Trata, prostituci¨®n y C¨®digo Penal
Se considera trata de personas, a la captaci¨®n, transporte, embarque o recepci¨®n de personas por medio de amenaza, uso de la fuerza, coacci¨®n, fraude, enga?o, abuso de poder o mediando pago a alguien que ejerza un control previo sobre la v¨ªctima. Para que pueda hablarse de trata —y no s¨®lo tr¨¢fico ilegal de inmigrantes— tiene que haber un prop¨®sito de explotaci¨®n que puede ser sexual, laboral o de extracci¨®n de ¨®rganos. Pero el sexo es lo que m¨¢s tr¨¢fico humano mueve. El 90% de las actividades de la Ucrif, la unidad de la Polic¨ªa Nacional encargada de trata, se refieren a este tipo de explotaci¨®n.
Al estar la trata de seres humanos con fines de explotaci¨®n sexual tan ligada a la prostituci¨®n, la lucha policial y judicial tiene que tener en cuenta las normas que se ocupan de ambos fen¨®menos. Y ambas son mejorables. El C¨®digo Penal de 1995 despenaliz¨® el proxenetismo, conducta que antes s¨ª se persegu¨ªa. El legislador quiso no castigar las conductas que rodean a la prostituci¨®n libremente ejercida y a partir de entonces empez¨® a castigarse s¨®lo al que "obligaba" a una persona a ejercer la prostituci¨®n. Este marco legal cre¨® un nuevo escenario que propici¨® el r¨¢pido desarrollo de una industria alrededor del comercio sexual.
En 2003 el legislador volvi¨® a cambiar de idea y se castig¨® de nuevo a todo aqu¨¦l que se lucraba explotando la prostituci¨®n de otra persona, "incluso con su consentimiento". Pero como la prostituci¨®n es una actividad l¨ªcita, suele haber serios problemas para probar la relaci¨®n entre prostitutas y chulos.
Por otro lado est¨¢n regulados los delitos de trata y de tr¨¢fico ilegal de inmigrantes. Est¨¢n juntos, as¨ª que es imposible conocer las estad¨ªsticas criminol¨®gicas sobre trata.
Y finalmente est¨¢n las v¨ªctimas, tratadas por la ley espa?ola como instrumentos al servicio de la polic¨ªa. "El art¨ªculo 59 de la Ley de Extranjer¨ªa permite que se les conceda el permiso de residencia si denuncian y si aportan informaci¨®n relevante para desarticular redes", explica Marta Gonz¨¢lez, de la ONG Proyecto Esperanza. "Si deciden no denunciar, o tienen muchos datos, no hay derechos. No las tratamos como v¨ªctimas de una grav¨ªsima violaci¨®n de los derechos humanos b¨¢sicos".
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