S¨®lo los profesores de la escuela p¨²blica tendr¨¢n rango de autoridad

S¨®lo los profesores de la escuela p¨²blica tendr¨¢n rango de autoridad. La medida, que recoger¨¢ la futura Ley de Autoridad del Profesor anunciada ayer por la presidenta regional, Esperanza Aguirre, excluye a los docentes de educaci¨®n primaria y secundaria de los centros privados y concertados, seg¨²n confirm¨® ayer la propia Aguirre, al finalizar su discurso en la Asamblea, pese a lo anunciado el d¨ªa anterior por el propio Gobierno regional.

"Esos centros pueden contratar a quienes quieran y eso no ocurre con los p¨²blicos", precis¨® Aguirre, que record¨® que los funcionarios superan unas oposiciones para acceder al puesto. En su alocuci¨®n en el hemiciclo, la presidenta justific¨® que los maestros sean autoridad en diversos informes que indican que los profesores "destinan una tercera parte del tiempo de clase a mandar callar a los alumnos". Tambi¨¦n asegur¨® que las comisiones de estudios recogen con frecuencia datos de "agresiones a profesores y otros actos de indisciplina". No dio m¨¢s detalles.

La presidenta subray¨® la frecuencia de las agresiones a los maestros

"Creemos que educar para la ciudadan¨ªa es ense?ar a los j¨®venes a comportarse de forma civilizada y respetar a la autoridad", recalc¨® la presidenta regional, en una velada cr¨ªtica a la pol¨¦mica asignatura de Educaci¨®n para la Ciudadan¨ªa, que la ha enfrentado al Gobierno central. "No puede haber libertad sin reglas", zanj¨®.

La novedad de la norma es que otorga rango de ley a la autoridad de los profesores, como ya ocurre con los m¨¦dicos, polic¨ªas o magistrados, entre otros. La Comunidad de Madrid tiene competencia, en su territorio, para fijar qui¨¦n es autoridad p¨²blica. Al mismo tiempo, puesto que el C¨®digo Penal recoge como delito de atentado las agresiones a la autoridad p¨²blica -sin precisar qui¨¦n tiene tal condici¨®n-, en cuanto entre en vigor la nueva ley autom¨¢ticamente los ataques a los maestros ser¨¢n castigados con m¨¢s dureza. Hasta ahora la ¨²nica protecci¨®n era una circular de la Fiscal¨ªa General que recomendaba a los fiscales calificar como delito los ataques a los maestros. Esta medida no obligaba a los jueces en su fallo; s¨ª lo har¨¢ la ley.

El rango de autoridad otorga a los maestros la presunci¨®n de veracidad, que hace que su palabra tenga m¨¢s valor. Pero tambi¨¦n acarrea sanciones m¨¢s graves si se extralimitan en sus funciones y pueden ser denunciados por falsedad en su testimonio y por abuso de autoridad.

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