Universidad, y cabe suponer que no expondr¨¢n su quehacer propio como ejemplo de lo que nunca debe hacer un profesional del periodismo. El juicio por calumnias e injurias, que ha quedado listo para sentencia en Valencia, contra el padre de una de las ni?as de Alc¨¤sser, un abogado "crimin¨®logo" y dos periodistas de la televisi¨®n p¨²blica valenciana ha ofrecido una muestra elocuente de c¨®mo la falta de escr¨²pulos profesionales puesta al servicio de la cuota de audiencia se al¨ªa con la incuria, la estulticia, el oportunismo rampl¨®n y la codicia.

La actitud del supuesto asesino de Marta del Castillo, que torea a la polic¨ªa, a los jueces y a sus propios abogados con pistas falsas sobre el paradero del cad¨¢ver, y el comportamiento, entre otros, del denominado asesino de la catana, que acudi¨® a un concurso de televisi¨®n tras cumplir la pena que se le impuso como menor de edad por el asesinato de sus padres y de su hermana, ilustran la validez del concepto "banalizaci¨®n del mal", acu?ado en su d¨ªa por Hannah Arendt para expresar el sentido de irresponsabilidad con que se conduc¨ªan los asesinos del Holocausto. Entre tanta agitaci¨®n medi¨¢tica no parece haber espacio para que nos preguntemos de d¨®nde salen todos estos asesinos precoces que intervienen en los casos de Marta y de Sandra Palo, de qu¨¦ pasta familiar, educacional, ambiental est¨¢n hechos.

A la vista del tratamiento procaz con que determinados medios de comunicaci¨®n abordan estos cr¨ªmenes atroces que revuelven las entra?as de la sociedad y de las caretas de la sensibilidad y del inter¨¦s general con que se disfraza la b¨²squeda obscena del provecho, puede que debamos consignar tambi¨¦n el concepto "banalizaci¨®n del bien".

La mitad de los j¨®venes se manifiesta partidario de la pena de muerte, en un pa¨ªs cuyo ordenamiento jur¨ªdico orienta el castigo penal y la prevenci¨®n del delito al fin principal de la reinserci¨®n social del penado. ?No cabr¨ªa preguntarse por las razones de este fen¨®meno? La pregunta es si la sociedad espa?ola y su clase pol¨ªtica est¨¢n dispuestas a aplicar medidas como la cadena perpetua y a deshacer el camino legislativo labrado durante la democracia, o si se conforman con rellenar las lagunas y rectificar los errores del sistema.

La pregunta es tambi¨¦n si las familias que encabezan esa din¨¢mica est¨¢n habilitadas para buscar la justicia o s¨®lo pueden pretender venganza, puesto que ni la m¨¢s exigente de las leyes podr¨ªa rescatarles de su condici¨®n de perdedores. Las v¨ªctimas son inocentes en la medida en que sufren una agresi¨®n inmerecida, pero eso no significa que sean personas inmaculadas, ni que su sufrimiento les otorgue patente de corso o la cualidad de ejemplares. Puede que no quepa secundar ciegamente sus demandas, y tampoco escandalizarse y descalificarlas por principio. Aunque sujeta a revisi¨®n por los jueces o a un posible indulto, la denominada cadena perpetua figura en el ordenamiento jur¨ªdico de democracias consolidadas.

"Estoy de acuerdo con el fin reinsertador de la pena, pero siempre que est¨¦ unido al reconocimiento del da?o. No deber¨ªa haber redenci¨®n sin reinserci¨®n. Las v¨ªctimas nunca hemos hecho uso, ni apolog¨ªa, de la justicia privada", subraya ?ngel Altuna, psic¨®logo y miembro del Colectivo de V¨ªctimas del Terrorismo del Pa¨ªs Vasco (Covite), donde, debido a la dolorosa secuencia de asesinatos y acoso de decenas de a?os, se ha meditado larga y profundamente sobre la victimizaci¨®n y la justicia.

El problema es ese viento de demagogia caliente que transmite el "rap del p¨¦same a Marta", el crepitar manipulado del dolor de las v¨ªctimas, la agitaci¨®n ideol¨®gica interesada en diagn¨®sticos abracadabrantes que responde al objetivo ¨²ltimo de tumbar el sistema. Y el problema es tambi¨¦n una justicia lenta, de errores dram¨¢ticos. Puede que haya llegado el momento de pasar de la fase puramente sentimental a la de la racionalizaci¨®n del asunto. Para eso, har¨¢ falta que los poderes p¨²blicos encaucen de forma pedag¨®gica el debate sobre la manera con que la sociedad debe hacer frente a esos graves y horribles delitos.