El PP acepta sumarse al debate sobre la cadena perpetua

Juan Jos¨¦ Cort¨¦s retom¨® ayer el debate sobre la instauraci¨®n de la cadena perpetua. El padre de la ni?a Mari Luz, asesinada por el pederasta Santiago del Valle, inst¨® a los pol¨ªticos a no hacer "o¨ªdos sordos" con este asunto durante la presentaci¨®n del libro Ciudadano Cort¨¦s (Plaza Jan¨¦s) escrito por la periodista de EL PA?S Luz S¨¢nchez-Mellado.

En el acto intervinieron el ministro del Interior, Alfredo P¨¦rez Rubalcaba, y la portavoz del PP en el Congreso, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa. ?sta afirm¨® que su partido acepta sumarse al debate sobre la cadena perpetua, mientras que Rubalcaba record¨® que la reforma del C¨®digo Penal, que entrar¨¢ en vigor en 2010, impondr¨¢ un cumplimiento ¨ªntegro de las condenas por pederastia, como ya ocurre con los delitos de terrorismo.

Rubalcaba y S¨¢enz de Santamar¨ªa expresaron su admiraci¨®n por la sensatez con que Cort¨¦s ha llevado su lucha para hacer justicia en el caso de su hija y tratar de que no se repitan los errores que posibilitaron su asesinato. No obstante, el ministro precis¨® que no comparte algunas de sus propuestas pol¨ªticas.

Rubalcaba record¨® que el C¨®digo Penal de 1995 suprimi¨® el sistema de redenciones de condena que estableci¨® la legislaci¨®n franquista. Y se?al¨® que la nueva norma endurecer¨¢ las penas para delitos de pederastia, por la v¨ªa de ser m¨¢s estricto en la concesi¨®n del tercer grado cuando hayan cumplido dos tercios de la pena.

Rubalcaba anunci¨® la incorporaci¨®n de la f¨®rmula de libertad vigilada, para los presos que han cumplido su condena pero muestren indicios de que pueden volver a delinquir. S¨¢enz de Santamar¨ªa apost¨® por dejar claro a los delincuentes que sus actos "no les van a salir baratos".

Recurso de la secretaria

Por otro lado, el abogado de Juana G¨¢lvez, la secretaria judicial suspendida durante dos a?os por el Ministerio de Justicia en relaci¨®n con el caso Mari Luz, argument¨® ayer que el secretario de Estado del ministerio carec¨ªa de facultad para imponerle esa sanci¨®n.

G¨¢lvez asegur¨® que ese cometido corresponde al ministro de Justicia. La secretaria de Estado se?al¨® que las actuaciones del juzgado las decid¨ªa el juez, en alusi¨®n a Rafael Tirado, sancionado con 1.500 euros por el Poder Judicial por no ejecutar la sentencia contra Del Valle.