Interferencias eclesi¨¢sticas

La Conferencia Episcopal (CE) ha respondido con rapidez a la aprobaci¨®n el pasado 14 de mayo del anteproyecto de Ley Org¨¢nica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupci¨®n Voluntaria del Embarazo mediante una arrasadora declaraci¨®n contra la "ley del aborto" (as¨ª denominada por los obispos). Aunque la CE est¨¦ formada por varones de mediana o avanzada edad, c¨¦libes y castos, desprovistos de experiencia personal directa en cuestiones de fecundaci¨®n y paternidad, sus pronunciamientos sobre la materia son contundentes y audaces. En t¨¦rminos comparativos, esa agresiva rotundidad contrasta con la cautela de las declaraciones concedidas hace pocas semanas por el cardenal Ca?izares en torno a los abusos sexuales cometidos en parroquias, seminarios y colegios religiosos a costa de p¨²beres y adolescentes, investigados, probados y sancionados en Estados Unidos, M¨¦xico e Irlanda; una pesquisa, por cierto, nunca llevada a cabo -como debiera- por la Iglesia espa?ola.

Los obispos fingen olvidar el necr¨®filo papel de la Iglesia como testigo connivente en las matanzas de dictaduras

Seg¨²n la declaraci¨®n episcopal, cualquier forma de interrupci¨®n del embarazo (voluntaria o forzada) en cualquier momento de la gestaci¨®n (puesta en marcha por el acto sexual de fecundaci¨®n) y cualquiera que haya sido su origen (incluida una violaci¨®n) constituye "un crimen abominable". Ese riguroso maximalismo queda modificado en sentido retrospectivo por la tesis seg¨²n la cual el anteproyecto de 2009 constituir¨ªa "un serio retroceso" en relaci¨®n con la ley despenalizadora de 1985. El PP, aun oponi¨¦ndose a la iniciativa del Gobierno, se ha distanciado de la agresividad del tono y la extremosidad de los argumentos de la declaraci¨®n episcopal; esa mayor sensatez nace seguramente de la experiencia: el Gobierno de Aznar mantuvo en vigor durante sus ocho a?os de mandato (cuatro con mayor¨ªa absoluta) la ley actualmente en vigor.

La CE acompa?a su defensa del derecho a la vida con la denuncia de una supuesta cultura de la muerte impl¨ªcita en las pr¨¢cticas abortivas. Los obispos fingen olvidar, sin embargo, el necr¨®filo papel desempe?ado por la Iglesia cat¨®lica como testigo mudo o connivente en las matanzas perpetradas por las dictaduras fascistas y militares del siglo XX y como incitadora de la Cruzada emprendida contra el Gobierno leg¨ªtimo de la Segunda Rep¨²blica espa?ola bajo la coartada justificadora de las sangrientas expediciones cristianas medievales a Tierra Santa.

El Evangelio de la vida predicado por los obispos defiende la reproducci¨®n ilimitada de la especie humana en el hacinado y superpoblado planeta del siglo XXI, escenario del hambre y la mortandad infantil en sus regiones m¨¢s atrasadas y amenazado por el cambio clim¨¢tico y la creciente escasez de agua, alimentos y combustibles. Llevada hasta el ¨²ltimo extremo de fanatismo esa consigna fecundadora, los escr¨²pulos de conciencia morbosamente cultivados por la Iglesia no asaltar¨¢n s¨®lo a los responsables de acabar con la potencialidad humana de los embriones mediante pr¨¢cticas abortivas; tambi¨¦n deber¨ªa afectar a quienes incumplen -hombres y mujeres, casados y solteros, laicos y religiosos- la sagrada misi¨®n de transmitir la potencialidad vital de los espermatozoides y ¨®vulos que hubiesen podido acompa?ar a los actos de procreaci¨®n nunca realizados.

La Declaraci¨®n se dirige no s¨®lo a los fieles de la Iglesia cat¨®lica, obligados a obedecer a sus pastores, sino tambi¨¦n al resto de la humanidad, receptora de "los justos imperativos de la raz¨®n" transmitidos por "la ley natural escrita en su coraz¨®n". La amenaza de excomuni¨®n a los creyentes relacionados incluso remotamente con pr¨¢cticas abortivas -subrayada con delectaci¨®n por el meloso portavoz de la Conferencia Episcopal- s¨®lo surte sus intimidatorios efectos dentro de una asociaci¨®n voluntaria susceptible de ser abandonada por sus miembros. Y la libertad de expresi¨®n permite a los inculpados libres de la f¨¦rula eclesi¨¢stica responder a los cargos de asesinato o infanticidio con el mismo derecho que los obispos a insultar al pr¨®jimo. Resulta inadmisible, por el contrario, la interferencia que pretende causar la Conferencia Episcopal -sus miembros tienen pasaporte espa?ol pero son designados y adoctrinados por el Estado vaticano- en el ¨®rgano supremo de la soberan¨ªa popular y nacional a trav¨¦s de su mandato imperativo -bajo pena de excomuni¨®n- a los parlamentarios cat¨®licos para que boicoteen el proyecto de ley del aborto.