Ley de Dependencia a tres velocidades
Las prestaciones que recoge la norma se aplican de forma diferente seg¨²n el territorio
Un matrimonio, con residencia en Barakaldo, pide ayuda a la Diputaci¨®n de Vizcaya para atender a dos familiares mayores que conviven con ellos y que son considerados como grandes dependientes, seg¨²n el baremo de la Ley de Dependencia. Es decir, que necesitan ayuda las 24 horas del d¨ªa. La Diputaci¨®n vizca¨ªna le concede al matrimonio 25 horas mensuales del servicio de ayuda a domicilio, que realiza un trabajador social contratado por la instituci¨®n, pero ning¨²n tipo de prestaci¨®n econ¨®mica. En cambio, en ?lava y en Guip¨²zcoa pueden recibir una ayuda mensual de 463,87 euros y 405,57 respectivamente, adem¨¢s de la ayuda a domicilio. ?C¨®mo se le explica al ciudadano esta diferencia de tratamiento, estas tres velocidades a las que se desarrolla una ley de estas trascendencia en una comunidad de poco m¨¢s de dos millones de habitantes?
El Ararteko reclama a las diputaciones que coordinen sus criterios
Este ejemplo real del matrimonio baracald¨¦s es un claro reflejo de las diferencias territoriales que se est¨¢n suscitando a la hora de aplicar las prestaciones recogidas en la ley de Dependencia en Euskadi.
Y es que uno de los problemas m¨¢s serios que tienen en la actualidad los servicios sociales es la diferente cobertura seg¨²n el municipio y el territorio en el que la persona se encuentra empadronada. Una cuesti¨®n que pretende resolver la Ley de Servicios Sociales, aprobada la pasada legislatura y que este mismo a?o va a comenzar su andadura. Pero mientras se despliega, las diferencias, lejos de disminuir, se mantienen. Incluso a la hora de aplicar una serie de prestaciones recogidas en una norma de car¨¢cter b¨¢sico, como es la Ley de Dependencia.
En su informe ordinario correspondiente a 2008, el Ararteko ya resalta estas desigualdades y urge a que las diputaciones se coordinen. "En Euskadi, la regulaci¨®n de las prestaciones econ¨®micas derivadas de la Ley de Dependencia no presenta homogeneidad, lo cual favorece las diferencias interpretativas", apunta el Defensor del Pueblo Vasco. Todo ello desemboca en un distinto tratamiento de las prestaciones por parte de las administraciones, en este caso las diputaciones, as¨ª como en respuestas diferentes ante iguales situaciones de necesidad.
La Ley, que comenz¨® su andadura en 2007, recoge tres prestaciones econ¨®micas para la persona dependiente: un sueldo para los familiares que se hagan cargo de su cuidado y lo mantengan en su entorno; el pago de un asistente personal y la vinculada al servicio (residencia, centros de d¨ªa). En el caso de la comunidad aut¨®noma, las diputaciones son las competentes para aplicar la norma.
Las diferencias territoriales se dan en los tres ¨¢mbitos. Por ejemplo, en la prestaci¨®n econ¨®mica para cuidadores familiares en ?lava y Guip¨²zcoa se admite a la pareja de hecho y en Vizcaya, no. En ?lava se le pide un a?o de empadronamiento previo en el domicilio de la persona dependiente, mientras que este requisito no se pide en los otros dos territorios. En Guip¨²zcoa y Vizcaya se exige una relaci¨®n de parentesco y de convivencia entre dependiente y cuidador, pero en ?lava caben m¨¢s variantes.
Sobre la prestaci¨®n econ¨®mica para contratar un asistente, en Vizcaya se establece una total incompatibilidad de esta ayuda con el uso de otros servicios sociales (excepto teleasistencia y estancias residenciales temporales). Por el contrario, en ?lava y en Guip¨²zcoa la compatibilidad es total. As¨ª, una persona con una prestaci¨®n de este tipo no puede disponer ni de servicio de ayuda a domicilio ni centro de d¨ªa en Vizcaya, mientras que en los otros territorios s¨ª.
Y en cuanto a la prestaci¨®n econ¨®mica vinculada al servicio, en ?lava y en Guip¨²zcoa depende del nivel de recursos de la persona dependiente, pero con diferencias porque en ?lava, adem¨¢s de la declaraci¨®n de la renta, se tiene en cuenta el patrimonio. De momento, Vizcaya ni ha regulado a¨²n esta cuesti¨®n.
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Cuant¨ªa de las prestaciones
La regulaci¨®n de las prestaciones econ¨®micas que contempla la Ley de Dependencia (pago a un cuidador familiar, sueldo para un asistente y copago del servicio de residencia, centro de d¨ªa u de otro tipo) no es homog¨¦nea en los tres territorios. No ya s¨®lo en cuanto a los requisitos, ni siquiera a la hora de fijar la cuant¨ªa. La Ley prev¨¦ que en su determinaci¨®n se tendr¨¢ en cuenta la capacidad econ¨®mica del usuario. Sin embargo, en el desarrollo que han hecho las diputaciones, esa cuesti¨®n ¨²nicamente se ha tenido en cuenta en Guip¨²zcoa, advierte el Ararteko, para todas las prestaciones. En ?lava, se considera s¨®lo para la prestaci¨®n vinculada al servicio (residencias, centros de d¨ªa, teleasistencia) y en Vizcaya no se contempla para ninguna: En Guip¨²zcoa, la cuant¨ªa de la prestaci¨®n se determina de acuerdo con los rendimientos declarados en el IRPF, que se dividen entre el n¨²mero de personas que el beneficiario tenga a su cargo. A quienes no declaran ni acreditan estar exentos de hacerlo, se les asigna una renta anual o superior al Salario M¨ªnimo Interprofesional (SMI).
Mientras, en ?lava se tiene en cuenta la capacidad econ¨®mica ¨²nicamente para la prestaci¨®n vinculada al servicio. Adem¨¢s de los ingresos, tambi¨¦n se computa el patrimonio. En Vizcaya, en cambio, no se considera la capacidad econ¨®mica. Eso significa que se abona el importe total de todas las prestaciones.
El Ararteko tiene previsto realizar un informe extraordinario acerca de la aplicaci¨®n de la Ley de Dependencia en Euskadi. Su objetivo es plantear mejoras en los recursos disponibles, reformas legislativas y actuaciones "m¨¢s diligentes" por parte de las administraciones con competencia en la materia.
Los datos
- Dependientes. 27.854 vascos han solicitado las prestaciones recogidas en la ley. De estas peticiones, a 27.386 personas (el 98,32%) se les reconoce el derecho a alg¨²n tipo de prestaci¨®n.
- Niveles. La mayor¨ªa de ellas se han incluido en la categor¨ªa de grandes dependientes
- Perfil.El perfil medio de los solicitantes es el de una persona mayor de 65 a?os y mujer (63% de los casos).
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