La reforma imprecisa
La patronal CEOE, sus economistas propios o asociados y el PP han convertido la reforma del mercado de trabajo, es decir, la flexibilizaci¨®n de los contratos y el abaratamiento del despido, en una de las condiciones irrenunciables para superar la recesi¨®n y recuperar la creaci¨®n de empleo. A pesar de la angustiosa "urgencia" en cambiar el mercado laboral y de la insistencia con que se plantea el dilema tr¨¢gico "o reforma laboral o depresi¨®n", lo cierto es que los portaestandartes del cambio en la contrataci¨®n se han limitado hasta ahora a declaraciones gen¨¦ricas y han evitado precisar c¨®mo deber¨ªa ser ese cambio normativo en la contrataci¨®n que har¨ªa crecer significativamente la ocupaci¨®n. Que se sepa, s¨®lo se conoce una propuesta articulada, la del conocido como Grupo de los 100, entre cuyos firmantes aparece el secretario de Estado de Econom¨ªa, que defiende un modelo de contrato ¨²nico estable con una indemnizaci¨®n por despido proporcional al periodo trabajado.
Quienes claman por un mercado "m¨¢s flexible" argumentan que el alarmante crecimiento del paro en Espa?a se explica no s¨®lo por la destrucci¨®n de empleo, sino por la resistencia de los empresarios a realizar nuevas contrataciones. Se supone que esa resistencia, a su vez, se explicar¨ªa por los costes de indemnizaci¨®n o por las dificultades legales para deshacer los contratos. Sin embargo, no est¨¢ demostrada la relaci¨®n entre rigidez laboral y crecimiento desbocado del paro. En primer lugar, porque gran parte del empleo destruido es contrataci¨®n temporal, cuyo coste de indemnizaci¨®n es rid¨ªculamente bajo. El gobernador del Banco de Espa?a defiende, con raz¨®n, que un modelo de contrato fijo con costes de despido flexibles evitar¨ªa el aumento abrumador de los despidos. Y en segundo lugar, porque la contrataci¨®n est¨¢ m¨¢s relacionada con la intensidad de la actividad econ¨®mica que con cualquier otra circunstancia legal. Mientras la econom¨ªa espa?ola crec¨ªa a tasas superiores al 3% y las expectativas de beneficios se consideraban inacabables, las empresas contrataban sin invocar restricci¨®n normativa alguna.
Pero existe otra raz¨®n de estricta justicia. Una reforma de la contrataci¨®n debe discutirse y aplicarse cuando pueda beneficiar a todos los agentes sociales, a empresarios y trabajadores en la proporci¨®n correspondiente. En estos momentos, una reforma laboral s¨®lo tendr¨ªa como efecto abaratar el coste del despido, pero por las razones expuestas no causar¨ªa aumento en la contrataci¨®n. ?sta es la raz¨®n, si se quiere pol¨ªtica, por la cual es oportuno esperar a que la econom¨ªa espa?ola recupere elevadas tasas de crecimiento antes de pactar una reforma laboral. Y para eso es imprescindible que se restablezca la plena operatividad del sistema financiero, es decir, que los balances de bancos y cajas les permitan recuperar el flujo de pr¨¦stamos como fuente de negocio.
Dicho lo anterior, tambi¨¦n es cierto que la econom¨ªa espa?ola no puede permitirse el lujo de operar con un mercado de trabajo dual, con un grupo de trabajadores acorazados y una mayor¨ªa de j¨®venes con salarios rid¨ªculos y derechos pr¨¢cticamente nulos. Cualquier reforma que se proponga debe tener como objetivo principal acabar con esa dualidad acabando con la contrataci¨®n precaria. Pero en ese punto la cooperaci¨®n de los reformistas m¨¢s estruendosos es bien poco probable.
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