La responsabilidad de proteger

Esta semana, la Asamblea General de la ONU aborda por primera vez en cinco a?os la promesa solemne contra¨ªda por m¨¢s de 170 jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre Mundial de 2005. Dicho compromiso cristaliz¨® en el principio de la Responsabilidad de proteger (RdP) que busca asegurar la respuesta efectiva de la comunidad internacional ante el riesgo inminente de genocidio y otros cr¨ªmenes atroces masivos. Es la promesa de asegurar que los horrores de Ruanda, Srebrenica, Camboya o Argentina no se repitan.

El balance tr¨¢gico del siglo pasado, en el que m¨¢s de 217 millones de seres humanos perdieron la vida en guerras, matanzas y actos genocidas, con una proporci¨®n de 9 a 1 de bajas civiles, da cuenta de la magnitud del desaf¨ªo al que se enfrenta la ONU. La evidencia de estas cifras brutales empuj¨® al secretario general Ban Ki-moon a retomar la agenda de su antecesor y a publicar su informe Hacer efectiva la responsabilidad de proteger que sirve de base para las discusiones de esta semana.

Esta semana, la ONU aborda c¨®mo impedir que se repitan los horrores de Ruanda o Srebrenica

La responsabilidad de proteger, o RdP como se la conoce, representa uno de los avances normativos m¨¢s importantes en el campo de los derechos humanos. No obstante, un peque?o grupo de pa¨ªses, conocido por su empecinada defensa de la soberan¨ªa, amenaza con desafiar el consenso.

La RdP estipula que los Estados est¨¢n obligados, individual y colectivamente, a proteger a sus poblaciones del genocidio, cr¨ªmenes de guerra, cr¨ªmenes de lesa humanidad y limpieza ¨¦tnica. Se trata de un principio que no se contradice con la soberan¨ªa ni con la igualdad entre los Estados. Por el contrario, est¨¢ en total conformidad con el respeto a la soberan¨ªa responsable que ha definido las relaciones entre los Estados en varias latitudes del mundo. La RdP es expresi¨®n pr¨¢ctica de la conciencia acrecentada entre numerosos pa¨ªses sobre los est¨¢ndares universales que subyacen a los derechos humanos respaldados por el derecho internacional.

En la soberan¨ªa responsable no cabe ambig¨¹edad alguna sobre la obligaci¨®n del Estado de proteger a su poblaci¨®n de abusos graves y de la necesidad de actuar cuando de la violencia contra la propia poblaci¨®n se trata. Cuando un Estado incumple manifiestamente sus obligaciones, la comunidad internacional debe tomar las riendas para impedir o detener las atrocidades.

Hay quienes dicen que la RdP es la misma historia que la intervenci¨®n humanitaria pero con otros atuendos. Habr¨ªa que responderles que, a diferencia de la intervenci¨®n humanitaria, la RdP no reivindica la intervenci¨®n unilateral preventiva. Por el contrario, la RdP aboga por la acci¨®n multilateral y colectiva, a la vez que ofrece a la comunidad internacional una amplia gama de medidas para responder, de manera oportuna y decisiva, ante una cat¨¢strofe inminente: desde una diplomacia en¨¦rgica y el despliegue de observadores, hasta la imposici¨®n de sanciones y el uso de la fuerza como ¨²ltimo recurso.

Pese a la variedad de opciones, no han faltado voces que alegan que la RdP es la v¨ªa r¨¢pida para la intervenci¨®n militar. Debe quedar claro que la RdP no s¨®lo no insiste en la acci¨®n militar, sino que enfatiza la prevenci¨®n de las atrocidades y el fortalecimiento de la capacidad de los Estados para proteger a sus ciudadanos. La RdP busca, pues, ser un aliado y no un adversario de la soberan¨ªa responsable.

Aunque la RdP fue adoptada por unanimidad, hay quienes concluyen que se trata de una agenda impuesta por los pa¨ªses del Norte. No es as¨ª: la demanda de protecci¨®n se origina donde ocurren las tragedias, sea en el Norte o en el Sur. Lo confirma la encuesta m¨¢s exhaustiva de v¨ªctimas en zonas de guerra: m¨¢s de dos terceras partes de los civiles entrevistados por el Comit¨¦ Internacional de la Cruz Roja se manifestaron a favor de la intervenci¨®n y s¨®lo un 10% expres¨® su oposici¨®n.

Quienes se oponen a la RdP deber¨ªan preguntarse si cientos de miles de v¨ªctimas en el pasado podr¨ªan haber recibido alguna protecci¨®n y un lugar en la conciencia del mundo si esta norma hubiera estado plenamente establecida en aquella ¨¦poca. No deja de ser ir¨®nico, adem¨¢s, que quienes pretenden aferrarse a criterios absolutos de soberan¨ªa podr¨ªan convertirse en blanco de pol¨ªticas represivas desplegadas bajo los mismos argumentos.

La RdP pretende proporcionar la capacidad institucional para responder a tiempo. Se trata de un principio que busca reconciliar la soberan¨ªa y la protecci¨®n de los derechos humanos en el umbral marcado por cr¨ªmenes atroces masivos. La RdP es un principio manejable que no da pie a obligaciones desmedidas; no pretende resolver las guerras o los conflictos, sino prevenir y, en caso necesario, ofrecer una respuesta cre¨ªble. El alcance y los l¨ªmites de la RdP est¨¢n a¨²n por definirse; no se trata de una tarea concluida, sino de una asignatura pendiente. Pero es claro que en un n¨²mero importante de pa¨ªses esta norma incipiente ha encontrado clara aceptaci¨®n.

Si la RdP es la expresi¨®n del deseo de respetar y proteger la dignidad humana, no debe extra?arnos la amplia simpat¨ªa que ha despertado alrededor del mundo. El reto es hacer del debate de estos d¨ªas en la Asamblea General un espacio de di¨¢logo que permita hacer de esta noble promesa una realidad.

M¨®nica Serrano es directora ejecutiva de Global Centre for the Responsibility to Protect.