La voz del pueblo

El l¨ªder de CiU, Artur Mas, ha exigido al presidente Zapatero "garant¨ªas de que la voz del pueblo de Catalunya ser¨¢ ¨ªntegramente respetada": que si la sentencia del Constitucional supone un recorte en un Estatuto que es resultado del "pacto con el Gobierno espa?ol" y fue ratificado en refer¨¦ndum, Zapatero deber¨¢ plantear "las reformas legales que hicieran falta" para restaurar la l¨®gica democr¨¢tica. Coincide en esto con varios miembros del Gobierno de Montilla para quienes una sentencia que no avale la plena constitucionalidad del Estatuto supondr¨ªa la ruptura del pacto entre Catalu?a y Espa?a y plantear¨ªa "un conflicto entre dos legitimidades".

Ir¨®nicamente, esta advertencia fue planteada en su momento por quienes, desde dentro del PSOE, avisaron de que si no se correg¨ªa a tiempo la deriva anticonstitucional que estaba tomando la elaboraci¨®n del Estatuto se caminaba hacia un conflicto irresoluble. Pues pod¨ªa ocurrir que el Parlamento catal¨¢n aprobase por ampl¨ªsima mayor¨ªa un Estatuto muy favorable para los intereses catalanes, pero incompatible con la l¨®gica del Estado auton¨®mico constitucional. Lo que obligar¨ªa a recortarlo a su paso por el Parlamento espa?ol (o por el Tribunal Constitucional). Para evitarlo, era preciso intervenir a tiempo: eliminar los elementos de inconstitucionalidad antes de su votaci¨®n en el Parlamento de Catalu?a.

Amenazar con iniciativas ilegales o tremendistas tambi¨¦n es presionar al Tribunal Constitucional

Sin embargo, la intervenci¨®n que hubo fue la de Zapatero ante Artur Mas (19-9-2005) para convencerle de que CiU se sumase al texto acordado por los socios del tripartito, con el sobrentendido de que lo que hubiera de inconstitucional ya se arreglar¨ªa despu¨¦s en el Congreso. El resultado fue un Estatuto con muchos art¨ªculos sospechosos de inconstitucionalidad pero aprobado por el 90% de la C¨¢mara catalana.

En un libro reciente ("?Hacia otro modelo de Estado?" C¨ªvitas. 2009), el catedr¨¢tico y ex diputado socialista Luis Fajardo concluye que, partiendo de un texto tan alejado de la Constituci¨®n, el meritorio esfuerzo de la Comisi¨®n Constitucional del Congreso por limpiarlo de contenidos confederales o directamente soberanistas (se modificaron casi 150 art¨ªculos) no evit¨® que conservara restos de inconstitucionalidad m¨¢s o menos enmascarados en expresiones ambiguas o imprecisas mantenidas para "alentar futuras interpretaciones intencionadas". Por ejemplo, considerar -como de hecho hizo el partido de Artur Mas en su congreso de 2008- que las referencias del Estatuto al derecho a conservar la propia identidad (art. 4-2) o a los derechos hist¨®ricos (art. 5) ofrecen una "base jur¨ªdica y pol¨ªtica indiscutible" para reclamar en su momento la autodeterminaci¨®n.

Una vez refrendado, el texto era, efectivamente, dif¨ªcilmente revisable en su estructura fundamental: el Congreso pod¨ªa limar los art¨ªculos m¨¢s claramente inconstitucionales y establecer cautelas que limitasen el alcance de otros, pero no cuestionar frontalmente el nuevo Estatuto. Porque se hab¨ªan respetado los procedimientos (excepto en la amenaza, incluida en los Pactos del Tinell, de convocar un refer¨¦ndum ilegal si el Congreso recortaba demasiado); y porque los redactores aseguraban su voluntad de no desbordar la Constituci¨®n y su convicci¨®n de haberlo conseguido.

El Congreso hizo su tarea bajo ese condicionamiento, al que se a?adi¨® en la ¨²ltima fase de la negociaci¨®n el pie forzado que supon¨ªa el acuerdo pactado por Zapatero y Artur Mas en una nueva entrevista celebrada en La Moncloa el 22 de enero de 2006 y en el que se fijaba las enmiendas a aceptar sobre los temas m¨¢s conflictivos. Tras la votaci¨®n en Pleno, en marzo de 2006, la ¨²nica garant¨ªa de eliminar esos restos de inconstitucionalidad o de evitar interpretaciones contrarias a la l¨®gica auton¨®mica resid¨ªa en el Tribunal Constitucional. Y es posible que algunos diputados, sobre todo socialistas, que votaron a favor, no lo habr¨ªan hecho si no hubiera existido esa ¨²ltima cauci¨®n.

Es cierto que el procedimiento que sit¨²a la posibilidad de recurso despu¨¦s del refer¨¦ndum plantea problemas pol¨ªticos; pero, tal como se han hecho las cosas desde el comienzo, cualquier planteamiento tendente a prescindir del pronunciamiento del Tribunal ser¨ªa mucho peor. Por ejemplo, algunos de los escuchados estos d¨ªas: que los catalanes no se den por enterados de la sentencia y sigan aplicando el Estatuto (versi¨®n maragalliana del pase foral vasco: se acata pero no se cumple); o que si el Estatut no cabe en la Constituci¨®n, habr¨¢ que cambiar ¨¦sta; o que Zapatero sortee la sentencia mediante leyes aprobadas al efecto. O, en otro terreno, que se producir¨¢ la ruptura entre el PSC y el PSOE (que tendr¨ªa el mismo efecto que el aguijonazo del escorpi¨®n a la rana: ambos se ir¨ªan a pique).

No s¨®lo se coacciona al Tribunal convocando manifestaciones preventivas; tambi¨¦n se le presiona amenazando con iniciativas ilegales si recorta el Estatuto. Adem¨¢s, hay mucho de impostado en ese dramatismo. Si se confirmase que la sentencia es como se est¨¢ diciendo (rechazo de la obligatoriedad del catal¨¢n, interpretaci¨®n del alcance de la inclusi¨®n del t¨¦rmino naci¨®n, y precisiones en alguna otra materia) significar¨¢ que el Estatuto ha sido b¨¢sicamente convalidado. Y aunque es cierto que el refer¨¦ndum aval¨® el texto, no conviene elevar mucho la voz (la voz del pueblo) al proclamarlo cuando la participaci¨®n fue inferior al 50%. En otros pa¨ªses se exige una participaci¨®n superior a la mitad del censo para dar validez a las consultas.