4. Prostituir a la fuerza no es delito grave

Los polic¨ªas que llevan a?os de lucha contra la trata recuerdan los primeros a?os del combate. En una ocasi¨®n, los agentes consiguieron sentar en el banquillo de los acusados al due?o de un club donde se explotaba a mujeres. Dos mujeres, prostitutas del local, testificaron contra el hombre. El juez le conden¨®, pero no cerr¨® su local. El argumento fue que s¨®lo hab¨ªa dos v¨ªctimas de trata de personas. El resto de las mujeres que trabajaban en el local no hab¨ªan denunciado. "Cerrar el local ser¨ªa perjudicar a las que est¨¢n porque quieren", dijo el magistrado a los polic¨ªas. La esclavitud de dos mujeres no era una raz¨®n suficiente para clausurar el burdel.

La actitud de los jueces ha cambiado desde entonces, pero sigue habiendo m¨²ltiples problemas para luchar con eficacia contra la trata de seres humanos. Por un lado, la falta de determinaci¨®n del Gobierno -tanto de ¨¦ste como de los anteriores del PP- sobre qu¨¦ hacer con la prostituci¨®n provoca que haya un gran negocio que se mueve al margen de la ley y que genera extraordinarias ganancias para los explotadores sexuales. Y, al margen del recurrente debate entre abolicionistas y regulacionistas de la prostituci¨®n, no se abordan de forma prioritaria las reformas que hacen falta para erradicar la trata.

La prostituci¨®n forzada se castiga con c¨¢rcel de dos a cuatro a?os

El C¨®digo Penal mezcla delitos de inmigraci¨®n ilegal y explotaci¨®n sexual

"Cerrar el local ser¨ªa perjudicar a las que est¨¢n porque quieren", dijo un juez

La UE ha condenado a Espa?a por no trasponer una directiva

Uno de los problemas m¨¢s graves que denuncian las ONG es que se protege a las v¨ªctimas no por el hecho de serlo sino por colaborar con la polic¨ªa. S¨®lo se les concede el permiso de residencia si han denunciado y si la informaci¨®n que han dado ha sido "relevante" para desarticular una red. Si lo que cuenta la mujer no es ¨²til, no hay permiso. Quid pro quo. Algo que en el caso de la violencia de g¨¦nero ser¨ªa inadmisible, cuando se trata de la explotaci¨®n sexual se tolera sin m¨¢s. "No se enfoca la cuesti¨®n como una violaci¨®n terrible de los derechos humanos m¨¢s b¨¢sicos en una sociedad democr¨¢tica sino que se recompensa a las v¨ªctimas si ayudan", dice Cristina Garaiz¨¢bal, portavoz de la asociaci¨®n Hetaira. Opini¨®n que comparte tambi¨¦n la ONG Proyecto Esperanza.

La regulaci¨®n de los permisos de residencia acaba de costarle a Espa?a una condena de la Uni¨®n Europea. El Tribunal de Luxemburgo dict¨® sentencia la semana pasada contra nuestro pa¨ªs por no haber incorporado a nuestro derecho una directiva de 2004 sobre expedici¨®n de tarjetas de residencia a las v¨ªctimas de trata. La UE, que s¨ª acepta que los permisos puedan concederse a cambio de informaci¨®n, exige garant¨ªas que a¨²n no se cumplen en nuestra legislaci¨®n, como que se d¨¦ a las v¨ªctimas un periodo de reflexi¨®n para decidir si desean denunciar. ?se es uno de los momentos m¨¢s delicados. Las v¨ªctimas, sobre todo si est¨¢n en manos de redes violentas, tienen miedo y necesitan un tiempo -con asistencia sanitaria, legal y psicol¨®gica- para pensar lo que desean hacer. Muchas veces sus familias est¨¢n amenazadas en el pa¨ªs de origen. Un portavoz del Ministerio de Igualdad asegura que la transposici¨®n de esta directiva est¨¢ contemplada en la propuesta de modificaci¨®n de la Ley de Extranjer¨ªa.

Despu¨¦s de la denuncia, e incluso si se les concede el permiso de residencia -s¨®lo lo han conseguido 951 mujeres en los ¨²ltimos ocho a?os y se les ha denegado a otras 648-, los problemas contin¨²an. "Luego se encuentran con que necesitan un permiso de trabajo", se?ala Cristina Garaiz¨¢bal. "Y es muy dif¨ªcil que les hagan una oferta".

En esas se encuentra estos d¨ªas Hope (V¨¦ase EL PA?S del pasado lunes, 18 de mayo). La chica nigeriana vino a Espa?a enga?ada y fue obligada a prostituirse en varios clubes de carretera. Tras denunciar a los tratantes, obtuvo el permiso de residencia. Busca empleo desde entonces. Y siempre le ocurre lo mismo. Le dicen que la pueden contratar, pero si consigue primero un permiso de trabajo. Nadie quiere hacer la primera oferta. Sin permiso de trabajo, no hay empleo. Y sin empleo, no hay permiso. "Todos los d¨ªas voy a entregar mi curr¨ªculum a bares, tiendas. Nadie me hace caso y la residencia me caduca dentro de unos meses. No me queda dinero y tengo miedo de que me expulsen", se lamenta.

La protecci¨®n a las v¨ªctimas es sin duda una de las asignaturas pendientes en el tema de la trata. Pero tambi¨¦n hay suspensos en el ¨¢mbito de la justicia. El C¨®digo Penal regula por un lado el obligar a una mujer a prostituirse y por otro, el tr¨¢fico de personas. La primera cuesti¨®n est¨¢ castigada s¨®lo con penas de dos a cuatro a?os de c¨¢rcel (una pena no grave, seg¨²n el c¨®digo). La misma sanci¨®n se impone a los que se lucren "explotando la prostituci¨®n de otra persona", aun con su consentimiento. Y, dado que la trata muchas veces es dif¨ªcil de probar, ¨¦ste puede ser el ¨²nico castigo que reciba el delincuente.

Se regula por otro lado el tr¨¢fico de personas. El art¨ªculo 318 bis establece condenas de 4 a 8 a?os de c¨¢rcel para quienes trafiquen con inmigrantes y entre 5 y 10 a?os para quienes lo hagan con fines de explotaci¨®n sexual. Esta disposici¨®n plantea dos problemas. En primer lugar, que se juntan dos conductas que no tienen nada que ver: una cosa es introducir en Espa?a de forma ilegal a inmigrantes que quieren entrar y otra muy distinta traerlos enga?ados para esclavizarlos y explotarlos. "Estos tipos penales deben separarse", se?ala Joaqu¨ªn S¨¢nchez-Covisa, fiscal de sala del Tribunal Supremo y coordinador de extranjer¨ªa. "Es necesario un delito espec¨ªfico de trata de seres humanos". El Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotaci¨®n Sexual, aprobado por el Gobierno el pasado diciembre, recog¨ªa esta modificaci¨®n legal. Pero todav¨ªa no se ha producido.

Otro problema de este art¨ªculo es que habla s¨®lo de inmigrantes, lo que implica que quedan fuera todos los ciudadanos de la Uni¨®n Europea. Las mujeres rumanas no se consideran v¨ªctimas de trata y son una de las nacionalidades m¨¢s afectadas por este problema. Marta Gonz¨¢lez, de la ONG Proyecto Esperanza, cree es una de las primeras cuestiones que hay que modificar. Se espera que el Gobierno introduzca algunos de estos cambios en su pr¨®xima reforma del C¨®digo Penal.

Otro de los grandes problemas es la falta de datos. No se conoce la dimensi¨®n del problema y por lo tanto es complicado actuar de forma adecuada. No hay informaci¨®n fiable y centralizada sobre el n¨²mero de prostitutas en Espa?a, el n¨²mero de burdeles, el n¨²mero de testigos protegidas, el n¨²mero de denuncias o el n¨²mero de condenas por este tipo de delitos. Todo son estimaciones basadas en nada concreto.

"Esto es cierto", responde un portavoz del Ministerio de Igualdad. "Pero es una caracter¨ªstica com¨²n a todos los pa¨ªses. Conscientes de esta realidad en nuestro plan hemos incluido diversas medidas que nos permitan conocer mejor la situaci¨®n y cuantificarla. Hay planteados diversos estudios. Adem¨¢s, el CICO (Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado) y el Ministerio del Interior est¨¢n trabajando ya desde el 1 de enero en el dise?o e implementaci¨®n de una base de datos que nos permitir¨¢ un conocimiento m¨¢s exhaustivo y ajustado a la realidad".

Tampoco hay, por el momento, campa?as de sensibilizaci¨®n a pesar de que es un problema grave que apenas preocupa en nuestro pa¨ªs. Ni a la sociedad en su conjunto ni a los clientes de prostituci¨®n. Desde el Ministerio de Igualdad se asegura que las campa?as se est¨¢n preparando ya, pero que llevan tiempo.

Otro debate es el de los medios de comunicaci¨®n. ?Deben suprimir los anuncios de prostituci¨®n porque quiz¨¢ en sus p¨¢ginas haya v¨ªctimas de trata de personas? Dos diarios de reciente creaci¨®n no los admiten: P¨²blico y 20 Minutos. El Plan contra la Trata del Gobierno dice que se promover¨¢ el "control" de este tipo de publicidad. No se dice c¨®mo. Los principales peri¨®dicos (incluido ¨¦ste) no han seguido el consejo. Los responsables de EL PA?S dicen que los anuncios no est¨¢n prohibidos.

"?Qu¨¦ trabajo es? Ya lo ver¨¢s t¨²"