Sedaci¨®n por derecho

La Junta de Andaluc¨ªa, gobernada por los socialistas, ha dado un paso adelante que el Gobierno central no se ha atrevido a recorrer. Su proyecto de ley para una muerte digna no regula la eutanasia, como en su d¨ªa exigi¨® el PSOE a nivel estatal cuando estaba en la oposici¨®n, pero s¨ª intenta garantizar un trance final decoroso a las personas en situaci¨®n terminal, lo que es un avance.

La Ley de Autonom¨ªa del Paciente de 2002 ya contemplaba el derecho de los ciudadanos a expresar, mediante un testamento vital, c¨®mo quieren ser tratados en los momentos previos a su muerte. Pero esa ley nunca se ha desarrollado. La denuncia promovida por la Comunidad de Madrid contra varios m¨¦dicos del Hospital Severo Ochoa, de Legan¨¦s, puso de relieve hasta d¨®nde puede llegar la inseguridad jur¨ªdica de los m¨¦dicos en esas circunstancias. El caso, que termin¨® con la absoluci¨®n de los m¨¦dicos, ha sido fuente de inspiraci¨®n de la nueva norma.

Millones de ciudadanos conocen por propia experiencia las dificultades con las que se tropiezan habitualmente para lograr un tratamiento contra el dolor, una sedaci¨®n integral o evitar una prolongaci¨®n de la vida in¨²til y cruel que a veces se impone, en contra de la voluntad del paciente y de sus pr¨®ximos, en nombre de las creencias religiosas. El proyecto andaluz impone cautelas l¨®gicas. Poner fin a un encarnizamiento terap¨¦utico deber¨¢ contar con la opini¨®n coincidente de otros dos m¨¦dicos. Parece razonable, dado que no es sencillo determinar el momento en el que un tratamiento curativo pasa a convertirse en una obstinaci¨®n sin posibilidad de ¨¦xito. Asturias y Catalu?a ya se han interesado por la iniciativa andaluza.

Es de justicia que los espa?oles del siglo XXI puedan evitar una dolorosa agon¨ªa, si as¨ª lo reclaman. Y que puedan negarse a que los m¨¦dicos apliquen en sus desfallecidos cuerpos encarnizamientos terap¨¦uticos in¨²tiles. Tambi¨¦n es de justicia que los m¨¦dicos no puedan imponer sus creencias morales para sortear la voluntad de sus pacientes. Al partido gobernante, que gan¨® las elecciones en 2004 con un programa electoral que promet¨ªa regular la muerte digna, hay que exigirle coherencia. Cinco a?os despu¨¦s sigue sin cumplir su promesa bajo la excusa de que sobre este asunto no hay "demanda social", un concepto de dif¨ªcil medici¨®n, especialmente si uno no est¨¢ atento a ella.