Gabilondo quiere tratar la autoridad del profesor en el pacto educativo

"A m¨ª me hubiera gustado m¨¢s que esta medida se hubiera incorporado dentro del pacto social y pol¨ªtico por la educaci¨®n", dijo ayer el ministro de Educaci¨®n ?ngel Gabilondo, sobre la intenci¨®n de la Comunidad de Madrid de reforzar el respeto a los docentes a trav¨¦s de la Ley de Autoridad del Profesor, que otorgar¨¢ a los maestros rango de autoridad p¨²blica. El anuncio de la presidenta madrile?a, Esperanza Aguirre, ha sido recibido entre el entusiasmo de unos (el sindicato Anpe o los padres cat¨®licos), el recelo de otros (UGT, CC OO o el Ministerio de Educaci¨®n) y alguna abierta oposici¨®n (los padres de la asociaci¨®n laica Ceapa).

Gabilondo dijo que hay que contemplar la medida con "mucho cuidado" por las consecuencias penales que pueda tener la calificaci¨®n de autoridad p¨²blica -si se agrede a una autoridad p¨²blica, la pena es mayor, y por el principio de veracidad su palabra tendr¨¢ m¨¢s valor en caso de conflicto-, y se mostr¨® m¨¢s partidario "de encontrar soluciones integrales que no sean dotar de autoridad sin m¨¢s, sino que tambi¨¦n haya medidas sociales que atiendan cu¨¢l es la situaci¨®n general, no s¨®lo de la autoridad en las escuelas, sino en todos los contextos en los que vivimos".

Madrid dar¨¢ por ley a los maestros el estatus de autoridad p¨²blica

Los sindicatos ven bien la medida en s¨ª, pero algunos la creen insuficiente

En cualquier caso, la idea de dar a los profesores el rango de autoridad p¨²blica no es nueva. En La Rioja y la Comunidad Valenciana ya se les reconoc¨ªa como tal, aunque con un rango menor al de ley -en sus decretos de convivencia-, explica Carmen Guaita, responsable de Comunicaci¨®n de Anpe, uno de los grandes defensores de la medida. Por otro lado, Catalu?a s¨ª lo reconoce en su ley educativa, pero s¨®lo a los directores. Adem¨¢s, la Fiscal¨ªa General del Estado ya dijo en diciembre de 2008 que una agresi¨®n a un profesor -tambi¨¦n a un profesional sanitario- debe considerarse como atentado a una autoridad p¨²blica.

De hecho, Catalu?a no crey¨® necesario extender la medida m¨¢s all¨¢ de los directores porque ya hay jurisprudencia en ese sentido: "Ha habido al menos dos fallos de los tribunales que han considerado a docentes que han sido agredidos autoridad p¨²blica a instancias del fiscal y del Departamento de Educaci¨®n de la Generalitat", dijo un portavoz. Carmen Perona, de los servicios jur¨ªdicos de CC OO, explic¨® que la diferencia es que ley es de obligado cumplimiento, mientras que la fiscal¨ªa da orientaciones y despu¨¦s son los jueces quienes deciden.

Pero, m¨¢s all¨¢ de la ley que plantea Madrid (que no reconoce como autoridad, igual que la fiscal¨ªa, a los docentes de la concertada y la privada) el debate est¨¢ abierto, quiz¨¢ por la preocupaci¨®n de una parte del profesorado porque consideran que, efectivamente, han perdido autoridad ante alumnos y padres.

Esto es lo que creen desde Anpe, que celebran la decisi¨®n madrile?a. Carmen Guaita dijo que se trata de un reconocimiento legal que sirve como espaldarazo de un respaldo social perdido. Eso, a pesar de que reconoce que la medida, pensada para casos excepcionales como son las agresiones a profesores, "en el d¨ªa a d¨ªa de los centros no supone un gran cambio". A CC OO y UGT Madrid, por su parte, la medida en s¨ª misma no les parece mal, aunque recelan. "Simplemente es una cortina de humo" y "absolutamente insuficiente", dijo Francisco Garc¨ªa de CC OO.

Para Pedro Rasc¨®n, presidente de la confederaci¨®n laica de padres Ceapa, la propuesta madrile?a es un "desprop¨®sito total y absoluto" y asegur¨® que la autoridad no se puede fijar por decreto. "Esto me recuerda demasiado a la vara de avellano y el miedo en clase de tiempos pasados que cre¨ªamos superados", dijo Rasc¨®n. Pero las asociaciones Concapa (cat¨®lica) y Cofapa aplaudieron la medida: "Todo lo que se haga para reforzar la autoridad y el respeto hacia los docentes me parece perfecto", dijo Luis Carbonel, presidente de Concapa.

Por otro lado, la portavoz del PP en el Congreso, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, record¨® que el pasado julio su partido ya pidi¨® que los profesores de toda Espa?a fueran autoridad p¨²blica y Jos¨¦ Antonio Alonso, portavoz del PSOE, asegur¨® que elevar a los docentes a rango de autoridad jur¨ªdico-penal es competencia del Estado, y no de una comunidad.