Un tribunal dividido salva a Camps

Francisco Camps acept¨® regalos de la trama corrupta vinculada al PP dirigida por el empresario Francisco Correa, en prisi¨®n. La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana no lo discute, pese a que el presidente valenciano lo ha negado reiteradamente. Pero archiva la causa abierta por supuesto delito de cohecho.

En un auto que notific¨® ayer, considera que no existe relaci¨®n entre los regalos y las funciones que los cuatro imputados desempe?aban porque no se puede probar la causa que llev¨® a la empresa Orange Market, dirigida por ?lvaro P¨¦rez, a pagar los trajes a los pol¨ªticos. Esa sociedad obtuvo adjudicaciones por m¨¢s de siete millones de la Generalitat valenciana, hizo regalos por miles de euros a decenas de altos cargos y pag¨® trajes a Camps; al secretario general de los populares valencianos, Ricardo Costa; al ex vicepresidente de la Generalitat, V¨ªctor Campos, y al ex jefe de gabinete de la Consejer¨ªa de Turismo, Rafael Betoret.

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Pero el tribunal legitima la recepci¨®n de los regalos porque entiende que no ten¨ªan por objeto provocar un acto injusto. La resoluci¨®n, que dividi¨® a los tres integrantes de la Sala, ya que se produjo un voto particular, ser¨¢ recurrida ante el Tribunal Supremo por la Fiscal¨ªa y por el PSPV-PSOE, que ejerce de acusaci¨®n popular.

Los magistrados Juan Luis de la R¨²a, presidente del TSJCV, de quien Camps dijo que era m¨¢s que un amigo, y Jos¨¦ Francisco Ceres, ponente del auto que ayer cerr¨® el caso en Valencia, defienden una interpretaci¨®n del art¨ªculo 426 del C¨®digo Penal en la que la recepci¨®n de los regalos es delito siempre que exista "causalidad". Es decir, siempre que el funcionario o cargo p¨²blico que los reciba tenga posibilidad de intervenir en beneficio de quien realiza la d¨¢diva. En eso se amparan para exculparles.

En sentido contrario, el magistrado Juan Montero, con su voto particular, discrepa sustancialmente y expresa sus dudas de que en efecto los hechos no sean delito. Montero, juez elegido en la d¨¦cada de los noventa a propuesta del PP por las Cortes valencianas, "por seguridad jur¨ªdica", hubiera continuado el procedimiento. S¨®lo en una cosa coinciden los tres: en que la causa debe archivarse para Ricardo Costa porque su condici¨®n de diputado auton¨®mico, y no de miembro del Gobierno valenciano, le alejaba de la posibilidad de favorecer a los empresarios corruptos.

La resoluci¨®n, que se conoci¨® poco despu¨¦s del mediod¨ªa de ayer, tuvo respuesta casi inmediata. Mariano Rajoy, presidente del PP, aprovech¨® un acto en Galicia para felicitar a Camps y afirmar que el archivo "supone que ha ganado la justicia, el sentido com¨²n y los vendedores de tila, porque hay algunos que est¨¢n de los nervios". Camps, tras reunirse con Costa y varios miembros del Consell en el Palau de la Generalitat y comer con ellos en un c¨¦ntrico hotel, envi¨® a media tarde un comunicado y una grabaci¨®n institucional, en la que manifest¨® su respeto a la decisi¨®n judicial y su agradecimiento "a todas las personas que durante todos estos meses han estado a mi lado".

Jorge Alarte, secretario general de los socialistas valencianos, expres¨® su respeto a la decisi¨®n judicial y tambi¨¦n su disconformidad. Alarte anunci¨® recurso ante el Supremo y afirm¨® que el tribunal valenciano "ha evidenciado que Camps minti¨® a las Cortes y a los valencianos", por lo que le exigi¨® que "asuma responsabilidades pol¨ªticas".

El tribunal valenciano cerr¨® ayer la parte de la investigaci¨®n que iniciara el juez Baltasar Garz¨®n en la Audiencia Nacional en 2008 y que fue remitida al tribunal auton¨®mico el pasado 5 de marzo. El 21 de abril, la sala de lo Civil y Penal que ayer archiv¨®, asumi¨® la competencia para investigar un supuesto delito de cohecho s¨®lo respecto de los cuatro imputados. A pesar de sucesivos intentos de las acusaciones, no quiso mover esos l¨ªmites. Esa estrechez condicion¨® tambi¨¦n la investigaci¨®n de Jos¨¦ Flors, el juez instructor de la causa, que concluy¨® en que apreciaba indicios de un delito de cohecho pasivo impropio.

El TSJCV respondi¨® ayer precisamente a los recursos de apelaci¨®n que los imputados presentaron al auto que dict¨® Flors el 6 de julio. En ¨¦l, Flors defendi¨® la continuidad del procedimiento por existir indicios racionales suficientes para seguir investigando. No admiti¨® nuevos imputados, transform¨® la causa en procedimiento de jurado y rechaz¨® casi todas las diligencias que se plantearon. Los imputados, en respuesta, acudieron a la Sala que, pese a ratificar toda la instrucci¨®n de Flors en lo que se refiere a los hechos, les dio la raz¨®n al no apreciar delito.

Era com¨²n a los cuatro imputados un argumento: los regalos no existieron. La sala lo desestima. A Camps le responde: "El sobreseimiento relativo a no estar acreditados los hechos en los t¨¦rminos indicados, debe ser desestimado". A Ricardo Costa le responde: "El motivo del recurso, relativo a la no acreditaci¨®n de los hechos imputados, debe desestimarse". Eso s¨ª, le admite, por veros¨ªmil, que en la primera compra que hizo pagara a ?lvaro P¨¦rez, El Bigotes, hombre en Valencia del cabecilla de la trama de corrupci¨®n, Francisco Correa, en la creencia de que lo hac¨ªa a la tienda. A V¨ªctor Campos le contesta que "el motivo de impugnaci¨®n relativo a la falta de acreditaci¨®n de los hechos imputados" debe ser desestimado y en id¨¦nticos t¨¦rminos responde a Rafael Betoret. Es decir, la sala asume como ciertos los indicios aportados por el juez Flors para mantener la imputaci¨®n y proseguir la investigaci¨®n.

En los cuatro recursos se repet¨ªa el argumento de que, en el caso de haberse producido los regalos, no ser¨ªan delito porque se habr¨ªan realizado y recibido por la relaci¨®n de todos ellos con el PP, no por su condici¨®n de funcionarios p¨²blicos. Y es justo aqu¨ª donde De la R¨²a y Ceres (a este ¨²ltimo el Tribunal Supremo le tumb¨® el nombramiento por falta de motivaci¨®n, aunque posteriormente fue repescado) hacen una interpretaci¨®n que les permite archivar la causa. A partir de la definici¨®n del cohecho pasivo impropio -"la autoridad o funcionario p¨²blico que admitiere d¨¢diva o regalo que fueren ofrecidos en consideraci¨®n a su funci¨®n o para la consecuci¨®n de un acto no prohibido legalmente"-, interpretan que para que el delito se d¨¦ es imprescindible "una conexi¨®n causal entre la entrega de esa d¨¢diva o regalo y la funci¨®n de la autoridad o el funcionario".

Y, a continuaci¨®n, el tribunal excluye de la relaci¨®n de "causalidad" a Ricardo Costa porque "no ha desempe?ado cargo alguno dentro del esquema de organizaci¨®n del Gobierno de la Generalitat valenciana", ya que es desde 1995 diputado de las Cortes valencianas. En su caso, los tres jueces de la Sala defienden que las d¨¢divas se habr¨ªan producido en relaci¨®n con el PP.

Para los otros tres imputados, sin embargo, De la R¨²a y Ceres mantienen que los regalos, "con independencia de otras consideraciones ¨¦ticas", no tienen necesariamente que haberse realizado en relaci¨®n "a su calidad de autoridad o funcionario p¨²blico". El criterio de los dos magistrados, frente al del instructor Flors, que por serlo no puede formar parte de la sala que resuelve los recursos de apelaci¨®n, y de Montero, se impone. El Supremo tendr¨¢ en breve la palabra.

Camps: "Respeto por la decisi¨®n del TSJCV"