Expl¨ªquenselo a la ministra

El Gobierno andaluz ha aprobado el proyecto de Ley de Derechos y Garant¨ªas de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte, norma pionera en Espa?a que regula los derechos de pacientes y deberes de los profesionales sanitarios de centros p¨²blicos y privados. El texto no regula la eutanasia ni el suicidio asistido, porque "muerte digna" y "suicidio asistido" son cuestiones relacionadas pero diferentes.

Y creo que es necesario aclarar el tema ante noticias surgidas en los ¨²ltimos tiempos: el proyecto de ley andaluz, la declaraci¨®n como imputado del ex consejero Lamela, acusado de atribuir sedaciones irregulares al doctor Luis Montes del Hospital Severo Ochoa, y las palabras de Trinidad Jim¨¦nez en una entrevista a este peri¨®dico pocos d¨ªas despu¨¦s de tomar posesi¨®n de su cargo como ministra. "No existe un clima social que demande este tipo de legislaci¨®n; en ninguno de los dos casos [muerte digna y suicidio asistido] hay demanda".

La sociedad espa?ola lleva 15 a?os discutiendo en torno al concepto de muerte digna. Los ciudadanos, los profesionales sanitarios y los medios han hecho un largo proceso de clarificaci¨®n para aprender que no todo puede bautizarse como eutanasia. La clase pol¨ªtica es la que parece no haberlos seguido. Desde que Ram¨®n Sampedro confront¨® a la sociedad espa?ola por primera vez con su solicitud de eutanasia o suicidio asistido en 1993 y hasta hoy, hemos debatido largamente en torno a su caso y al de otros enfermos. Hemos descubierto poco a poco que la "muerte digna" es un ideal moral de las personas, que puede incluso configurarse como derecho y que deber¨ªa ser protegido jur¨ªdicamente. El derecho a una muerte digna no es m¨¢s que la otra cara del derecho a una vida digna que todos tenemos. Hay muchos puntos de acuerdo en torno a los contenidos de este derecho, que generan deberes de respeto en los dem¨¢s, especialmente si son profesionales sanitarios, y deberes de garant¨ªa en las organizaciones sanitarias. Entre ellos est¨¢n el derecho a recibir cuidados paliativos y el de realizar el testamento vital o voluntad anticipada. Por tanto, esto son contenidos de la "muerte digna", no "alternativas" contrapuestas a la misma, que es como desafortunadamente lo plantea la ministra. Y Sanidad debe garantizar que se hagan accesibles a todos los espa?oles. Por ejemplo, desplegando una pol¨ªtica espec¨ªfica de apoyo a las voluntades anticipadas. Hoy con el Registro Nacional no est¨¢ garantizado que la voluntad que uno haya registrado en Andaluc¨ªa est¨¦ disponible para los m¨¦dicos en otra autonom¨ªa.

Es importante tambi¨¦n que alguien explique a la ministra que la "muerte digna" tiene que ver con al menos cuatro escenarios. Uno, eutanasia y suicidio asistido; dos, limitaci¨®n del esfuerzo terap¨¦utico; tres, rechazo de tratamiento; cuatro, sedaci¨®n paliativa. El primero es el ¨²nico que es un delito tipificado en Espa?a. Los otros tres tienen un alto grado de consenso ¨¦tico y un sustrato jur¨ªdico en principio suficiente, aunque sometido a interpretaciones variadas. Esto explica que Andaluc¨ªa haya decidido aclarar, reforzar y complementar estos escenarios mediante una ley auton¨®mica espec¨ªfica para dar m¨¢s seguridad a pacientes y profesionales.

En resumen, "muerte digna" y "suicidio asistido" no est¨¢n en el mismo plano. Este ¨²ltimo es una de las posibles maneras de dar contenido a lo primero. Una manera controvertida, que precisar¨ªa una modificaci¨®n del C¨®digo Penal. Esto es lo que parece que la ministra quer¨ªa decir: que por ahora no van abrir este debate. Pero, ?hasta cu¨¢ndo podr¨¢n bloquearlo? Y ?de d¨®nde sale la afirmaci¨®n de que no es una demanda social? Las encuestas no dicen eso.

Pablo Sim¨®n Lorda es profesor de la Escuela Andaluza de Salud P¨²blica de Granada.