?Tienen las empresas derecho a crecer?

Todas las sociedades libres reconocen el derecho a la libertad econ¨®mica, el derecho a crear empresas sin m¨¢s l¨ªmite que el que puedan establecer las leyes.

Si hay muchas o pocas empresas en un determinado sector es una cuesti¨®n que tiende a regular el propio mercado en el marco de la leg¨ªtima competencia entre ellas sin que sea aceptable que medie el favor pol¨ªtico.

En la Comunidad Europea (?seguimos siendo comunidad?) se ha ido al l¨ªmite al regular el marco legal de la concurrencia empresarial estableciendo no s¨®lo los criterios liberales del derecho a crear empresas, sino el derecho a desarrollar la actividad sin interferencias ni obst¨¢culos arbitrarios y as¨ª el Derecho de la Competencia, que tutelan intensamente diversos organismos, entre ellos nuestra prestigiosa Comisi¨®n Nacional de la Competencia, se ha convertido en el marco legal definidor de los l¨ªmites que en su actividad deben respetar las empresas.

No hay motivo para que la obra p¨²blica se licite con un alcance y costo que inhiba a las empresas medianas

Se genera m¨¢s empleo en dos obras de autov¨ªas de 50 millones de euros que en una de 100 millones

De esta forma, el principio de la libertad y el de m¨¦rito y capacidad han venido a informar el desider¨¢tum legal con objeto de que las empresas se desarrollen en el marco de la competencia legal, sin distorsiones artificiales del mercado.

Considero que la expresi¨®n "el derecho a crecer de una empresa" sintetiza correctamente este conjunto de valores. Si una empresa se esfuerza, investiga, lo hace bien, respeta la ley, compite con ¨¦xito, parece que consolida su derecho a crecer incluso a costa de aquellos competidores perezosos, que descuiden la calidad o que lo hagan mal. Creo que nadie discutir¨¢ el derecho de una empresa a evolucionar y a crecer en ese marco y contexto de competencia. Ha de darse a cada cual lo suyo.

Exactamente estos principios son los que me gu¨ªan para suscitar estas reflexiones, sin duda pol¨¦micas para algunos, ante la opini¨®n p¨²blica en el marco de las actividades econ¨®micas de la obra p¨²blica y de la creaci¨®n de infraestructuras.

La observaci¨®n de este sector econ¨®mico y empresarial desde la perspectiva de las empresas medianas de obra p¨²blica me ha deparado la sorpresa de que los viejos prejuicios subsisten y se recrean incesantemente haciendo necesaria la labor ordenadora y reguladora de la ley, y es que el fuerte es muy sensible y delicado ante las molestias que le puedan causar otros. Manifiestan, por ejemplo, que sobran empresas. Dicen, por ejemplo, que unos son contratistas y otros subcontratistas, y que cada uno debe aceptar su misi¨®n en la vida.

Puede que sobren empresas, qui¨¦n sabe. El problema es saber cu¨¢les son las que sobran en un mercado que no es ilimitado o cu¨¢les deben ceder espacio. Yo propongo que sean las que descuiden los principios de m¨¦rito y capacidad, las que no sean capaces de sostenerse en el marco estricto de la competencia. As¨ª de simple, as¨ª de dif¨ªcil. El dilema es f¨¢cil de expresar pero complejo de resolver frente a prejuicios, h¨¢bitos, costumbres y pr¨¢cticas.

Las 31 empresas de obra p¨²blica agrupadas en AERCO (ma?ana ser¨¢n 33), todas ellas calificables como "empresas medianas", son muchas de ellas tradicionales en el sector. Tienen antig¨¹edad, mucha ingenier¨ªa, recursos humanos, medios t¨¦cnicos, canteras, maquinaria, plantas. Digamos que no s¨®lo se sienten, sino que son capaces de hacer cualquier obra.

Disponen de otra cualidad muy interesante, y es que han sabido crear mucho empleo fijo: generan m¨¢s empleo fijo por unidad inversora que las grandes empresas organizadoras de obra.

Sin embargo, y m¨¢s en las circunstancias econ¨®micas actuales, las empresas medianas pueden tener un l¨ªmite financiero para afrontar retos. Da lo mismo si realizan mucho gasto en I+D+i, si cotizan intensamente por empleo fijo cualificado, si son puntuales y eficaces cuando crean una infraestructura: la capacidad para abordar los costes financieros y de liquidez que exige una obra puede constituir un l¨ªmite si el dise?o de tal obra alcanza dimensiones que determinen costes financieros inalcanzables para una empresa mediana.

Sostengo que no hay motivo alguno para que las obras p¨²blicas se liciten con un alcance y costo que inhiba la participaci¨®n por razones financieras del conjunto de empresas medianas del sector. No se trata, como es l¨®gico, de defender un modelo de proyectos que adolezcan de insuficiente funcionalidad, sino de atemperar la magnitud de aqu¨¦llos.

?ste es el gran reto que planteamos. Si en medio de esta crisis, en la que incluso empresas poderos¨ªsimas van con una mano por el suelo y otra por el cielo tratando de atrapar todo contrato que se encuentre al alcance, por modesto que sea (el exitoso plan del presidente del Gobierno ha ofrecido ejemplos significativos de ese fen¨®meno), si no establecemos condiciones objetivas para que el peso de esa crisis pueda ser soportado con algo de equidad entre unas y otras empresas, entonces tendremos muchos problemas aunque no se reflejen en la Bolsa.

Hay dos razones m¨¢s y ¨¦stas de pura justicia para pretender que las obras p¨²blicas en general sean de financiaci¨®n presupuestaria o las financie inicialmente el sector privado, tengan cada una de ellas una dimensi¨®n no exagerada (la frontera puede estar en los cincuenta millones de euros), sin perjuicio de excepciones posibles. Estas razones se llaman empleo y competencia.

Las obras bien dimensionadas, con un l¨ªmite ordinario de unos 50 millones de euros, producen dos efectos bien palpables y positivos: en primer lugar, generan m¨¢s empleo. En segundo lugar, favorecen la competencia y la concurrencia de m¨¢s empresas.

M¨¢s empleo se genera, sin duda alguna, en dos obras de autov¨ªas de 50 millones de euros que en una de 100 millones de euros. Es una opci¨®n interesante porque no estamos en un l¨ªmite que afecte a la funcionalidad de las obras y de los trayectos de las infraestructuras.

Estas obras de dimensi¨®n grande pero con el l¨ªmite razonable expresado generan m¨¢s empleo que las obras de m¨¢s dimensi¨®n y ello es de importancia si coincidimos en que las obras p¨²blicas, como inversi¨®n productiva, constituyen una medida paliativa frente a la crisis actual.

Y adem¨¢s favorecen la competencia, valor que no gusta a todo el mundo y que volvemos a recordar. Con la excepci¨®n de actuaciones muy singulares, que pueden exigir un dise?o especialmente grande, me parece conveniente que el tama?o de las obras tenga esa dimensi¨®n razonable que permita que puedan competir para su realizaci¨®n un buen n¨²mero de empresas, por cuanto hay evidencias de que, en consecuencia, una dimensi¨®n exageradamente grande para las unidades de licitaci¨®n de obra p¨²blica disminuir¨¢ dr¨¢sticamente las posibilidades de las empresas medianas de concurrir, en perjuicio l¨®gicamente del empleo y de la salud de la econom¨ªa.

Es ¨¦ste el contexto en el que grandes y medianas empresas deber¨ªan concurrir, competir y ganarse el puesto en el escalaf¨®n que cada cual desee, y el inter¨¦s general obtendr¨¢ indudablemente beneficios de tal competencia que nuestro ordenamiento te¨®ricamente preconiza.

Lo curioso es que este debate se produce en unos tiempos en los que hay empresas que desean y piden p¨²blicamente el aval del Estado para poder abordar grandes obras, dada la falta de liquidez actual.

Pues concluyo: si el Estado avala a los contratistas, todav¨ªa hay m¨¢s motivo para que todos compitamos y concurramos en unas licitaciones de tama?o moderado, y de esta forma el aval garantizar¨ªa m¨¢s y mejor competencia entre las empresas.

El Estado debe proteger la igualdad de oportunidades y favorecer la razonable competencia necesaria en nuestra econom¨ªa y yo tengo una gran confianza en que este mensaje suscite apoyo y comprensi¨®n en quienes detentan el poder de decisi¨®n.

Javier S¨¢enz Cosculluela es abogado y presidente de AERCO.