La Xunta descarta otro gran concurso e¨®lico tras anular el del bipartito

Borr¨®n y cuenta nueva. El gobierno de Alberto N¨²?ez Feij¨®o ha echado por tierra cuatro a?os de gesti¨®n de la Xunta bipartita en la energ¨ªa del viento. Y, lo m¨¢s curioso, ninguno de los grupos empresariales cuyos proyectos ya se hab¨ªan admitido a tr¨¢mite ha levantado la voz para hacer la m¨¢s m¨ªnima queja al anuncio de anulaci¨®n del concurso e¨®lico. En el camino quedar¨¢n los 25 proyectos para instalar 2.235 megavatios de potencia, un millar de aerogeneradores, inversiones de 5.000 millones de euros y la promesa de 3.000 puestos de trabajo.

El proceso volver¨¢ a comenzar, porque adem¨¢s de suspender el decreto e¨®lico, plan estrella del ex conselleiro del BNG Fernando Blanco, el departamento de Econom¨ªa e Industria presentar¨¢ un anteproyecto de Ley que dar¨¢ paso a nuevas concesiones administrativas, pero no a trav¨¦s de un gran concurso, sino parque por parque. Con esta f¨®rmula, la Xunta quiere asegurarse de que un recurso no pueda paralizar de golpe todas las adjudicaciones.

Econom¨ªa espera recaudar 600 millones con un nuevo impuesto

"De haber seguido adelante, la penalizaci¨®n que hubiera pesado sobre Galicia nos hubiera hipotecado de una forma muy grave en el futuro, por eso queremos dotarnos de las herramientas jur¨ªdicas", se?al¨® el conselleiro de Econom¨ªa e Industria, Javier Guerra. Sus argumentos se sustentan en la supuesta inconstitucionalidad del decreto de Blanco a ra¨ªz de un informe jur¨ªdico que encuentra dos puntos negros en la norma anterior: la participaci¨®n p¨²blica en el capital de las empresas e¨®licas, que "atenta contra la libertad de empresa recogida en la Constituci¨®n" y el hecho de que no garantice que las adjudicatarias cumplan sus planes industriales.La anterior conseller¨ªa del BNG hab¨ªa establecido en el baremo del concurso una prima para las empresas dispuestas a ceder una participaci¨®n a la Xunta. De este modo, la Administraci¨®n se hab¨ªa garantizado el 14% de los dividendos que generar¨ªan los nuevos parques. El PP entiende que ese requisito es ilegal por vulverar el principio de libertad de empresa. El conselleiro Guerra asegur¨®, sin embargo, que la Administraci¨®n saldr¨¢ beneficiada ya que se implantar¨¢ un canon por el que espera recaudar 600 millones de euros en un a?o y adem¨¢s se crear¨¢ un fondo de compensaci¨®n para los municipios que acojan molinos.

Al rechazo a que la Xunta participe en el capital de las empresas e¨®licas, Econom¨ªa a?ade que en el anterior concurso los parques se decidieron sin que las conexiones a la red el¨¦ctrica estuviesen garantizadas. Adem¨¢s alega que el decreto del BNG vulnera una directiva comunitaria que exige que ¨¦stas se otorguen a trav¨¦s de autorizaciones administrativas y no como concesiones.

El director de Industria, ?ngel Bernardo Tahoces, neg¨® que la anulaci¨®n vaya a suponer un freno a la carrera por las primas a la producci¨®n de energ¨ªa limpia que otorga el Gobierno central, el verdadero incentivo del concurso. Muy al contrario, afirm¨® que "en estos momentos el marco retributivo es incierto y no se ha perdido nada". Tampoco reconoce que un nuevo proceso haga perder tiempo: "La Ley se tramitar¨¢ con urgencia y podr¨ªa aprobarse en el Parlamento en diciembre de este a?o". Con este calendario, Econom¨ªa prev¨¦ que las nuevas autorizaciones administrativas se concedan en la segunda mitad de 2010.

Las grandes el¨¦ctricas, muy cr¨ªticas con el concurso e¨®lico y apartadas del reparto anterior, pueden ser las grandes beneficiadas con esta revisi¨®n. De hecho, las declaraciones de Tahoces, en las que expresaba su confianza de que las nuevas medidas vayan a "pacificar el sector", pueden leerse como un gui?o a las firmas que siempre defendieron que la e¨®lica era cosa de grandes grupos energ¨¦ticos, y no de consorcios ajenos a su explotaci¨®n. Ayer Feij¨®o reforz¨® lo que desde la oposici¨®n fue su principal caballo de batalla al asegurar a la Cadena SER que no quiere "especulaciones en el sector", sino que pretende blindar las concesiones "para que las empresas no vengan a especular a Galicia, sino que se queden". En estos momentos el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia tiene sobre la mesa tres recursos que quedar¨¢n sin efecto. Lo mismo ocurrir¨¢ con las 55 reclamaciones administrativas. Aunque est¨¢ por ver si este giro no provoca una ola de recursos de los grupos cuyos planes fueron admitidos a tr¨¢mite en diciembre. "Toda actividad administrativa est¨¢ abierta a que se pida una responsabilidad patrimonial si causa prejuicios injustificados a los administrados. En este caso los administrados no tienen concedido ning¨²n derecho; han pasado una selecci¨®n, para caminar hacia un nuevo proceso que s¨ª les reconocer¨¢ un derecho", dijo Tahoces. "La ¨²nica compensaci¨®n [que podr¨ªan reclamar] ser¨ªan los gastos incurridos por parte de los promotores en elaborar los proyectos. Pero tambi¨¦n esto es matizable, porque los proyectos que ya est¨¢n hechos, con muy pocas rectificaciones, podr¨¢n aprovecharse para presentarse a nuevos concursos".

Sobre los nuevos parques, el PP pretende hacer importantes modificaciones, como que la titularidad se pueda transmitir cuando entren en funcionamiento, y no a los cinco a?os, como exig¨ªa el bipartito. La patronal del sector eludi¨® ayer pronunciarse sobre la reforma, pero fuentes empresariales creen que el nuevo impuesto es una contradicci¨®n si se tiene en cuenta que la energ¨ªa e¨®lica recibe subvenciones p¨²blicas.