Prueba de fuego

La gran diferencia entre las comunidades aut¨®nomas del 151 y las del 143 CE radicaba en que las primeras ten¨ªan competencia en materia de educaci¨®n y en sanidad en tanto que las segundas no las ten¨ªan. Educaci¨®n y sanidad representan el 80% del ejercicio real y efectivo del derecho a la autonom¨ªa. Basta comparar los presupuestos de las comunidades del 151 con las del 143 CE antes de que se aplicaran los Pactos Auton¨®micos de 1992, en los que se acord¨® la equiparaci¨®n competencial de todas las comunidades independientemente de su v¨ªa de acceso a la autonom¨ªa, para comprobar la enorme distancia que hab¨ªa entre unas y otras. Si a trav¨¦s de los Pactos Auton¨®micos de 1981 se garantiz¨® el ejercicio del derecho a la autonom¨ªa en condiciones de igualdad desde la perspectiva de la arquitectura institucional de las comunidades aut¨®nomas (Parlamento, Gobierno elegido por el Parlamento y responsable ante ¨¦l y Tribunal Superior de Justicia), a trav¨¦s de los Pactos de 1992 se garantiz¨® el ejercicio en condiciones de igualdad desde el punto de vista competencial. Eso, b¨¢sicamente, supon¨ªa la transferencia de la educaci¨®n y de la sanidad.

A estas alturas del gui¨®n el traspaso de los servicios educativos y sanitarios ya se ha producido en su integridad y son las comunidades aut¨®nomas las responsables de la toma de decisiones que afectan directamente a los ciudadanos en este terreno. Nada indica hasta el momento que la prestaci¨®n del servicio se haya resentido como consecuencia de la territorializaci¨®n de los mismos. M¨¢s bien se podr¨ªa decir lo contrario. Da la impresi¨®n de que se ha producido una situaci¨®n de sana competencia entre las distintas comunidades aut¨®nomas que est¨¢ conduciendo a que peri¨®dicamente nos veamos sorprendidos por noticias de avances, en algunos casos espectaculares, de los que son protagonistas hospitales catalanes, valencianos, c¨¢ntabros, madrile?os y, por supuesto, andaluces. Y lo mismo cabe decir de la educaci¨®n.

Es verdad que hasta ahora no ha habido que hacer frente a ninguna situaci¨®n de emergencia y que, en consecuencia, la territorializaci¨®n de la prestaci¨®n de los servicios educativos y sanitarios no ha pasado la prueba de la gesti¨®n de una crisis. Es posible, aunque no seguro, que en este pr¨®ximo oto?o-invierno s¨ª nos tengamos que enfrentar a una situaci¨®n de emergencia como consecuencia de la epidemia de gripe que tiene su origen en el virus H1N1. La importancia de las competencias educativas y sanitarias en la gesti¨®n de esta posible situaci¨®n de emergencia salta a la vista. Las autoridades de las comunidades aut¨®nomas van a tener que tomar decisiones tanto en un terreno como en otro. Inicio del curso, cierre o no de centros escolares, vacunaci¨®n o no de la poblaci¨®n escolar y muchas otras.

La territorializaci¨®n del poder en Espa?a va a tener que hacer frente a un problema que preocupa de manera comprensible a los ciudadanos y va a tener que demostrar que, en lo que al ejercicio de los derechos educativos y sanitarios por los ciudadanos se refiere, hay un sistema educativo y sanitario ¨²nico aunque existan 17 centros de decisi¨®n aut¨®nomos. Va a ser una suerte de prueba de fuego para nuestro Estado auton¨®mico, del que puede salir m¨¢s o menos prestigiado. Por lo sucedido en estos ¨²ltimos meses, parece que no hay motivos de preocupaci¨®n. La coordinaci¨®n entre los ministerios de Sanidad y Educaci¨®n y de las consejer¨ªas hom¨®nimas y su conexi¨®n con las dem¨¢s instituciones, ayuntamientos, asociaciones de padres, etc¨¦tera, est¨¢ funcionando de manera satisfactoria. Estoy convencido de que el Estado auton¨®mico va a demostrar que no s¨®lo es m¨¢s leg¨ªtimo, sino tambi¨¦n m¨¢s eficaz.