Adi¨®s al poder del colegio profesional

Jos¨¦ Antonio Bosch es un letrado instalado en Sevilla que un d¨ªa se plant¨®. Su ¨®rgano facultativo, el colegio de abogados de esta provincia, aprob¨® en sus estatutos de 2004 un patronazgo cat¨®lico. El de la Inmaculada Concepci¨®n. Bosch lo consider¨® intolerable. Una instituci¨®n de colegiaci¨®n obligatoria para el ejercicio de la profesi¨®n no deber¨ªa asumir tal patronazgo, porque vulnera un derecho constitucional, el de libertad religiosa. El abogado decidi¨® llevar ante los tribunales lo que considera una contradicci¨®n en un organismo aconfesional.

El Tribunal Superior de Justicia Andaluz fall¨® en contra y dictamin¨® que este patronazgo es legal porque supone "el reconocimiento de una tradici¨®n hist¨®rica". El caso est¨¢ ahora en el Tribunal Constitucional, que resolver¨¢ en los pr¨®ximos meses.

El objetivo de los colegios debe ser defender al consumidor

Muchas organizaciones s¨®lo velan por el inter¨¦s de sus miembros

"Hay que pagar 400 euros anuales. ?Y para qu¨¦?", se pregunta un m¨¦dico

Algunas profesiones admiten que la modernizaci¨®n era un paso necesario

El colectivo de los farmac¨¦uticos es el m¨¢s restrictivo, seg¨²n Competencia

La UE denuncia el alto grado de regulaci¨®n de ciertas actividades

Diga lo que diga la corte, la batalla del letrado Bosch pone de manifiesto precisamente la "arraigada tradici¨®n hist¨®rica", como dice la ¨²ltima sentencia, de los colegios profesionales. Este adjetivo, digno de la cultura gremial de hace cinco siglos, no vale ya para el mundo globalizado del siglo XXI.

Y, especialmente, para la Uni¨®n Europea contempor¨¢nea. Arquitectos, ingenieros, farmac¨¦uticos, m¨¦dicos, abogados, gu¨ªas tur¨ªsticos, psic¨®logos, notarios. En total hay en Espa?a 87 colegios profesionales. Todos ellos, ahora, en la mirilla de Bruselas. La Comisi¨®n Europea ha lanzado su propia batalla para eliminar las trabas a la competencia en el territorio de la UE. Se llama Directiva de Servicios. Esta norma base intenta crear "un marco jur¨ªdico para garantizar la libertad de establecimiento y prestaci¨®n de servicios en la UE", reza el texto.

?Qu¨¦ ocurre? Que la directiva entiende que las imposiciones de los colegios profesionales son algunas de estas trabas. La obligatoriedad de colegiaci¨®n, el pago de un visado para edificar, la orientaci¨®n de los precios, la limitaci¨®n de la publicidad o los tr¨¢mites de ingreso para extranjeros que quieran establecerse en el pa¨ªs recortan la fluidez de la prestaci¨®n de los servicios.

La directiva del Parlamento Europeo, heredera de la directiva Wolkenstein, fue aprobada en 2006 y se?al¨® 90 barreras a la competencia que los pa¨ªses deb¨ªan erradicar, mediante leyes propias, de su panorama jur¨ªdico. El plazo se acaba exactamente el pr¨®ximo 28 de diciembre.

Espa?a ha hecho lo propio con la llamada Ley ¨®mnibus. ?sta, aprobada en Consejo de Ministros el pasado 13 mayo, modifica la normativa para que este conjunto de cambios puedan efectuarse. La transposici¨®n debe estar hecha antes de fin de a?o, una ley horizontal que ya se ha ganado el nombre de Ley paraguas, aunque ¨¦sta s¨®lo dispone indicaciones generales.

El quid de la cuesti¨®n reside en el texto de la Ley ¨®mnibus. ?sta hace ahora hincapi¨¦ en que la funci¨®n de los colegios profesionales debe ser de inter¨¦s p¨²blico, deben convertirse en "autoridades competentes", capacitadas para velar por los consumidores y ser valedores del control de la profesi¨®n. El problema es que muchos de los colegios no se han preocupado de ello y el ¨²nico inter¨¦s por el que han velado es el de sus miembros.

Este texto ser¨¢ el ¨ªndice para las nuevas legislaciones estatales. Una vez el texto entre en vigor, el Ejecutivo se da un plazo de cuatro meses para redactar un real decreto por el que se establecer¨¢ el car¨¢cter de los visados. Si deben ser obligatorios o voluntarios. Pero esto no es todo, porque 12 meses despu¨¦s, el Gobierno har¨¢ lo mismo, mediante un proyecto de ley, para condicionar la obligatoriedad de la colegiaci¨®n. En resumidas cuentas: s¨®lo los colegios que hayan sabido justificar su funci¨®n en la sociedad sobrevivir¨¢n.

"La funci¨®n de los colegios es imprescindible, pero algunos se han deformado en exceso", afirma Blanca Vil¨¤, catedr¨¢tica de Derecho Internacional Privado de la Universidad Aut¨®noma de Barcelona y experta legal del servicio jur¨ªdico de la Comisi¨®n Europea en los noventa. En el caso de los colegios de arquitectos, se?ala que su dependencia de los visados, de obligado tr¨¢mite cuando se levanta un edificio, ha ido a m¨¢s. Reconoce que los colegios centran su funci¨®n en defender a su gremio, pero contrapone: "Si no los hubiera, ?qui¨¦n defender¨ªa las buenas pr¨¢cticas?"

Llu¨ªs Comer¨®n es vicedecano del Colegio de Arquitectos de Catalunya, considerado uno de los que ha hecho el trabajo antes de tiempo. "Supimos adelantarnos a este cambio, que se ve¨ªa venir". Se refiere al esp¨ªritu de la ley: o tiene funci¨®n p¨²blica o no tiene ninguna. Por ejemplo, el colegio hace tres a?os que ha establecido un nuevo tipo de visado, llamado Certificado Plus, que profundiza en la normativa y verifica los detalles del proyecto, cuando en muchas otras regiones s¨®lo se valida la capacitaci¨®n del arquitecto.

Otras novedades: en las pruebas realizadas hasta el momento con varios municipios catalanes el visado tiene car¨¢cter voluntario, y su precio se limita al mismo coste del documento en s¨ª, mientras que en otras comunidades aut¨®nomas cubre tambi¨¦n las actividades del colegio.

"Esta modernizaci¨®n que hemos llevado a cabo viene dada por la ley catalana de Colegios Profesionales, que ya abord¨® hace tres a?os la problem¨¢tica que ahora vive el conjunto del Estado", a?ade Comer¨®n. Los visados representan ahora aproximadamente el 40% del presupuesto general, mientras que antes superaba el 80%.

Pero no es as¨ª en todas partes. En el reino de los arquitectos, el visado es el rey. Y s¨®lo los profesionales que se apunten al colegio de turno pueden firmar estos suculentos cheques para la corporaci¨®n. Sus precios var¨ªan seg¨²n la demarcaci¨®n, pero visar el proyecto de una casa unifamiliar ronda los 200 euros. El de un polideportivo, por ejemplo, llega a los 2.000. Rafa trabaja en un estudio de Andaluc¨ªa y es de los muchos que no est¨¢n colegiados. "Yo hago el proyecto y lo visa un compa?ero. Tampoco me interesar¨ªa estar dentro", explica. Por ello se descolegi¨®, y dej¨® por ello de pagar una tasa de unos 300 euros trimestrales.

El colegio de m¨¦dicos se ha convertido en uno de los sectores m¨¢s pol¨¦micos. Carlos Ponte trabaja en el Hospital Central de Asturias y hace dos a?os que se descolegi¨®. S¨®lo puede hacerse, de momento, en Asturias, Pa¨ªs Vasco y Andaluc¨ªa. Ya lo hab¨ªa intentado una vez, pero la obligatoriedad todav¨ªa estaba vigente y el juez le impuso la colegiaci¨®n de nuevo. Pero ahora no. "Trabajo con normalidad, s¨®lo que no puedo emitir certificados. Tiene que hacerlo un amigo", explica.

Para Ponte, cada vez son m¨¢s los que se apuntan a esta v¨ªa. Pagar a un colegio una cuota anual que ronda los 400 euros, ?para qu¨¦? "Los colegios s¨®lo defienden al m¨¦dico que tambi¨¦n trabaja en el sector privado. Y su c¨®digo deontol¨®gico est¨¢ totalmente atrasado". Un certificado de defunci¨®n cuesta cuatro euros. Cuatro euros que van directos al colegio. "El m¨¦dico no cobra nada". Y a¨²n as¨ª, cuando quiso borrarse del colegio, ¨¦ste le respond¨ªa que era ilegal. Si quer¨ªa dejar de pagar, deb¨ªa dar orden expresa al banco.

Ram¨®n Mullerat, ex presidente del Consejo de Colegios de Abogados de Europa, explica a t¨ªtulo personal que los colegios profesionales nacieron hace siglos con dos misiones. Amaestrar al disc¨ªpulo y defender los intereses de sus miembros. "Esta actitud ya no es v¨¢lida hoy", cuenta. El actual socio de KPMG abogados razona que la ¨²nica justificaci¨®n para que un colegio se mantenga es por inter¨¦s p¨²blico, es decir, para garantizar la calidad de los servicios al consumidor.

A su vez, Mullerat es un f¨¦rreo defensor de estas organizaciones. Acepta que s¨ª implican ciertas trabas a la competencia, "pero necesarias". Los colegios son los responsables de regular las buenas pr¨¢cticas de la profesi¨®n, una actividad que, si no lo hicieran ellos, quedar¨ªa en manos de las Administraciones. Una mala idea en el colectivo de abogados. Por ejemplo, en aquellos que trabajan para el Estado, como los abogados de oficio. "?Qui¨¦n responder¨ªa de ellos? Tienen a menudo conflictos de intereses con el Estado. Si su c¨®digo profesional dependiera de ellos, degradar¨ªa el nivel democr¨¢tico", resuelve.

Pablo Salvador, socio del bufete Cuatrecasas, es tambi¨¦n abogado y de la misma opini¨®n. El mercado no puede prescindir de los colegios. Pero reconoce que hay que hacer un esfuerzo para demostrarlo. S¨®lo hace falta ver los requisitos para formar parte de ¨¦l. "La colegiaci¨®n de los abogados en Espa?a es muy deficiente", cuenta. Su proceso se limita a tres pasos. "Pagar unos 1.000 euros, asistir a una conferencia sobre las pr¨¢cticas de la profesi¨®n y darte de alta en la revista jur¨ªdica", detalla Salvador, quien asegura que, si es as¨ª, no tiene sentido. Tambi¨¦n en este sentido, la regulaci¨®n intenta ponerse al d¨ªa con el esp¨ªritu de la Ley ¨®mnibus. El colegio de abogados de Madrid cobra una cuota inicial de unos 1.200 euros, y la tasa trimestral llega hasta los 100 euros.

La ley de acceso a la profesi¨®n de abogado y procurador ser¨¢ modificada el pr¨®ximo a?o y se fortalecer¨¢n los requisitos. El que quiera ser colegiado a partir de entonces, deber¨¢ superar un concienzudo examen y unas pr¨¢cticas laborales. En este sentido, Blanca Vil¨¤ compara la situaci¨®n con otros pa¨ªses. "En Reino Unido, no encontrar¨¢ a ning¨²n abogado que defienda a un criminal el d¨ªa despu¨¦s de terminar la carrera".

Pero los colegios de abogados no son los ¨²nicos que est¨¢n en cuesti¨®n. La Comisi¨®n Nacional de Competencia (CNC) elabor¨® a finales de 2008 un informe demoledor sobre estas organizaciones. La instituci¨®n explica que Espa?a posee un alto nivel de regulaci¨®n de los servicios profesionales, de dos tipos: la entrada o el acceso al mercado (mediante la titulaci¨®n y la pertenencia a un registro profesional) y el ejercicio de la propia profesi¨®n, cuya regulaci¨®n se establece mediante la publicidad, los precios o la localizaci¨®n, entre otras. Competencia aclara que, muchos otros pa¨ªses, como Reino Unido, Francia u Holanda, tienen niveles de regulaci¨®n mucho menores sin perjuicio del mercado.

La colegiaci¨®n, seg¨²n Competencia, impone siempre trabas a la libre circulaci¨®n de los servicios, y s¨®lo puede justificarse con el inter¨¦s general, es decir, el beneficio del consumidor.

El informe del organismo se?ala algunas colegiaciones existentes carentes de sentido. Algunos ejemplos son el Colegio Nacional Sindical de Decoradores, el Colegio de Licenciados en Ciencias Ambientales de la Comunidad Valenciana, el Colegio Profesional de Ortop¨¦dicos de Arag¨®n o el Colegio de Pr¨¢cticos de Puerto. "Debe destacarse que los motivos de inter¨¦s general que pudieran justificar las reservas de actividad no suelen incluirse en las normas en cuesti¨®n, ni ser parte esencial en la elaboraci¨®n y aprobaci¨®n de las mismas.[...] La introducci¨®n de barreras a la competencia carece en muchas ocasiones de una clara justificaci¨®n por un motivo de inter¨¦s general", expone.

"El ejemplo m¨¢s claro es el de los visados de arquitectos. Hay que abonarlos, pero el colegio no responde si hay alg¨²n problema. ?Para qu¨¦ pagar entonces?", explica un miembro de la Comisi¨®n Nacional de Competencia. Pero aclara: las barreras a la competencia que los colegios profesionales generan no est¨¢n tanto en sus actitudes sino de la legislaci¨®n que lo ha permitido durante los ¨²ltimos a?os.

Competencia denuncia tambi¨¦n art¨ªculos en los estatutos colegiales contrarios al libre mercado: el Colegio de Psic¨®logos indica que el profesional "se abstendr¨¢ de aceptar condiciones de retribuci¨®n econ¨®mica que signifiquen la desvalorizaci¨®n de la profesi¨®n o competencia desleal". Es decir, aboga por una regulaci¨®n de precios.

Un estudio del Institut for Advanced Studies sobre la regulaci¨®n de las profesiones liberales en los Estados miembros se?alaba en 2005 a Espa?a como un pa¨ªs cuyas pol¨ªticas en pro de la liberalizaci¨®n del sector hab¨ªan sido nulas. Comparten podio con Espa?a la Rep¨²blica Checa, Chipre, Malta, Finlandia, Grecia y Suecia. En el lado opuesto, se encuentran Reino Unido, Holanda y Dinamarca como los estados que han acometido reformas estructurales sustanciales.

El mismo estudio valora el grado de regulaci¨®n de cinco profesiones liberales, arquitectos, ingenieros, abogados, financieros y auditores y farmac¨¦uticos. El estudio concluye que este ¨²ltimo gremio tiene uno de los mayores grados de regulaci¨®n, de 7,2 puntos sobre 12. El motivo, las estrictas limitaciones de establecimiento de farmacias, que restringen su n¨²mero, seg¨²n la comunidad, a la cantidad de habitantes de un lugar. Quedan excluidos del gremio, por tanto, los licenciados en farmacia pero que no tienen un sitio donde ejercerlo. De hecho, una plataforma llamada Farmac¨¦uticos sin Farmacias ha llevado esta injusticia, seg¨²n ellos, a la Comisi¨®n Europea, por entender que perjudica la libre competencia, tal y como establece la directiva.

Ram¨®n Mullerat explicita que la profesi¨®n de abogado se regula ya en la Uni¨®n Europea desde hace d¨¦cadas. Y resalta la existencia de trabas en ella. La ley de establecimientos de 1999 autoriza la libertad para instalarse en un pa¨ªs extranjero, pero con una pega. Durante los tres primeros a?os, el t¨ªtulo anunciante debe llevar el nombre de la profesi¨®n en el idioma original. "Es decir, si me establezco en el Reino Unido, no puedo decir: 'Hello, my name is Ram¨®n Mullerat, I am a lawyer'. Tengo que decir: 'I am an abogado", anota, con peculiar didactismo, el tambi¨¦n profesor de Derecho en la Universidad de Chicago.