El Gobierno cambia 47 leyes para avivar la competencia en los servicios

El Gobierno ha transformado la adaptaci¨®n a la Directiva de Servicios en su principal baza legislativa frente a la crisis. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy el proyecto de ley que modifica otras 47 normas del mismo rango. La ¨²ltima redacci¨®n del texto, a la que ha tenido acceso EL PA?S, sustituye la autorizaci¨®n que se exige a empresas y profesionales por declaraciones de responsabilidad. Tampoco ser¨¢ necesario inscribirse en un registro, ya que la Administraci¨®n mantendr¨¢, de oficio, listados p¨²blicos en Internet. Y se liberaliza un amplio abanico de actividades.

La ley ¨®mnibus, que es como se ha bautizado este contenedor de cambios legales, va m¨¢s all¨¢ de remendar los conflictos entre la directiva europea y la normativa estatal. El Gobierno pretende dar un empuj¨®n a la competencia en los servicios, un sector que concentra cerca del 70% del empleo y 65% del PIB. Y tambi¨¦n algunos de los males de la econom¨ªa espa?ola, como baja productividad y precios excesivos. Un estudio divulgado por el Ministerio de Econom¨ªa calcula que la supresi¨®n de cargas administrativas y la eliminaci¨®n de obst¨¢culos a la incorporaci¨®n de nuevas empresas elevar¨ªan el PIB en un 1,2% y generar¨¢n hasta 200.000 empleos.

La reforma de los colegios profesionales, que acaba con los baremos de precios, abarata las cuotas de los colegiados y limita la obligaci¨®n de visar trabajos, es el aspecto m¨¢s conocido del proyecto de ley, pero las modificaciones que incluye la ley ¨®mnibus son de lo m¨¢s variopinto.

- Otra forma de control. Hasta ahora, buena parte de la prestaci¨®n de servicios est¨¢ sometida a una autorizaci¨®n previa para garantizar que se cumplen criterios t¨¦cnicos y normas de seguridad. Es un proceso que puede consumir mucho tiempo y poner "barreras injustificadas y desproporcionadas" al inicio de la actividad. Con la ley ¨®mnibus, el Ejecutivo opta por eliminar estas autorizaciones en la mayor¨ªa de los casos. Empresas y profesionales s¨®lo estar¨¢n obligados a comunicar el inicio de actividad o a remitir a la autoridad competente una "declaraci¨®n responsable". De esta forma, dan fe de que conocen los requisitos legales para ejercer su actividad. La idea es "garantizar la calidad de la prestaci¨®n a trav¨¦s del refuerzo de los servicios de inspecci¨®n". La norma incluye un r¨¦gimen sancionador para penalizar las declaraciones enga?osas o incompletas.

- Autoescuelas, mensajeros e instaladores, liberalizados. Junto a la autorizaci¨®n, se suprimen otros requisitos, lo que supone en la pr¨¢ctica la liberalizaci¨®n de un pu?ado de actividades. As¨ª, se abre el negocio del alquiler de coches sin conductor y se facilita la libre instalaci¨®n de estaciones de autobuses, siempre que se cumpla con normas b¨¢sicas. Tampoco se requerir¨¢ un permiso espec¨ªfico para la formaci¨®n te¨®rica de conductores que dan las autoescuelas, lo que permitir¨¢ la entrada de otras empresas.

No se exigir¨¢ ya autorizaci¨®n ni inscripci¨®n en registro a las empresas de mensajer¨ªa. Los comercializadores de electricidad y gas s¨®lo tendr¨¢n que comunicar el inicio de actividad y se sustituyen los registros de operadores por listados en Internet. A los instaladores de frigor¨ªficos, calentadores o ascensores no se les obligar¨¢ a tener un local o contratar seguros de elevada cuant¨ªa. Adem¨¢s, se extiende este nuevo esquema a la industria y se elimina la exigencia de documento p¨²blico cuando se modifican patentes.

- Registro estatal de gestores de residuos. El Gobierno aprovecha el proyecto de ley para dar validez estatal a las nuevas formas de control de actividades empresariales y profesionales. Eso implica que no ser¨¢ necesario un permiso distinto en cada comunidad aut¨®noma para 22 tr¨¢mites. Entre ellos destaca la creaci¨®n de un registro ¨²nico para las empresas que recojan y traten residuos en Espa?a. En las normas medioambientales, se impulsa el acuerdo auton¨®mico para el reconocimiento rec¨ªproco de permisos, como los de caza y pesca.

- Un centenar de decretos, a la espera. El Gobierno se ha embarcado en un proceso legislativo de enorme complejidad. La ley paraguas, que fija los criterios b¨¢sicos de la directiva, ya est¨¢ en el Congreso. Al proyecto que analizar¨¢ hoy, con los cambios en las 47 normas estatales, quiere darle tr¨¢mite de urgencia. Est¨¢ por aprobar la pol¨¦mica reforma de la ley de Comercio, que se desgaj¨® de la ley ¨®mnibus. Adem¨¢s, debe modificar al menos 117 decretos y ¨®rdenes ministeriales. Y coordinar la adaptaci¨®n de la legislaci¨®n auton¨®mica y local. Todo antes de diciembre, cuando cumple el plazo que marca la directiva.