El dictamen exige "mayor control" sobre los contratos blindados en las sociedades p¨²blicas

El elevado n¨²mero de contratos de alta direcci¨®n de los responsables del sector p¨²blico tampoco deja indiferente al Consello de Contas, que en sus recomendaciones insta a un "mayor control sobre las autorizaciones" de este tipo de relaciones laborales. Se trata de un total de 86 blindajes entre ejecutivos de entes p¨²blicos y sociedades mercantiles. Para su an¨¢lisis, el organismo fiscalizador indag¨® si exist¨ªan informes conjuntos preceptivos de las direcciones generales de Funci¨®n P¨²blica y de Orzamentos con respecto a la formalizaci¨®n de este tipo de contratos, "dadas sus peculiaridades de autorizaci¨®n y retributivas".

Contas desvela que s¨®lo en las sociedades mercantiles dependientes de la Xunta existen 22 contratos de este tipo repartidos en unas 14 empresas. ?nicamente cuatro firmas (Sodiga, la sociedad an¨®nima que gestiona el Centro Europeo de Empresas de Innovaci¨®n de Galicia, Xestur Lugo y Xen¨¦tica Fontao) no existen relaciones contractuales blindadas con sus directivos. El mayor n¨²mero de contratos de alta direcci¨®n se lo llevaron en 2006 la Autoestrada Alto de Santo Domingo-Ourense (Aceucosa) y la Sociedade P¨²blica de Investimentos, con tres ejecutivos en esta situaci¨®n. "Existe un claro incumplimiento de la normativa vigente en Retegal, la cual manifiesta que no posee el informe conjunto de las direcciones generales de Funci¨®n P¨²blica y Orzamentos", denuncia Contas.

M¨¢s llamativa es la situaci¨®n de los entes p¨²blicos, con 64 contratos de alta direcci¨®n. S¨®lo en el Instituto Enerx¨¦tico de Galicia y en la Empresa P¨²blica de Obras y Servicios Hidr¨¢ulicos (EPOSH) no se registran este tipo de vinculaciones laborales con sus directivos.

Seg¨²n Contas, "un volumen muy elevado de esta modalidad se da en el Instituto Galego de Promoci¨®n Econ¨®mica (Igape), con diez contratos de alta direcci¨®n, mientas que en el complejo de CRTVG es donde su n¨²mero es mayor, con un total de 47 contratos, con la clara vulneraci¨®n de la normativa vigente al no disponer del informe conjunto", advierte.