Peligroso precedente

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Valencia, por dos votos a uno, decidi¨® ayer archivar la causa que se segu¨ªa contra el presidente de esa comunidad, Francisco Camps, y otros tres cargos p¨²blicos del PP imputados por un posible delito de cohecho. La resoluci¨®n, que la fiscal¨ªa recurrir¨¢ ante el Supremo, avala una doctrina sorprendente, si no escandalosa: que las autoridades pueden aceptar regalos valorados en miles de euros (trajes, relojes, pulseras, bolsos) por parte de empresas que contratan con las administraciones donde gobiernan esos pol¨ªticos, siempre y cuando los beneficiados no participen en los distintos procesos de adjudicaci¨®n. En este caso, con un agravante: los autores de los regalos est¨¢n siendo investigados por corrupci¨®n.

El art¨ªculo 426 del C¨®digo Penal sanciona la aceptaci¨®n por autoridad o funcionario de regalos ofrecidos "en consideraci¨®n a su funci¨®n o para la consecuci¨®n de un acto no prohibido". El bien que se trata de proteger es el principio de imparcialidad de gobernantes y funcionarios, y la conducta sancionada es el hecho de "admitir" la d¨¢diva, aunque no se haya solicitado. Lo que se trata de evitar es que esa aceptaci¨®n condicione decisiones p¨²blicas. Resulta sorprendente que se considere que el precepto s¨®lo se aplica al funcionario o pol¨ªtico que directamente participa en la adjudicaci¨®n, y no a sus jefes. Especialmente cuando lo que se consideran son decenas de contratos de la Administraci¨®n valenciana a una misma empresa.

El portavoz del PP en el Senado, P¨ªo Garc¨ªa Escudero, ha declarado que recibi¨® un reloj de alto valor de la trama, y que lo devolvi¨® de inmediato. Algo que pudieron haber hecho pero no hicieron los imputados de Valencia. Se han limitado a negar que recibieran los regalos, o, en el caso de Camps, a decir que los pagaron (los famosos trajes) de su bolsillo. Pero la instrucci¨®n constat¨® y el auto de ayer da por establecido que no hay prueba de tales pagos y s¨ª, en cambio, de que los pag¨® el cabeza de la trama en Valencia, ?lvaro P¨¦rez, El Bigotes. Los contratos conseguidos por la red de Correa y El Bigotes con la Administraci¨®n regional coincidieron con el periodo en el que hicieron decenas de regalos a dirigentes pol¨ªticos valencianos. Y la mayor¨ªa de esos contratos los consiguieron sin concurso; en algunos casos, tras trocearlos para que cada adjudicaci¨®n no superara el l¨ªmite (12.000 euros) que permite hacerlo a dedo. Esto figura en el sumario y no es cuestionado por el auto.

En esas condiciones, Mariano Rajoy deber¨ªa reservar para mejor ocasi¨®n su euforia de ayer: "Ha ganado la justicia, el sentido com¨²n y los vendedores de tila", dijo. A no ser que el l¨ªder del PP considere digno de euforia que el vestuario de uno de sus presidentes auton¨®micos est¨¦ financiado por los cabecillas de una presunta trama de corrupci¨®n, que la palabra de ese mismo presidente ante los ciudadanos y la justicia haya quedado desautorizada (el auto constata que los argumentos de Camps sobre el pago de los trajes no se sostienen) y que la Administraci¨®n que dirige ese mismo l¨ªder regional recurra a pr¨¢cticas m¨¢s que dudosas para beneficiar a unas determinadas empresas.

Rajoy tambi¨¦n acus¨® a quienes han denunciado las supuestas corruptelas, en relaci¨®n a este peri¨®dico, de ser "la Inquisici¨®n". Sin embargo, la denuncia parti¨® de un ex concejal del PP y cuatro de los seis jueces que han estudiado el asunto hallaron suficientes indicios de cohecho por parte de los dirigentes imputados. Pero ayer, los dos que constitu¨ªan mayor¨ªa en la sala (uno de ellos, algo m¨¢s que un amigo de Camps, seg¨²n las palabras del propio presidente auton¨®mico) opinaron de otra manera. El tercero, a trav¨¦s de un voto particular, cree que podr¨ªa haber delito. El Supremo tiene ahora la ¨²ltima palabra.