El PP convierte el pacto antitr¨¢nsfugas en papel mojado con su pol¨ªtica en Mos
Los tr¨¢nsfugas siguen funcionando a todos los efectos como grupo popular
El Acuerdo Antitransfuguismo que renovaron en 2006 las fuerzas parlamentarias espa?olas naufraga en toda su extensi¨®n en Mos, donde gobierna desde diciembre una alcaldesa del PP, Nidia Ar¨¦valo, tras la moci¨®n de censura que desaloj¨® a la socialista Mar¨ªa Jes¨²s Escudero con el apoyo de un tr¨¢nsfuga del propio PSdeG. El actual gobierno sigue actuando como grupo popular porque las leyes (Electoral y de R¨¦gimen Local) pesan m¨¢s que cualquier pacto pol¨ªtico y el PP, que promovi¨® el cambio, ni lo ha condenado ni siquiera, contra lo que tambi¨¦n ordena el pacto, descarta llevar a sus protagonistas en su lista de las pr¨®ximas elecciones locales.
El pacto antitransfuguismo ha permitido, mediante reforma legislativa, crear la figura de "concejales no adscritos", para meter en ella a los tr¨¢nsfugas y la limitaci¨®n de sus derechos. Son tr¨¢nsfugas los concejales que "apart¨¢ndose individualmente o en grupo del criterio fijado por los ¨®rganos competentes de las formaciones pol¨ªticas que los han presentado, o habiendo sido expulsados de ¨¦stas, pactan con otras fuerzas para cambiar o mantener la mayor¨ªa gobernante en una entidad local".
Los ediles del gobierno tendr¨ªan que funcionar como "no adscritos"
Al haber solicitado la "baja cautelar" de militancia, el PP no puede expulsarlos
En el caso de Mos, la moci¨®n de censura fue promovida por Rafael Louz¨¢n, presidente provincial del PP, y su equipo, lo que desactiva toda disonancia del partido con el grupo local, cuyos concejales tampoco fueron expulsados del PP, sino que pidieron una "baja cautelar" meses despu¨¦s de ocupar el gobierno en previsi¨®n del dictamen de la Comisi¨®n de Seguimiento del pacto. Esta comisi¨®n tuvo que desviar su caso al Comit¨¦ de Expertos y no dictaminarlo en su reuni¨®n de diciembre, como estaba previsto, porque el propio PP negaba la existencia de transfuguismo en Mos.
Con ese precedente, mal pod¨ªa "desincentivar el transfuguismo pol¨ªtico a trav¨¦s de la adopci¨®n de medidas disuasorias de car¨¢cter reglamentario y protocolario" como ordena el pacto.
Ahora, dictaminada taxativamente su condici¨®n de tr¨¢nsfugas, los concejales tendr¨ªan que se?alarse como "no adscritos" y no podr¨ªan funcionar como grupo pol¨ªtico en las sesiones plenarias, ni participar en la junta de portavoces, que s¨®lo puede ser constituida por los de los grupos pol¨ªticos. Sin embargo, los concejales del gobierno de Mos siguen identific¨¢ndose a todos los efectos como grupo popular y percibiendo la asignaci¨®n (de 300 a 400 euros mensuales) para funcionamiento que les corresponde como tal.
Los ediles se agarran a sus actas, que certifican su elecci¨®n por el PP, lo que prevalece durante todo el mandato. Adem¨¢s, el titular del acta es el concejal, no el partido por el que haya sido elegido. La direcci¨®n provincial ahora se lava las manos. Aduce que no puede intervenir en un "asunto interno" del Ayuntamiento de Mos (la autonom¨ªa de los concejales para denominarse como quieran) y que tampoco puede expulsar del partido a los tr¨¢nsfugas porque ya no pertenecen al mismo.
En Mos el PP est¨¢ dirigido ahora por una gestora que preside Camilo Gonz¨¢lez, presidente de Nuevas Generaciones. Los tr¨¢nsfugas del grupo municipal frecuentan la sede y Nidia Ar¨¦valo incluso pos¨® como protagonista en la pegada del primer cartel del PP en la campa?a de las europeas. Pero, formalmente, ni militan ni ostentan ninguna participaci¨®n org¨¢nica.
El pacto compromete, entre otras cosas, a no presentar a tr¨¢nsfugas como candidatos a cualquier elecci¨®n, "sea cual sea el partido al que hubiesen pertenecido", pero la direcci¨®n provincial del PP adelanta que, si los de Mos deciden volver, en su momento se analizar¨¢ su petici¨®n. Con lo cual, nada del pacto antitr¨¢nsfugas, cuya denominaci¨®n exacta es Acuerdo sobre un c¨®digo de conducta pol¨ªtica en relaci¨®n con el transfuguismo en las corporaciones locales, ha cuajado en Mos. Su existencia, seg¨²n afirma, "permiti¨® fomentar y consolidar la conciencia social del car¨¢cter inadmisible y la naturaleza pol¨ªticamente patol¨®gica de tales comportamientos [los tr¨¢nsfugas], incompatibles con el sano funcionamiento de una democracia representativa en el nivel local". Pero es ajena.
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