Duro rev¨¦s judicial para la ley 'antidescargas' francesa
S¨®lo un juez podr¨¢ cortar la conexi¨®n, dice el Constitucional
La ley Hadopi, la normativa francesa que intenta frenar las descargas masivas por Internet, est¨¢ siendo vapuleada desde todos los frentes. El Consejo Constitucional franc¨¦s dictamin¨® ayer que s¨®lo un juez puede cortar la conexi¨®n a los posibles infractores de descargas ilegales.
De esta forma, el alto tribunal tira por tierra uno de los de principales pilares de la ley auspiciada personalmente por el presidente Nicolas Sarkozy, la de conferir a un organismo administrativo -la Hadopi- la potestad de desconectar de la Red a los internautas que persistieran en descargarse archivos protegidos por derechos de autor.
La Alta Autoridad para la Difusi¨®n de Obras y la Protecci¨®n de Derechos en Internet (Hadopi, por sus siglas en franc¨¦s) pierde as¨ª cualquier potestad sancionadora y s¨®lo tendr¨¢ autoridad para enviar dos avisos a los internautas inst¨¢ndoles a que dejen de descargarse contenidos protegidos, tal y como prev¨¦ la legislaci¨®n, pero sin proponer castigos.
La decisi¨®n se basa en que prevalece la presunci¨®n de inocencia
El organismo, el equivalente al Tribunal Constitucional espa?ol, ampara su decisi¨®n en que "Internet es un componente de la libertad de expresi¨®n y el consumo" y considera incompatible el sistema sancionador de la ley con "el derecho franc¨¦s, en el que prevalece la presunci¨®n de inocencia". Bajo esos argumentos, y aunque reconoce que "se ajusta a la ley imponer una sanci¨®n si se demuestra que existen descargas ilegales", advierte que "el papel de la Hadopi es advertir las descargas que han sido descubiertas, pero no castigarlas".
La decisi¨®n del Constitucional sigue la misma doctrina del Parlamento Europeo que tumb¨® la legislaci¨®n sobre Internet que pretend¨ªan sacar adelante pa¨ªses como Francia soslayando la intervenci¨®n judicial.
La decisi¨®n del Constitucional, que invoca la Declaraci¨®n de los Derechos del Hombre de 1789 equiparando Internet con la libertad de comunicaci¨®n y expresi¨®n, da la raz¨®n a un recurso interpuesto por el Partido Socialista tras la aprobaci¨®n de la ley por la Asamblea Nacional el pasado 13 de mayo. La ministra de Cultura, Christine Albanel, reconoci¨® que habr¨¢ que cambiar la ley
En Espa?a, las tornas est¨¢n invertidas. Es el PSOE el que defiende la necesidad de regular las descargas, y el PP el que ha advertido que llevar¨¢ al Constitucional cualquier ley similar a la propiciada por su amigo Sarkozy.
Con todo, la propia industria cultural espa?ola ya ha se?alado que no desea el modelo franc¨¦s y que se conforma con medidas m¨¢s suaves como la bajada de la velocidad o los microcortes para los potenciales infractores.
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