La juez imputa a tres agentes de Aguirre por el espionaje pol¨ªtico

El espionaje a pol¨ªticos del PP, ejecutado supuestamente por agentes de la Comunidad de Madrid, se ha cobrado sus primeros imputados. El Gobierno de Esperanza Aguirre enterr¨® la investigaci¨®n en el Parlamento regional porque aseguraba que el espionaje no existi¨®. Sin embargo, la titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero cinco de la capital, Carmen Valcarce, ha citado a declarar el d¨ªa 30, en calidad de imputados, a tres ex guardias civiles que fueron fichados como asesores por el consejero de Interior de Madrid, Francisco Granados: Jos¨¦ Luis Caro Vinagre, Jos¨¦ Oreja S¨¢nchez y Antonio Coronado Mart¨ªnez.

La juez investiga el seguimiento al que fueron sometidos entre marzo y mayo de 2008 el entonces consejero de Justicia del Gobierno de Aguirre, Alfredo Prada, y el vicealcalde del Ayuntamiento madrile?o, Manuel Cobo. Eran las v¨ªsperas del congreso del PP y ambos se mostraban afines a Mariano Rajoy.

La juez ha citado a declarar el d¨ªa 30 a los tres agentes de la Comunidad

La investigaci¨®n judicial afecta a otros cinco asesores y funcionarios

Fuentes relacionadas con la investigaci¨®n vinculan su citaci¨®n con un primer informe remitido por Telef¨®nica sobre los lugares donde ocho agentes de seguridad de la Comunidad hicieron llamadas entre marzo y mayo de 2008. Los tres ex guardias civiles citados a declarar tambi¨¦n colaboraron con el ex polic¨ªa Marcos Pe?a, asesor de Granados, para realizar sus informes sobre presuntos casos de corrupci¨®n vinculados a ayuntamientos socialistas.

Los tres son personas de la total confianza del consejero Granados. Los fich¨® personalmente en 2007 como asesores por su amistad de su etapa de alcalde en Valdemoro, base de la que proven¨ªan los tres. En privado, dentro del caos de distintos equipos de servicios de seguridad que pululaban en su consejer¨ªa, Granados s¨®lo pon¨ªa la mano en el fuego por ellos. Sus tel¨¦fonos m¨®viles estaban incluidos en la relaci¨®n que envi¨® la juez a Telef¨®nica el pasado 6 de mayo para que ubicara su posicionamiento en los meses del espionaje a Prada y Cobo. La petici¨®n se ampliaba a otros cinco agentes m¨¢s de la Comunidad.

Ya existe un primer informe de Telef¨®nica, que la juez requiri¨® ampliar. Y en este contexto se ha producido una citaci¨®n que los abogados del caso esperaban para septiembre como muy pronto.

Maru Men¨¦ndez, portavoz socialista en la asamblea madrile?a, suma como elemento de sospecha la reciente remodelaci¨®n de funciones en la Consejer¨ªa de Interior, que dej¨® sin tareas de contravigilancia y avanzadas precisamente a los agentes sospechosos del espionaje. Olfatea que con tal medida Granados pretend¨ªa soltar lastre al sentir estrecharse el cerco judicial sobre los presuntos autores del espionaje. Men¨¦ndez pide a Aguirre que aplique la pol¨ªtica de ceses internos, l¨¦ase Granados, que demanda a Rajoy por el caso G¨¹rtel.

Granados, significativamente, se curaba en salud d¨ªas atr¨¢s diciendo que no tendr¨ªa la menor trascendencia si los posicionamientos telef¨®nicos demostraran que alg¨²n agente suyo coincidi¨® en alg¨²n punto en los d¨ªas de espionaje con Prada o Cobo. Y anticipaba una posible coartada: admit¨ªa que sus agentes hab¨ªan realizado avanzadas (reconocimientos de lugares donde acuden altos cargos) y contravigilancias (detecci¨®n de riesgos en el personal escoltado), incluso domiciliarias. Y, seg¨²n la Consejer¨ªa de Interior, esa labor de protecci¨®n podr¨ªa haber alcanzado a Prada. Pero sin precisar nunca cu¨¢ndo ni d¨®nde se le hab¨ªa contravigilado o se le hab¨ªa aplicado una avanzada al entonces consejero de Justicia. "No hay ning¨²n informe donde se detalle a qui¨¦n se contravigila ni cu¨¢ndo", alegaban portavoces de Granados.

La Consejer¨ªa de Interior intentaba involucrar a Prada: "Cuando Prada era consejero de Interior tambi¨¦n ordenaba realizar avanzadas y contravigilancias". Pero Prada lo niega, y tambi¨¦n los sindicatos de agentes: "Esas pr¨¢cticas las instaur¨® Sergio Gam¨®n como director de seguridad cuando Granados asumi¨® Interior". Granados ha venido a dar la raz¨®n a la oposici¨®n y a los sindicatos cuando tachaban de ilegales tales avanzadas y contravigilancias -la protecci¨®n de los altos cargos corresponde s¨®lo al Ministerio del Interior- al anunciar que ser¨¢n los futuros 80 polic¨ªas nacionales que se integren en su departamento quienes realicen estas tareas, que hasta ahora copaban una decena escasa de sus agentes: los tres ex guardias civiles, los tres ex polic¨ªas procedentes de la seguridad de La Moncloa y los funcionarios hist¨®ricos Jos¨¦ Manuel Pinto y Jos¨¦ Palomo.

Toda la labor de esta guardia pretoriana que investiga la juez era legal, seg¨²n Granados. Pero, desde que este diario destap¨® el espionaje por agentes de Aguirre, el grupo qued¨® desocupado, sin perder sus sueldos, la mayor¨ªa muy altos. Pinto y Palomo incluso enfermaron. Llevan meses de baja. Las supermotos Honda que compr¨® Granados "para reparto de correo interno" dejaron de usarse. Tanta autolimpieza no ha bastado. La juez busca bajo las alfombras del aparato de seguridad de Aguirre porque sospecha que se malvers¨® dinero p¨²blico al financiar tareas de espionaje.