Equidad y estabilidad

A expensas de conocer los entresijos del nuevo sistema de financiaci¨®n, el ya irreversible acercamiento de posturas entre el Gobierno, la Generalitat catalana y la Junta andaluza permite avanzar un primer diagn¨®stico sobre el camino recorrido y las expectativas de futuro. Cabe recordar que Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, al ganar en 2004 sus primeras elecciones, aplaz¨® la prometida mejora del modelo impulsado por el PP -que tanto hab¨ªa criticado- para no solaparla con las reformas estatutarias en curso. Resulta obvio que la negociaci¨®n hubiera sido m¨¢s ¨¢gil y pac¨ªfica en aquella etapa de bonanza econ¨®mica que bajo la actual recesi¨®n, que diezma la recaudaci¨®n del Estado y estrangula unas arcas auton¨®micas excesivamente supeditadas a los impuestos que gravan el ladrillo. Y ello explica, tambi¨¦n, que el Ejecutivo haya invertido m¨¢s de un a?o en encarrilar el acuerdo.

De los ejes del sistema hasta ahora esbozados se infiere, en todo caso, una revisi¨®n del concepto de solidaridad interterritorial emanada, en buena medida, del Estatuto que pactaron las Cortes y el Parlamento catal¨¢n. Tradicionalmente, el Estado ha compensado sus moderadas cesiones a las demandas financieras de Catalu?a inyectando recursos extra para las comunidades menos din¨¢micas. Pero las sucesivas reformas se han basado en apa?os bilaterales, cl¨¢usulas opacas que han propiciado una arbitraria evoluci¨®n de los ingresos de cada territorio y una brecha creciente entre los peor y los mejor financiados: hasta 600 euros por habitante de diferencia en 2007.

En buena l¨®gica, los objetivos de esta reforma deben ser garantizar una mayor equidad en el reparto de los recursos y resarcir a las autonom¨ªas m¨¢s damnificadas por el modelo en vigor. Catalu?a entre ellas, pero tambi¨¦n -e incluso en mayor grado- Baleares, Madrid, la Comunidad Valenciana y Murcia. Todas ellas penalizadas por un sistema que no cubre el coste de los servicios que prestan a la nueva poblaci¨®n, en su mayor¨ªa inmigrante, que han acogido en la ¨²ltima d¨¦cada. Y todas, tambi¨¦n, motores del crecimiento econ¨®mico espa?ol, pero que se podr¨ªan gripar sin la precisa lubricaci¨®n financiera. La solidaridad bien entendida implica que los territorios que generen m¨¢s riqueza paguen tambi¨¦n m¨¢s impuestos -cosa que seguir¨¢ sucediendo-, pero no que por ello sus administraciones dispongan de menos recursos que la media para atender a sus propios ciudadanos, como ha acontecido hasta ahora.

Junto a la aprobaci¨®n un¨¢nime por parte de las 15 autonom¨ªas concernidas, lo deseable ser¨ªa que, agotados los grandes traspasos competenciales, este sistema gozara de la estabilidad temporal de la que han carecido los anteriores, siempre subordinados al juego de mayor¨ªas y minor¨ªas en el Congreso. Que la negociaci¨®n se haya desatascado justo cuando el PSOE requiere el apoyo de los grupos catalanes para aprobar los Presupuestos no constituye, por tanto, un presagio reconfortante.