La 'mafia' de los inmaduros

Capturar pescado inmaduro, saltarse los controles y vender la mercanc¨ªa a restaurantes se ha convertido en el d¨ªa a d¨ªa de "una verdadera mafia" en la provincia de Huelva este verano. As¨ª lo califica la Guardia Civil, que en lo que va de a?o se ha incautado de 9.211 kilos de pescado ilegal, la mayor¨ªa en los ¨²ltimos cuatro meses. Mientras, la Delegaci¨®n de Agricultura y Pesca ha abierto 30 expedientes por marisqueo profesional (en barco) irregular, 25 por comercializaci¨®n de bivalvos y 210 por captura a pie.

Las redes "se encuentran perfectamente conectadas y organizadas", explican miembros del Seprona. La supuesta "mafia" comienza con la labor de los ojeadores en las playas, que avisan de los controles aleatorios del Servicio Mar¨ªtimo y del Seprona. En el mar, peque?as embarcaciones o lanchas tienen como misi¨®n detectar las posibles inspecciones. "Estos peque?os cooperadores reciben una especie de sueldo, hasta 1.000 euros al mes", sostienen fuentes de la investigaci¨®n. "El problema es que es casi imposible localizarlos", reconocen los agentes.

"Las redes se encuentran perfectamente organizadas"

La mercanc¨ªa finaliza su recorrido en los restaurantes con etiquetas falsas

Ya en carretera, otros "peque?os cooperadores" se adelantan en veh¨ªculos lanzadera y advierten de los puestos de control de la Guardia Civil. Finalmente, la mercanc¨ªa, con etiqueta falsa, llega a su destino: los restaurantes de capitales como Huelva, Sevilla y M¨¢laga. All¨ª se ofrece a los comensales. "Las multas por este tipo de falta son a veces muy altas, unos 3.000 euros por la intervenci¨®n de 15 kilos de coquinas", se?alan agentes del Seprona. "Pero lo que sacan ellos, a pesar del riesgo, es una cantidad mucho mayor", a?aden.

Entre los 9.211 kilos de pescado incautados por el Seprona, figuran 94 kilos intervenidos gracias a la cooperaci¨®n con la Inspecci¨®n Pesquera en el Programa Anual de Control Integral de Actividades Pesqueras (Paciap), impulsado por el Ministerio de Medio Ambiente y la Junta.

El organigrama piramidal lo completan los falsificadores de etiquetas. "Las m¨¢s comunes son las de Portugal. Lo que hacen es conseguir una gu¨ªa, que se concede por traer 50 ¨® 100 kilos, y contiene unas 15 pegatinas. ?stas se fotocopian o se falsifican". Los agentes sospechan que los grupos cuentan con la colaboraci¨®n de personas de nacionalidad portuguesa en la trama que opera en Huelva.

El historial de incautaciones es amplio. Si a principios de agosto el Seprona intervino 600 kilos de cr¨ªas de peces y marisco (pijotas, pulpos, chirlas y jureles) que se hab¨ªan capturado en la costa de Punta Umbr¨ªa e Isla Cristina. A finales de julio se hab¨ªan incautado en la carretera A-49, a la altura de Trigueros (Huelva), 120 kilos de pijotas, con un tama?o comprendido entre 10 y 15 cent¨ªmetros de media, cuando la talla m¨ªnima es de 27. Estas cantidades, sumadas a los 400 kilos de pijotas de entre diez y 20 cent¨ªmetros, 21 kilos de jureles y 60 kilos de chirlas que pretend¨ªan ser trasladadas desde Isla Cristina, llev¨® al Seprona a incrementar la vigilancia.

De este modo, de las 210 denuncias de marisqueo a pie, 159 son expedientes abiertos por hacerlo en zona cerrada, incumplimiento de horarios o talla inferior a la reglamentaria, entre otros. Del marisqueo practicado en barco, se han cursado 30 denuncias -de las cuales 11 acabaron en sanci¨®n- y, por comercializaci¨®n ilegal, 25 est¨¢n en tramitaci¨®n.

Un problema a?adido a la presunta mafia es la existencia de una toxina, la diarreica o DSP, en aguas onubenses. Aunque las oleadas del alga contaminante se suceden cada a?o, las autoridades sanitarias previenen sobre el peligro de su consumo. "Estamos ante un asunto muy serio", explicaba ayer Esperanza Cort¨¦s, delegada de Agricultura y Pesca en Huelva. "No quer¨ªamos sancionar, sino recomendar, pero no se ha respondido bien y hemos tenido que reaccionar con medidas", admiti¨® la responsable. "No s¨®lo se practica marisqueo ilegal, sino que ponen en peligro la salud de muchas personas", a?ade. La Guardia Civil ha denunciado a seis personas este verano por delitos contra la salud por la venta de coquinas contaminadas.