Los dados trucados

Imagine que va al casino a jugar a los dados y que indefectiblemente pierde todas las veces que juega. Usted protesta y denuncia que no es posible, que estad¨ªsticamente alguna vez tendr¨ªa que acertar. Nadie le hace caso, pero poco despu¨¦s se demuestra que, como usted sospechaba, los dados estaban trucados y se anulan todas las partidas. Sin embargo, cuando usted va a reclamar, la nueva direcci¨®n del casino le contesta que s¨ª, que ya sabe que los dados estaban trucados, pero que lo siente, que los dados determinaron que usted perdi¨®.

Luis S¨¢nchez-Bravo muri¨® a las 9.30 del 27 de septiembre de 1975 en el campo de tiro del cuartel de Hoyo de Manzanares (Madrid). Ten¨ªa 21 a?os. Fue fusilado por un pelot¨®n de diez polic¨ªas y guardias civiles voluntarios. La noche anterior cen¨® leche y helado en la prisi¨®n de Carabanchel. Fue uno de los cinco ¨²ltimos ejecutados del franquismo.

La sentencia franquista que conden¨® a S¨¢nchez-Bravo es la base para denegar la indemnizaci¨®n a su viuda

Pero a S¨¢nchez-Bravo le hicieron jugar con dados trucados y nunca pudo ganar: fue detenido, torturado, acusado, condenado y ejecutado en el plazo de un mes, sin ninguna de las m¨¢s elementales garant¨ªas de un juicio justo. Le acusaban de ser miembro del Frente Revolucionario Antifascista y Patri¨®tico (FRAP) y de haber participado en el asesinato del teniente de la Guardia Civil Antonio Pose Rodr¨ªguez, el 16 de agosto de 1975. Un mes despu¨¦s, el 17 de septiembre, fue juzgado en un consejo de guerra sumar¨ªsimo plagado de irregularidades procesales por el Juzgado Militar Permanente n¨²mero 5 de la Primera Regi¨®n Militar. Al d¨ªa siguiente fue sentenciado a muerte.

A pesar de las peticiones internacionales de clemencia, incluida la del papa Pablo VI, Franco confirm¨® la pena de muerte. Doce pa¨ªses occidentales retiraron a sus embajadores y M¨¦xico pidi¨® que Espa?a fuera excluida de la ONU.

Pero el consejo de guerra nunca fue un juicio, sino un circo. Parece que, inspirados por las t¨¦cnicas del cardenal Richelieu, que dec¨ªa "dadme dos l¨ªneas escritas a pu?o y letra por el hombre m¨¢s honrado y encontrar¨¦ en ellas motivo para hacerlo encarcelar", los militares franquistas decidieron prescindir de los derechos de los acusados. S¨¢nchez-Bravo era civil, pero el tribunal que lo juzg¨® pertenec¨ªa a la jurisdicci¨®n militar y se constituy¨® como tribunal de excepci¨®n. Se le aplic¨® un procedimiento sumar¨ªsimo con efecto retroactivo, ya que ten¨ªa su base legal en un decreto ley de 26 de agosto de 1975 sobre prevenci¨®n del terrorismo, cuando el atentado del que le acusaban se hab¨ªa producido 10 d¨ªas antes, el 16 de agosto. Los abogados que asumieron su defensa fueron sucesiva y sistem¨¢ticamente expulsados del consejo de guerra y sus funciones fueron suplantadas por un militar sin conocimientos jur¨ªdicos que nunca se hab¨ªa entrevistado con S¨¢nchez-Bravo ni se hab¨ªa le¨ªdo la causa. Tampoco tuvo asistencia letrada en las dependencias policiales donde fue torturado por la polic¨ªa franquista. Ninguna de las pruebas que se propusieron para su defensa fue admitida, y la sentencia que le conden¨® a muerte fue tan inapelable que nunca pudo ser recurrida, porque no cab¨ªa recurso alguno. Todas y cada una de estas pr¨¢cticas antijur¨ªdicas viola derechos fundamentales reconocidos en la Constituci¨®n y en los tratados internacionales firmados por Espa?a.

Ahora, la viuda de Luis S¨¢nchez-Bravo, Silvia, se ha acogido a la Ley de Memoria Hist¨®rica, en cuyo art¨ªculo 2 se reconoce "el car¨¢cter radicalmente injusto de todas las condenas (...) producidas por razones pol¨ªticas, ideol¨®gicas (...) durante la dictadura", y que en su art¨ªculo 3 declara "la ilegitimidad de los tribunales (...) creados con vulneraci¨®n de las m¨¢s elementales garant¨ªas del derecho a un juicio justo".

Su caso parece claro, pero le han denegado la indemnizaci¨®n que reclama porque "las pruebas que obran en el expediente" se?alan que su marido particip¨® en el asesinato de un guardia civil. ?Y cu¨¢les son esas pruebas? Pues un informe de la Direcci¨®n de la Polic¨ªa y la Guardia Civil de mayo de 2009 basado en los antecedentes policiales de la ¨¦poca y la sentencia del consejo de guerra de 18 de septiembre de 1975. Las mismas pruebas utilizadas en el consejo de guerra que se salt¨® todas las garant¨ªas legales y la misma sentencia que le conden¨® a muerte.

"Es humillante y esperp¨¦ntico", afirma indignada Silvia. Su letrado, Gerardo Viada, considera parad¨®jico y hasta ofensivo que para denegar la indemnizaci¨®n se acuda a la sentencia dictada contra S¨¢nchez-Bravo en el consejo de guerra que tuvo la inmensa desgracia de padecer. "No se puede dotar de legitimidad a una sentencia radicalmente viciada de origen, ni tener por fundamento las ileg¨ªtimas actuaciones del mismo r¨¦gimen pol¨ªtico cuyas indignidades y excesos se tratan de reparar con las indemnizaciones previstas en la citada ley a la que la viuda de S¨¢nchez-Bravo se ha acogido", precisa Viada.

De nuevo, los dados trucados.