El atranco de la vivienda

Iraly Silva, venezolana afincada en Santiago, tuvo que competir con alg¨²n que otro universitario para conseguir un piso de alquiler en la ciudad. Y siempre perd¨ªa frente al estudiante. Hasta que un d¨ªa se le ocurri¨® dar un golpe de efecto y llevar a su entrevista con el propietario el mismo uniforme que utiliza como trabajadora de una compa?¨ªa a¨¦rea. "Entonces s¨ª hubo piso para m¨ª", cuenta la joven, que en su ir y venir en busca de vivienda en la capital gallega ha visto casi de todo, desde peque?os estudios "sin separaci¨®n entre dormitorio, cocina y sal¨®n" a propietarios que no acceden a firmar el debido contrato con el inquilino.

Las asociaciones de inmigrantes y los servicios sociales del Ayuntamiento de Santiago coinciden en subrayar que Santiago no presenta problemas graves de infravivienda, aunque no niegan que en los ¨²ltimos a?os ¨¦sta haya cambiado ligeramente de v¨ªctimas con el aumento de la inmigraci¨®n. "Es un problema general, que afecta a mucha gente, pero que suele cebarse con los m¨¢s d¨¦biles", reconoce Silva, tesorera de Avesanti, asociaci¨®n de venezolanos en Compostela.

El 28,6% de los pisos en mal estado se encuentran en el norte de la ciudad

Sin contrato, los afectados tienen vedado el acceso a ayudas sociales

A la angole?a Joana Castelo, sus amigos gallegos la llaman la peregrina porque, explica, desde que lleg¨® a Europa hace 20 a?os no ha dejado de ir de un lado para otro. Nacida con la independencia de su pa¨ªs en 1975, era una adolescente cuando lo dej¨®, sumido en una guerra civil, aunque con el tiempo le tocar¨ªa enfrentarse a otras guerras, como la falta de empleo y las condiciones abusivas de algunos propietarios. "El due?o pon¨ªa lo que le daba la gana en la factura y me cobraba todo en dinero negro", recuerda. De viviendas en mal estado, Joana Castelo tambi¨¦n sabe, tanto por experiencia propia como por la de otros amigos. "Conozco a un chico que paga 300 euros por un piso en el que incluso llueve en el interior", confiesa. Por supuesto, no tiene contrato. "Es injusto, pero no encuentra otra cosa".

Y es que si hay algo que complica la erradicaci¨®n de la infravivienda y de los alquileres en negro es el silencio de los inquilinos a la hora de reivindicar sus derechos, algo que corrobora Mar Mart¨ªn, responsable de Benestar Social del Ayuntamiento de Santiago. "Nos llegan comentarios de alquileres fraudulentos, pero no hemos recibido ninguna denuncia", explica. Y sin denuncia poco se puede hacer para frenar un fen¨®meno que crece al abrigo de la demanda universitaria.

"Ahora el problema es compartido entre estudiantes y personas con pocos recursos, entre ellos inmigrantes", sigue explicando la responsable de Benestar Social. Pero no son los ¨²nicos que se ven obligados a vivir en casas en malas condiciones. Un estudio realizado por el Ayuntamiento en el a?o 2006 cifraba en 30 los casos de infravivienda en la zona vieja. "Son alquileres de rentas antiguas, pisos viejos que no tienen ni cuarto de ba?o", explica Mar Mart¨ªn, que afirma que sus inquilinos, buena parte de ellos ancianos, son presionados muchas veces para que terminen abandonando los pisos.

El mapa de la infravivienda en Compostela es el del casco hist¨®rico y barrios aleda?os como San Pedro, Belv¨ªs y la Alm¨¢ciga, que ofrecen pisos m¨¢s baratos pero tambi¨¦n m¨¢s antiguos. El programa Santiago Norte, financiado con fondos europeos y puesto en marcha en 2007, calcula que el 28,6% de la infravivienda se concentra en la parte norte, donde tambi¨¦n es mayor la tasa de residentes extranjeros (en 2007 un 5,2% frente al 4% del resto de la ciudad). Una situaci¨®n que evidencia los prejuicios de los propietarios a la hora de alquilar sus viviendas.

"Al inmigrante se le pide m¨¢s por el simple hecho de serlo. Para un alquiler de 300 euros, se les exige una garant¨ªa de 1.000, m¨¢s de la tercera parte de lo que el inquilino pagar¨¢ todo el a?o en mensualidades", cuenta Miguel Fern¨¢ndez, portavoz del Foro Galego de Inmigraci¨®n. Que en Galicia no exista un racismo "de acci¨®n" no significa, argumenta, que el trato diferenciado en el acceso a la vivienda no sea "discriminatorio". Sobre todo porque el inmigrante es uno de los colectivos m¨¢s prestos a "sacrificar en calidad con el objetivo de ahorrar dinero".

Pero la existencia de un contrato y de una vivienda en buenas condiciones va m¨¢s all¨¢ de la cuesti¨®n puramente legal. "Sin un justificante de residencia, es imposible empadronarse, percibir ayudas como la Renta de Integraci¨®n Social de Galicia (RISGA) y mucho menos optar al reagrupamiento familiar", asegura Miguel Fern¨¢ndez, que lamenta que la vivienda, ese negocio "tan jugoso" en Santiago, sea para muchos un obst¨¢culo en lugar de una oportunidad.