Espa?a est¨¢ a la cola de Europa en abortos p¨²blicos

Espa?a se ha acostumbrado a que sus abortos cuesten dinero, a que las mujeres tengan que pagar por ellos en cl¨ªnicas privadas. Ha sido as¨ª desde 1985, cuando se despenaliz¨® esta pr¨¢ctica en este pa¨ªs. En 2007, el Estado s¨®lo financi¨® el 28% de las interrupciones voluntarias del embarazo, seg¨²n datos facilitados a EL PA?S por las comunidades aut¨®nomas. El 2% de las intervenciones se llev¨® a cabo directamente en hospitales p¨²blicos y el 26% en centros privados concertados. El resto, el 72%, fueron sufragadas por las pacientes. Son cifras impensables en el resto de Europa. Holanda, Italia, B¨¦lgica y Portugal financian el 100% de sus abortos. Reino Unido paga el 91% y Francia y Suiza, m¨¢s del 70%. Lo raro entre nuestros vecinos es que el sistema nacional de salud no se haga cargo de esta intervenci¨®n.

Con la nueva ley, las mujeres podr¨¢n exigir la prestaci¨®n a sus comunidades

En Europa, los sistemas var¨ªan en funci¨®n del pa¨ªs. Algunos usan mayoritariamente sus hospitales para practicar los abortos, como Italia (que realiza el 91% de intervenciones en centros p¨²blicos y s¨®lo el 9% en cl¨ªnicas concertadas con el Estado). Otros han generalizado el sistema de los conciertos, como Holanda, en donde el 94% de las interrupciones de embarazo se lleva a cabo en cl¨ªnicas privadas que no cobran a las pacientes sino al Sistema Nacional de Salud. En B¨¦lgica el porcentaje es similar: un 79% de abortos en centros privados concertados frente al 21% que se practica en hospitales p¨²blicos.

Portugal, que tiene la ley del aborto m¨¢s reciente (de 2007), sigue un sistema mixto: el 65% de los abortos se realizan en hospitales p¨²blicos y el 35% en centros privados concertados. Ocurre lo mismo en el Reino Unido, que financia el 91% de las intervenciones y un poco m¨¢s de la mitad (el 58%) se llevan a cabo en cl¨ªnicas "independientes", gestionadas por ONG y organizaciones de caridad que cobran de la sanidad p¨²blica.

La indefinici¨®n de la ley vigente en Espa?a ha permitido que el Estado haya permanecido durante 24 a?os al margen de los abortos a pesar de que est¨¢n dentro de la cartera de prestaciones del Sistema Nacional de Salud. El 97% de las intervenciones tienen como causa el riesgo para la salud de la madre y no hay apenas psiquiatras en la red p¨²blica dispuestos a firmar que la intervenci¨®n es necesaria, as¨ª que la ¨²nica salida es un centro privado. El aborto ha quedado fuera de la normalidad sanitaria, reducido al gueto.

La culpa de la privatizaci¨®n en Espa?a suele atribuirse a la supuesta objeci¨®n de conciencia generalizada de los m¨¦dicos. Pero Italia tiene un alt¨ªsimo ¨ªndice de objetores -el 69,2% de los ginec¨®logos, seg¨²n datos del Ministerio de Sanidad italiano de 2006 y 2007- y, a pesar de eso, el Estado garantiza la prestaci¨®n. No es necesario que todos los m¨¦dicos est¨¦n dispuestos a hacer abortos, s¨®lo que los hospitales y los jefes de servicio se decidan a crear unidades espec¨ªficas, porque la voluntad de algunos m¨¦dicos no es suficiente. De cualquier forma, la Ley de Libertad Religiosa que prepara el Gobierno regular¨¢ la "libertad de conciencia", seg¨²n ha anunciado el ministro de Justicia, Francisco Caama?o, y lo har¨¢ partiendo de la base de que las creencias individuales no pueden "eximir del cumplimiento de la ley". En Espa?a nunca ha habido un registro de objetores, as¨ª que esto no se ha podido controlar.

La reforma legal del aborto que ha presentado el Gobierno va a cambiar el escenario por completo. Por primera vez se configura como un derecho de la mujer, que puede ejercer libremente dentro de las primeras 14 semanas de gestaci¨®n, hasta la 22 por malformaci¨®n fetal o grave riesgo para su salud y sin l¨ªmite de plazo si el feto tiene anomal¨ªas incompatibles con la vida o irreversibles y de extrema gravedad.

Cualquier mujer podr¨¢ exigir, seg¨²n el anteproyecto de ley, que se le practique un aborto de forma gratuita dentro de la red sanitaria p¨²blica, ya sea en un hospital o en una cl¨ªnica concertada. El texto se?ala incluso que si el servicio p¨²blico de salud no facilita la prestaci¨®n "en tiempo", la mujer embarazada podr¨¢ acudir "a cualquier centro acreditado en el territorio nacional" y las autoridades sanitarias tendr¨¢n que asumir "directamente" el pago.

La nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva pretende acabar tambi¨¦n con la desigualdad territorial. Los datos son absolutamente heterog¨¦neos entre las comunidades aut¨®nomas. Andaluc¨ªa es la que sube la media de abortos p¨²blicos: es una regi¨®n grande y poblada que financia el 73,6% de sus interrupciones de embarazo. Lo hace a trav¨¦s de conciertos con cl¨ªnicas privadas, porque los hospitales p¨²blicos andaluces apenas llevan a cabo este tipo de intervenci¨®n -s¨®lo hicieron nueve en 2007-. Sin Andaluc¨ªa, los porcentajes bajan dr¨¢sticamente. Hay otras cuatro comunidades que oscilan entre el 32% y el 22%: Murcia, Comunidad Valenciana, Madrid y Catalu?a -tres gobernadas por el PP y una por el PSOE-. Las dos primeras pagan, respectivamente, por el 32% y el 30,8% de las intervenciones. Murcia las hace todas en cl¨ªnicas privadas concertadas. En Valencia, el 7,3% se lleva a cabo directamente en hospitales p¨²blicos y el 23,5% en centros con conciertos.

Madrid y Catalu?a s¨®lo pagan a las mujeres con pocos recursos. En Madrid, las pacientes deben acudir a una trabajadora social para acreditar sus bajos ingresos. Si se les concede la ayuda, el Servicio Madrile?o de Salud reembolsa el pago al centro privado. El Gobierno regional financia el 22,9% de las interrupciones de embarazo. En Catalu?a, salvo el 2,8% que se realiza en hospitales p¨²blicos, las subvenciona a trav¨¦s de la ONG Salud y Familia. En funci¨®n de los ingresos de la paciente se decide si se le subvenciona una cuarta parte, la mitad, tres cuartas partes o la totalidad del pago del aborto. Por tanto, cuando se dice que Catalu?a paga el 22,8% de los abortos, hay que tener en cuenta que un 20% son ayudas parciales, no totales.

En el resto de las autonom¨ªas la financiaci¨®n p¨²blica es puramente testimonial, en porcentajes que oscilan entre el 3% y el 12%. Muchas veces las mujeres ni siquiera saben que pueden pedir a sus servicios de salud que les paguen el aborto. El sistema es tan opaco que no funciona. No hay en todas las provincias cl¨ªnicas u hospitales p¨²blicos que realicen la intervenci¨®n. En el caso extremo de Navarra, las mujeres directamente tienen que salir de su comunidad -por lo general a Bilbao, Madrid o Zaragoza-. No hay abortos en suelo navarro.

Galicia y Castilla y Le¨®n se han negado a facilitar sus datos, por lo que de estas dos regiones se han computado s¨®lo las cifras del Ministerio de Sanidad sobre abortos realizados en hospitales p¨²blicos: el 0,1% en Castilla y Le¨®n y el 3,3% en Galicia. Ante la falta de una ley de acceso a la informaci¨®n p¨²blica, algunos organismos y Gobiernos consideran que no tienen porqu¨¦ informar a los ciudadanos ni a la prensa de datos oficiales que permitan controlar su gesti¨®n.

En cuanto al futuro, la mayor parte de las comunidades aut¨®nomas dicen que van a esperar a estudiar detenidamente el proyecto de ley del Gobierno antes de decidir c¨®mo cubrir la prestaci¨®n. Castilla-La Mancha ya ha elegido. Un portavoz explica que va a optar, como Andaluc¨ªa, por el modelo de conciertos con cl¨ªnicas privadas. Navarra considera que antes de plantearse esta cuesti¨®n, "el Gobierno deber¨¢ regular la objeci¨®n de conciencia en el ¨¢mbito sanitario", como se?ala un portavoz. Y algunas regiones conf¨ªan en que no har¨¢ falta adoptar medidas adicionales a pesar de que el n¨²mero de abortos de los que van a tener que hacerse cargo se va a multiplicar. En La Rioja, por ejemplo, desde la Consejer¨ªa de Salud aseguran que no se van a crear m¨¢s unidades en los hospitales p¨²blicos para practicar abortos y que "no es necesario" un modelo de concierto con cl¨ªnicas privadas. Pero ahora mismo s¨®lo financian el 4,6% de las intervenciones. Resulta dif¨ªcil pensar que van a poder hacerse cargo de todas con su pr¨¢ctica sanitaria actual.