El fiscal no abrir¨¢ diligencias por referendos

La fiscal superior de Catalu?a, Teresa Compte, ha ordenado a todos los representantes de esta instituci¨®n que se abstengan de incoar diligencias contra las asociaciones privadas que convoquen consultas populares sobre la independencia de Catalu?a, as¨ª como contra los posibles participantes.

En una instrucci¨®n dirigida ayer a los cuatro fiscales provinciales de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, la fiscal superior tambi¨¦n precisa que si alg¨²n juzgado de Catalu?a abriese diligencias por la celebraci¨®n de esas consultas, la fiscal¨ªa solicitar¨¢ el archivo. Compte recuerda que esa instrucci¨®n no implicar¨¢ la pasividad del fiscal si los partidarios o los detractores de la consulta utilizan la violencia.

La orden de la fiscal superior tiene su origen en la pol¨¦mica pol¨ªtica suscitada en los ¨²ltimos d¨ªas a partir de la consulta soberanista de Arenys de Munt (Barcelona) que se celebrar¨¢ el pr¨®ximo domingo en unas dependencias privadas despu¨¦s de que el juzgado anulase el acuerdo del pleno municipal apoyando la iniciativa. A ra¨ªz de esa pol¨¦mica, varios ayuntamientos de Catalu?a han anunciado que promover¨¢n consultas similares, aunque el Juzgado Contencioso Administrativo 14 de Barcelona ha considerado que no se ajustan a la Constituci¨®n porque invaden competencias exclusivas del Estado.

La fiscal Compte recuerda que la consulta de Arenys ser¨¢ "simplemente simb¨®lica" y "sin contenido ni participaci¨®n org¨¢nica ni institucional". As¨ª las cosas, la fiscal superior superior anuncia que no actuar¨¢ en ese caso, pues el C¨®digo Penal no tipifica la convocatoria de consultas populares. La instrucci¨®n recuerda que en 2003, cuando gobernaba el PP, el C¨®digo Penal tipificaba como delito la convocatoria de referendos. Aquellos dos art¨ªculos se introdujeron para frenar la consulta soberanista impulsada por el entonces lehendakari Juan Jos¨¦ Ibarretxe, pero fueron suprimidos cuando el PSOE lleg¨® al poder. El Tribunal Constitucional, adem¨¢s, acab¨® declarando inconstitucional la consulta prevista.