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Reportaje:

Los justicieros del mundo

Gabriela Ca?as

La guerra convirti¨® al peque?o Sang-hyun Song en el salvador de la familia. Su cuerpo menudo y su corta edad le permit¨ªan moverse por entre las trincheras y bajo la lluvia de las bombas sin ser capturado y movilizado por el Ej¨¦rcito norcoreano. Cada d¨ªa, durante aquel verano de 1953 que nunca olvidar¨¢, hac¨ªa 10 kil¨®metros a pie hasta su ciudad natal para aprovisionarse de los v¨ªveres que sus amigos y familiares pudieran prestarle, y desandaba el camino de vuelta a casa a veces con el macuto vac¨ªo. Otras, con pobres provisiones con las que subsistir. La familia Song sobrevivi¨® y vio c¨®mo aquel mismo verano las fuerzas aliadas liberaban a Corea del Sur de su larga historia de opresi¨®n y colonialismo. A¨²n ve Song n¨ªtidamente a su padre llorar cuando escuch¨® por la radio las palabras del entonces secretario de Estado de EE UU, John Foster Dulles, proclamando: "Corea no est¨¢ sola".

Un acusado de darfur compareci¨® voluntariamente en mayo. 5 pa¨ªses africanos ayudaron al traslado
Sang-Hyun Song: "Cada tres a?os pagaba los estudios a una ni?a. La fundaci¨®n creada por mis hijos en Ghana hace algo similar m¨¢s organizado"
"S¨®lo tenemos una vida, y hay gente en ¨¢frica que necesita una actuaci¨®n urgente de la justicia"
El abuelo de song era un l¨ªder independentista surcoreano que fue torturado por los japoneses
El presidente de sud¨¢n recibi¨® desafiante la orden de arresto viajando fuera m¨¢s que nunca
Anita Usacka: "Me conmovi¨® saber que las v¨ªctimas llegan descalzas y se caen porque nunca hab¨ªan usado una escalera mec¨¢nica"
Sylvia Steiner: "?sta es una experiencia hist¨®rica. Es el pago por estar lejos de mi pa¨ªs, de mi familia, de mis hijos y mis nietos"
Adrian Fulford: "Ser un juez efectivo consiste en resolver problemas, lo que para m¨ª no es una barrera, sino un reto muy interesante"
Akua Kuenyehia: "Cada tres a?os pagaba los estudios a una ni?a. La fundaci¨®n creada por mis hijos en Ghana hace algo similar m¨¢s organizado"
M¨¢s informaci¨®n
Garz¨®n pide un traslado de siete meses a la Corte Penal Internacional

Con el tiempo, Song se convirti¨® en un estudiante de Derecho que aprendi¨® leyes en su pa¨ªs, pero tambi¨¦n en Estados Unidos, en Francia, en Australia y Nueva Zelanda. Trabaj¨® por los derechos de la infancia y termin¨® siendo profesor y juez en una Corea, la del Sur, un pa¨ªs pleno de oportunidades. Cuando su Gobierno le propuso en 2003 ser juez en la Corte Penal Internacional, Song reflexion¨®: "Corea es un peque?o pa¨ªs rodeado de grandes potencias; un pa¨ªs siempre invadido que nunca agredi¨® a otros. Puede ser una buena idea participar en la Corte y prevenir cualquier otra invasi¨®n hacia nosotros".

En marzo de este a?o, Sang-hyun Song fue nombrado presidente de la Corte Penal Internacional y rememora su historia desde su acristalado despacho, en la cumbre del moderno edificio de La Haya. Pero sus expectativas no est¨¢n colmadas. El llamado "crimen de agresi¨®n" del que Corea fue v¨ªctima varias veces no est¨¢ recogido en los estatutos de la Corte, de modo que esta instituci¨®n no podr¨ªa juzgar una invasi¨®n de un pa¨ªs a otro como no pudo pronunciarse en 2003 contra la invasi¨®n de Irak.

Pero la paciencia de los jueces parece tan oriental como el propio Song: "Hay problemas todav¨ªa para ponerse de acuerdo e incorporar este crimen en los estatutos, pero estoy seguro de que alg¨²n d¨ªa se conseguir¨¢", afirma este juez surcoreano. Vive solo en La Haya. Es un tributo que tiene que pagar por trabajar para este gran proyecto estable de justicia universal heredero directo del Tribunal de N¨²remberg, aunque ¨¦ste ha nacido torpedeado por las grandes potencias del mundo (Estados Unidos, Rusia, China e India), pero sostenido por 108 pa¨ªses y el crucial empuje de Europa.

Sin embargo, el gran motor de esta instituci¨®n es el empe?o que palpita en los corazones de millones de personas (muchas de ellas de Estados Unidos y otros pa¨ªses que se han quedado al margen) que sue?an con el fin de la impunidad para los cr¨ªmenes m¨¢s terribles. Song naci¨® en plena Guerra Mundial, cuando Corea era parte del imperio japon¨¦s. Su abuelo era un l¨ªder independentista que en 1919 fue detenido por los japoneses. Sus captores lo desnudaron, lo ataron a un poste y animaron a los perros adiestrados a que atacaran sus genitales. "En aquel tiempo", dice su nieto, "hab¨ªa mucha tortura en mi pa¨ªs. Mi abuelo perdi¨® su capacidad reproductiva", pero sigui¨® luchando y fund¨® un peri¨®dico y a punto estuvo de convertirse en el primer presidente de su pa¨ªs de no ser por que muri¨® asesinado el ¨²ltimo d¨ªa de 1945.

Torturas sistem¨¢ticas, genocidios, violaciones masivas... La Corte Penal Internacional est¨¢ ahora ah¨ª para perseguir este tipo de cr¨ªmenes. Su jurisdicci¨®n es limitada. No podr¨¢ perseguir, por ejemplo, a genocidas de pa¨ªses que no han suscrito su estatuto. Tampoco puede juzgar con car¨¢cter retroactivo. S¨®lo (y nada menos) los cr¨ªmenes cometidos desde julio de 2002. Es, en definitiva, el embri¨®n de la justicia universal que ha llegado con el nuevo siglo y el nuevo milenio.

Cuatro son los grandes casos que ya tiene entre manos. Son cuatro cat¨¢strofes humanas ocurridas todas ellas en ?frica en los albores del nuevo siglo: en Uganda, en la Rep¨²blica Democr¨¢tica de Congo y en la Rep¨²blica Centroafricana. Los tres han pedido ayuda a la Corte. El cuarto caso, el de Darfur, tiene caracter¨ªsticas especiales. En una decisi¨®n trascendental e in¨¦dita, el Consejo de Seguridad de la ONU dio luz verde en 2005 al fiscal de la Corte, Luis Moreno Ocampo, para investigar los cr¨ªmenes cometidos en esta zona de Sud¨¢n. Cuatro a?os m¨¢s tarde, el pasado mes de marzo, la Corte lanz¨® la orden de arresto de Omar al Bachir, el presidente de Sud¨¢n, la primera contra un mandatario en ejercicio.

La orden estaba firmada por la juez letona Anita Usacka, la ghanesa Akua Kuenyehia y la brasile?a Sylvia Steiner. Al Bachir no se ha entregado, pero Le Monde le advert¨ªa en un editorial: "La justicia internacional es paciente y terca: el presidente serbio, Slobodan Milosevic, y el de Liberia, Charles Taylor, lo han aprendido en sus carnes". Usacka fue una de las jueces que pidi¨®, sin ¨¦xito, la calificaci¨®n m¨¢s dura contra Al Bashir, la de genocidio. Hoy los ojos se le humedecen al recordar c¨®mo la convencieron para ser juez de esta Corte.

"Mi sue?o era ser juez del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Yo cre¨ªa que este sitio no era para m¨ª porque apenas hab¨ªa visto casos penales. Soy, sobre todo, constitucionalista, pero mi amiga la juez Navanetehm Pillay [magistrada del tribunal para Ruanda y de la Corte Penal Internacional, y ahora comisaria de la ONU para los Derechos Humanos] quer¨ªa convencerme. Finalmente, fui a un seminario en Budapest y ah¨ª la juez suiza Barbara Ott, que hab¨ªa llevado un caso ruand¨¦s en Suiza, cont¨® las dificultades que afront¨® para celebrar el juicio. Explic¨® que tuvieron que llevar a los testigos a Suiza, conseguirles pasaportes, incluso ropa, comida y calzado, porque no ten¨ªan. Cuando llegaron al aeropuerto de Z¨²rich estaban desorientados. Nunca hab¨ªan visto una escalera mec¨¢nica y se ca¨ªan al suelo. Todo eso me conmovi¨® tanto...", dice emocionada Anita Usacka.

Ella naci¨®, como Song, en un pa¨ªs de identidad amenazada. Letonia era en los a?os cincuenta parte de la Uni¨®n Sovi¨¦tica, y Usacka complet¨® su doctorado en Derecho en Mosc¨². Pero tambi¨¦n dio el salto a Estados Unidos antes de volver a Riga y participar, a partir de 1990, en el electrizante proceso de recuperar la identidad, la independencia y la plena soberan¨ªa de su peque?o pa¨ªs. Esta juez particip¨® por aquellos a?os en diversos proyectos de transici¨®n a la democracia de pa¨ªses centroeuropeos y colabor¨® en la redacci¨®n de la nueva Constituci¨®n de Letonia. El texto de 1922 qued¨® intacto. S¨®lo se a?adi¨® un cap¨ªtulo importante: el de los derechos humanos. Ahora se siente satisfecha de su Carta Magna.

A Anita Usacka le gustar¨ªa que las cosas fueran un poco m¨¢s r¨¢pidas en la justicia en general y en la Corte Penal Internacional, en particular. "S¨®lo tenemos una vida", repite, "y hay gente en ?frica, en todos los rincones, que necesita una actuaci¨®n urgente de la justicia". Pero tambi¨¦n pide calma. "Todo el mundo critica, pero aqu¨ª hay que investigar, producir pruebas, tomar decisiones, contar con int¨¦rpretes...".

El presidente de Sud¨¢n recibi¨® desafiante la orden de arresto de la Corte Penal viajando m¨¢s que nunca: a Eritrea, a Egipto, a Libia, a Qatar. La instituci¨®n nada puede hacer para evitar tal afrenta, salvo apelar a la colaboraci¨®n decidida de la comunidad internacional. Usacka, muy implicada en la lucha contra la violencia dom¨¦stica y el tr¨¢fico de mujeres, rechaza las cr¨ªticas contra la Corte con n¨²meros en la mano y compara las cifras astron¨®micas que mueven el negocio de la trata de mujeres (entre los 5.000 y los 7.000 millones de d¨®lares anuales) y el de las armas (1,16 billones de d¨®lares en 2006) con el humilde presupuesto de la CPI: "20,6 millones de euros".

Ella ha intervenido como juez en uno de los m¨¢s graves conflictos africanos, el del Congo. Ni Usacka ni los otros cuatro jueces entrevistados para este reportaje pueden hablar p¨²blicamente de los casos que llevan entre manos. Cualquier comentario podr¨ªa ser aprovechado por alguna de las partes. Pero lo cierto es que la Corte Penal lleva este caso, el primero que acometi¨®, muy avanzado. El primer juicio ya ha comenzado.

Es el juez brit¨¢nico Adrian Fulford el que ha tenido la fortuna de presidirlo. Este abogado de larga experiencia en casos de terrorismo y cr¨ªmenes sexuales en su pa¨ªs, considera que aquel primer d¨ªa del juicio contra el congole?o Thomas Lubanga, el 26 de enero pasado, ha sido el momento m¨¢s interesante de su actual ocupaci¨®n. "Finalmente, despu¨¦s de tanto tiempo, pude visualizar lo que hab¨ªamos creado, ver lo que ¨¦ramos capaces de hacer".

Fulford no ha podido aprovechar su experiencia antiterrorista en la Corte Penal, pero s¨ª tratar asuntos sobre los que confiesa tener un alto grado de sensibilidad: los abusos sexuales. Los cr¨ªmenes de los que se acusa a Lubanga tienen mucho que ver. Por La Haya han pasado ya varios testigos, algunos de ellos, ni?os forzados en su momento a matar y torturar por orden de l¨ªderes guerrilleros como Lubanga. J¨®venes, hoy en d¨ªa, que han producido escalofr¨ªos al relatar c¨®mo mataban a cientos de personas y c¨®mo las ni?as y las j¨®venes sufr¨ªan violaciones y torturas sistem¨¢ticas. "Creo que mi experiencia anterior me ha servido de ayuda para generar aqu¨ª el ambiente adecuado para las v¨ªctimas", dice Fulford.

Adrian es el ¨²nico Fulford de la familia que se ha dedicado al Derecho en una saga entregada casi por entero a la agricultura en su pa¨ªs. Abogado primero, juez despu¨¦s, Adrian Fulford se manifiesta satisfecho de su oficio, que le obliga a buscar una soluci¨®n a los problemas que se le plantean. "Si la buscas, siempre hay una soluci¨®n", dice. "Me paso la vida intentando encontrar el veredicto correcto y buscando d¨®nde est¨¢ la l¨ªnea de la verdad, de la justicia y la respuesta correcta. Es un privilegio".

La prensa brit¨¢nica le destaca por ser el primer juez que ha confesado p¨²blicamente su homosexualidad, y tambi¨¦n en este punto se siente un privilegiado; especialmente cuando se le recuerda que la homosexualidad es un crimen en casi 80 pa¨ªses y que en Latinoam¨¦rica se asesina a un homosexual cada dos d¨ªas. "Son cifras tremendas y es muy importante que no olvidemos lo que ocurre en otros lugares. Yo tuve mucha suerte. Manifest¨¦ mi homosexualidad cuando ya se hab¨ªa producido el movimiento gay de liberaci¨®n, y no sufr¨ª la presi¨®n social que han vivido otras generaciones. Lo hice porque no estaba preparado para ser deshonesto y mentir a la gente sobre qui¨¦n soy yo".

Adrian Fulford, que exhibe un extraordinario y brit¨¢nico sentido del humor, no parece desmayar ante los sinsabores que produce una Corte Penal de jurisdicci¨®n limitada que lleva apenas seis a?os invent¨¢ndose a s¨ª misma. Conf¨ªa en la justicia, aunque ¨¦sta sea lenta. "Siempre he dicho sobre este tribunal internacional que aqu¨ª se juega una partida larga y que, si no vemos inmediatamente ante los jueces a quien debiera estar, hay que tener confianza porque cuando el tiempo pase y las circunstancias cambien, entonces actuar¨¢ la justicia. No podemos obsesionarnos con la ausencia de resultados inmediatos".

Pero para que los tiranos y los se?ores de la guerra dejen de dormir tranquilos y, en cambio, las v¨ªctimas se animen a denunciar y a colaborar con la justicia, la Corte Penal Internacional necesita contar al mundo su labor, de forma muy especial en los lugares en los que puede llegar a creerse que la impunidad es la norma. La CPI es una empresa de apenas 700 trabajadores, y?algunos de ellos recorren los escenarios de los m¨¢s dram¨¢ticos conflictos del siglo XXI relatando como pueden los avances producidos en los casos de Uganda, Darfur, Congo y Rep¨²blica Centroafricana. "A veces, nuestros enviados deben tomar nota por tel¨¦fono de lo que est¨¢ ocurriendo en La Haya para luego contarlo a la gente, a las ONG o a los periodistas locales, pues en muchos de estos sitios no hay acceso a Internet", explican en la Corte.

Para la juez ghanesa Akua Kuenyehia, esta labor es fundamental para generar en la gente la confianza de que los cr¨ªmenes m¨¢s atroces no siempre quedan impunes. Kuenyehia es uno de los tres jueces que firmaron la orden de arresto del presidente de Sud¨¢n. Dice que su familia era una privilegiada. En primer lugar, porque su madre era profesora en un pa¨ªs en el que se consideraba una p¨¦rdida de tiempo enviar a las j¨®venes a la escuela. En segundo lugar, porque su padre era comerciante adinerado que ten¨ªa dos coches y ch¨®fer, una circunstancia que le produce risa cuando la recuerda ahora. Su padre muri¨® joven y un t¨ªo dilapid¨® pr¨¢cticamente la fortuna familiar, pero el oficio de su madre fue suficiente para salir adelante y dar estudios a la joven Kuenyehia, que crey¨® que s¨®lo las mujeres africanas estaban discriminadas hasta que empez¨® a viajar fuera del continente.

Ahora es juez en La Haya de este primer tribunal penal estable de la historia, tras haber estudiado leyes y haber realizado un largo trabajo a favor de las mujeres, sobre todo en ?frica. "Cuando recorr¨ªa con abogadas las zonas rurales de mi pa¨ªs, muchas mujeres ven¨ªan y me preguntaban si sus hijas tambi¨¦n ten¨ªan la opci¨®n de convertirse en abogadas. Yo les dec¨ªa que s¨ª y que las enviasen a la escuela; que ¨¦se era el mejor apoyo". Esta mujer conf¨ªa ciegamente en la educaci¨®n para salir adelante; especialmente, en la educaci¨®n de las mujeres, porque sabe que de ellas depende que sus familias mejoren sus condiciones de vida. Ella amadrinaba cada tres a?os a una ni?a hasta ofrecerle educaci¨®n superior. Ahora sus hijas han tomado el testigo y realizan una labor similar, pero m¨¢s organizada, a trav¨¦s de la Fundaci¨®n Akua Kuenyehia, a la que le gustar¨ªa dedicarse por entero el d¨ªa que abandone La Haya.

Kuenyehia representa a ?frica en la Corte Penal, donde las cuotas por sexo y zona geogr¨¢fica se cumplen escrupulosamente. Sylvia Steiner representa a Am¨¦rica, pero tambi¨¦n, quiz¨¢, a las ONG, tan importantes para la creaci¨®n de la Corte como la ONU o los 108 Gobiernos que han ratificado su estatuto (el de Roma, en 1998).

Steiner sabe que ella no era la candidata de su Gobierno para trabajar en La Haya. Esta fiscal de S?o Paulo se implic¨® en la creaci¨®n de la Corte desde la organizaci¨®n Women Caucus for Gender Justice. Cuando vio que su Gobierno no era muy activo le pidi¨® seguir trabajando como representante oficial. M¨¢s adelante, cuando se abri¨® el plazo de presentaci¨®n de candidaturas para ser juez en La Haya, el Gobierno brasile?o, que barajaba otro candidato, tuvo que rendirse ante la batalla planteada por la Comisi¨®n Justicia y Paz, el Movimiento Nacional de Derechos Humanos, Tortura Nunca M¨¢s y otras organizaciones, que quer¨ªan a la luchadora Steiner en la Corte Penal.

"La presi¨®n fue grande y al final fui la candidata oficial. Fue bonito porque se trat¨® de una victoria de la sociedad civil tras una larga disputa", cuenta ahora Sylvia Steiner en el castellano que aprendi¨® leyendo libros de leyes en espa?ol. Rodeada de las fotos de sus cuatro nietos, Sylvia Steiner asegura que la Corte Penal Internacional nunca eligi¨® ?frica como campo de operaciones. "Son los pa¨ªses como Uganda o Congo los que han acudido a nosotros porque sus instituciones est¨¢n destruidas. Esta Corte no puede sustituir a las jurisdicciones nacionales que tienen capacidad para acometer un proceso".

Steiner sigue preocupada por el retroceso de los derechos humanos a favor de la seguridad y la lucha antiterrorista, aunque ahora est¨¢ m¨¢s esperanzada que hace cinco a?os. "El debate es m¨¢s abierto y creo que es saludable. Se habla m¨¢s que antes de las torturas y las desapariciones forzadas, sobre todo en Am¨¦rica Latina, as¨ª como de las leyes de amnist¨ªa".

Su sacrificio personal consiste en vivir fuera de su hogar y sola, lo que no hab¨ªa hecho hasta ahora. Es algo de lo que se quejan tambi¨¦n Song y Usacka. Su gratificaci¨®n, formar parte de la historia de esta Corte en la que las v¨ªctimas participan como nunca. Ni siquiera en los tribunales creados ad-hoc para la antigua Yugoslavia o Ruanda. Aqu¨ª, a La Haya, han llegado muchas v¨ªctimas descalzas, sin la ropa adecuada, que nunca supieron hasta ahora c¨®mo era un hotel.

Son circunstancias que conmueven a Steiner, Anita Usacka, Adrian Fulford... Ellos han hablado con El Pa¨ªs Semanal mientras los trabajadores de esta instituci¨®n gestionaban en secreto la llegada a La Haya de uno de los acusados del conflicto de Darfur, Bahr Idriss Abu Garda. El rebelde sudan¨¦s est¨¢ acusado de cr¨ªmenes de guerra cometidos contra cascos azules en septiembre de 2007. Declar¨® el 18 de mayo y tendr¨¢ que regresar en octubre. Es el primero que acude aqu¨ª voluntariamente. La orden de detenci¨®n del presidente sudan¨¦s ha irritado a la Uni¨®n Africana, pero lo cierto es que la comparecencia de Abu Garda ha sido posible gracias a la colaboraci¨®n de varios pa¨ªses africanos como Chad, Senegal, Nigeria, Mali y Gambia.

Conflicto de Uganda

Akua Kuenyehia trabaja en la sala de apelaciones, donde entran todos los casos, como los cr¨ªmenes cometidos en el norte de Uganda por el Ej¨¦rcito de Resistencia del Se?or (ERS), que ha secuestrado a 25.000 ni?os y atacaba aldeas y poblados sembrando el terror. La Corte ha lanzado cinco ¨®rdenes de arresto contra cinco presuntos jefes rebeldes, Cuatro est¨¢n en fuga, y el quinto, muerto.

Terror en la Rep¨²blica Centroafricana

Sang-hyun Song, tambi¨¦n como juez de la sala de apelaciones, atiende casos como el de la Rep¨²blica Centroafricana, el ¨²ltimo que ha entrado en la Corte. Los cr¨ªmenes de los rebeldes de 2002 y 2003 son especialmente crueles, con violaciones y matanzas sistem¨¢ticas. Gracias a la colaboraci¨®n belga, el acusado Jean Pierre Bemba est¨¢ encarcelado en La Haya desde 2008 y podr¨¢ ser juzgado por cr¨ªmenes de guerra y contra la humanidad.

Las atrocidades del Congo

Anita Usacka firm¨® la orden de arresto de dos se?ores de la guerra de la Rep¨²blica Democr¨¢tica del Congo. La devastadora violencia en la provincia de Ituri, rica en minas de oro, se sald¨® entre 1998 y 2003 con tres millones de muertos. Fue el primer caso de la Corte Penal y el que m¨¢s avanzado est¨¢. Se han lanzado otras dos ¨®rdenes de arresto. Tres de los acusados est¨¢n ya encarcelados en La Haya y un cuarto sigue huido.

La guerra de Darfur

Sylvia Steiner es una de las firmantes de la orden de arresto m¨¢s pol¨¦mica: la lanzada el pasado mes de marzo contra el presidente de Sud¨¢n, Omar Hasan Ahmad al Bashir, por la guerra en la provincia sudanesa de Darfur, que ha dejado 300.000 muertos y 2,5 millones de desplazados. Es la primera orden de detenci¨®n de esta Corte contra un mandatario en ejercicio, lo que ha motivado la protesta de la Uni¨®n Africana. La Corte investiga la guerra de Darfur a instancias del Consejo de Seguridad de la ONU y ha lanzado ya otras tres ¨®rdenes de arresto contra sendos acusados.

Juicio a Thomas Lubanga

Adrian Fulford preside el tribunal del primer juicio que se celebra en la Corte desde su creaci¨®n en 2003. Es el de Thomas Lubanga, ex l¨ªder guerrillero. Se le acusa de reclutar forzadamente a ni?os menores de 15 a?os para guerrear en el conflicto que devast¨® la Rep¨²blica Democr¨¢tica del Congo. Lubanga, seg¨²n la acusaci¨®n fiscal, utiliz¨® a centenares de ni?os. Ellos eran violados, y ellas, convertidas en esclavas sexuales.

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Sobre la firma

Gabriela Ca?as
Lleg¨® a EL PAIS en 1981 y ha sido jefa de Madrid y Sociedad y corresponsal en Bruselas y Par¨ªs. Ha presidido la Agencia EFE entre 2020 y 2023. El periodismo y la igualdad son sus prioridades.

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